Bruselas endurecerá la lucha contra el CO2 a pesar de su efecto en la inflación con un nuevo paquete de medidas

La próxima semana está señalada en el calendario 'verde' europeo, dado que la Comisión Europea presentará la segunda parte del paquete de medidas contra el cambio climático Fit for 55. La mala noticia para el Gobierno español es que entre las reformas que se pondrán sobre la mesa no figura su reivindicación de revisar el sistema de precios eléctricos como propone la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, aunque sí estudiará más adelante la compra conjunta de gas que reclama España, según explican fuentes de la Comisión Europea.

El pasado verano, Bruselas ya mostró parte de las cartas que va a jugar antes de despedir 2021 en materia energética. Por ejemplo, las fuentes de energía contaminantes con las que se calientan los hogares europeos y con las que conducen los coches 'marrones' se verán penalizadas. Sus distribuidores tendrán que asumir los costes de los derechos de CO2 que ya afectan a la industria y la lógica dice que se trasladarán a los consumidores. De hecho, ese es el objetivo: desincentivar su uso.

Lo mismo ocurrirá con el transporte marítimo (para buques de más de 5.000 toneladas) y con la aviación, puesto que a la hora de repostar con combustibles fósiles dentro del territorio comunitario las empresas tendrán que asumir el coste de los derechos de CO2 (ETF). Se da la circunstancia de que si bien para el transporte por carretera ya se está probando con éxito el uso de baterías eléctricas o del hidrógeno como fuente de energía, en el caso de los aviones y el mar no está claro cuál va a ser la energía verde que pueda sostener esos sectores.

La normativa futura tiene en cuenta medidas para intentar que los buques no se vayan a repostar a países próximos de fuera de la Unión Europea y en el caso del avión, se quiere impulsar el uso de medios de transporte alternativos, como el tren, siempre que sea posible.

Y es que para las autoridades europeas no dar marcha atrás en la transición energética es lo prioritario por encima de otros problemas de carácter económico que, aunque se tienen en cuenta a la hora de legislar, se colocan en un segundo plano frente a los objetivos de descarbonización. 

"El régimen de comercio de derechos de emisión es una política comunitaria que ha funcionado muy bien. Por eso, vamos a reforzarla y extenderla a nuevos sistemas. Lo importante de los ETF es que cumplen con su objetivo: reducir las emisiones de CO2", explican fuentes de la Comisión Europea.

Estas emisiones se redujeron en 2020 un 13% frente al año anterior y otro 9% en 2019 frente a 2018. Si se mira la trayectoria entera de la normativa, desde el año 2005, cuando entró en vigor, la reducción de emisiones alcanza el 43%.

Fiscalidad

El impacto del pago de estos derechos o de las medidas fiscales en las que trabaja Bruselas no es igual para los 27 Estados. El motivo es que cada uno parte de un nivel de impuestos diferente y de un mix energético distinto en este proceso de descarbonización. Esto motivó que las reformas fiscales en materia de energía que quiere impulsar la Comisión Europea no salieran adelante en 2011, cuando se intentó reformar la directiva que ahora se quiere volver a modificar con la vista puesta en que esté vigente al menos hasta el año 2030.

Fuentes comunitarias avanzan que en esta modificación se endurecerá la lucha contra el diésel y la gasolina con subidas de impuestos que afectarán también a los profesionales que trabajan en el transporte por carretera. De hecho, confirman que el diésel acabará siendo más caro que la gasolina en pocos años. Pese a que las autoridades europeas son conscientes del problema que esto puede suscitar para algunos gobiernos, también consideran que este debate quedará zanjado a medio plazo, cuando sea posible que las furgonetas y camiones hagan su trabajo con otro tipo de energías más verdes.

También se eliminarán las exenciones a los combustibles que utilizan el transporte marítimo o la aviación. Mientras, la otra cara de la moneda es que se favorecerán fiscalmente la electricidad y las energías renovables. 

En el punto de la factura de la luz es importante destacar que no se contemplará el uso o no de la energía la nuclear, dado que se ha optado por evitar entrar en el debate de la generación eléctrica por la dificultad de lograr unanimidad entre los 27 gobiernos sobre este tema que a Finalndia o Francia les hubiera gustado incorporar.

Menos gas, más hidrógeno

Por otra parte, la Comisión Europea también va a regular la fiscalidad del hidrógeno. Se penalizará el llamado hidrógeno gris (porque tiene un impacto en las emisiones de CO2), se podría tener en cuenta que el hidrógeno azul (metano) y rosa (nuclear) no son tan dañinos y lo que es seguro es que se favorecerá el hidrógeno verde, lo que supone una buena noticia para España que ha apostado por esta energía renovable.

Todas estas medidas, si se aprueban con consenso, tendrán que trasponerse a la normativa de los Estados y habrá periodos de adaptación que pueden alcanzar una década.

Dentro de esta agenda verde, reducir el consumo de gas -causante, junto con los derechos de CO2, del encarecimiento de la factura de la luz- es otro de los objetivos de la Comisión que preside la alemana Ursula von der Leyen.

Los funcionarios que trabajan en Bruselas tienen presente que los 'verdes' tienen cada vez más presencia en el Parlamento Europeo y el gas no es una energía renovable, aunque sí tendrá un peso importante en la transición para acabar con el uso del carbón. También se quiere poner coto al metano, al tiempo que se impulsará el biometano.

Rehabilitación de viviendas

A nivel particular, la política energética de la UE también va a buscar un cambio de hábitos y una mayor responsabilidad individual frente a las emisiones. El transporte por carretera y las viviendas son responsables del 30% total de las emisiones de la UE.

En este contexto, la próxima semana se presentarán las medidas para rehabilitación de edificios que se va a financiar con el apoyo de los fondos Next Generation EU (NGEU). Habrá medidas drásticas para obligar a los propietarios a mejorar la calificación energética de sus viviendas. Sobre la mesa está forzar que las viviendas que salgan al mercado del alquiler cuenten con una eficiencia energética alta.

Habrá medidas tanto para mejorar el aislamiento de edificios como para reducir su consumo energético en una de las directivas estrella que ya está lista para ser presentada.