Así lo reconoció este miércoles su director general de Estadística, Ángel Gavilán, al presentar sus proyecciones para la economía española. Según sus cálculos, el PIB pasará de crecer un 4,5% en 2022 a un 1,4% en 2023 con un escenario repleto de riesgos.

"No era recomendable revalorizar las pensiones plenas con la inflación", afirmó Gavilán, tras explicar que "todos los agentes de la economía deberían haber sido incluidos en un pacto de rentas para combatir la inflación".

En un contexto de incertidumbre y de alta inflación, la recomendación que ha venido haciendo el Banco de España en todos sus informes era la de focalizar las ayudas en las personas y empresas más vulnerables. 

Su receta era evitar medidas que generalicen las subidas de todas nóminas, incluidas las de las pensiones, para repartir el empobrecimiento y evitar que la inflación se retroalimente, generando una espiral en la que los precios no dejen de subir. 

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De ahí, que la institución que encabeza Pablo Hernández de Cos considere que lo prudente hubiera sido incluir a todos los actores de la economía en un pacto de rentas en el que estuvieran también presentes los agentes sociales.

"Estamos en un contexto de debilidad económica por factores exógenos, es importante que la política fiscal ayude a los hogares más vulnerables, pero esto es compatible con que la política fiscal se focalice", señaló Gavilán.

AIReF y BdE en el Congreso

No obstante, el economista no quiso dar más detalles de cuál es su valoración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Será Hernández de Cos quien se encargue de ello en el Hemiciclo en los próximos días, cuando sus economistas hayan estudiado el Libro amarillo, que se presenta en la Cámara Baja este jueves, en profundidad.

En los últimos tiempos, las comparecencias del gobernador han sido un recordatorio para los políticos de la necesidad de velar más por la sostenibilidad de las cuentas públicas. Algo que comparte con la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, que también valorará en el Congreso los Presupuestos para 2023.

El cuadro 'macro' 

De momento, el cuadro macroeconómico sobre el que se asientan las cuentas públicas para el próximo año no coincide con el del Banco de España, aunque parten de un crecimiento del 4,5% (BdE) y del 4,4% (Ministerio de Economía) en 2022. 

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, defiende un escenario en el que la economía española crecerá el próximo año un 2,1%. Es un dato seis décimas inferior al que presentó en julio cuando el Ejecutivo sacó adelante el techo de gasto para los Presupuestos en los que ha incorporado el "mayor gasto social de la historia".

La vicepresidenta Nadia Calviño, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez ,y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Europa Press

El Banco de España considera que la economía española solo crecerá un 1,4% en 2023, puesto que ya se detecta "una pérdida de dinamismo" en la actividad a pesar de que el turismo ha permitido sostener mejor los números en positivo en el segundo trimestre del año.

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Mientras, la inflación dará algo tregua el próximo año, pero seguirá muy elevada con un incremento de los precios del 5,6%, según el BdE. Es una cifra 3,1 puntos superior a la que había calculado en julio. En cambio, sí confía en que en 2024 los precios se estabilicen en el 1,9%, dato que ya entra dentro del mandato del Banco Central Europeo.

El Gobierno ha estimado que las pensiones subirán un 8,5%. Es un dato optimista para el Banco de España, que calcula que la subida por ley será del 8,7%.

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A falta de conocer el detalle que este jueves se hará público sobre el gasto en pensiones, la revalorización de éstas con el IPC tendrá un coste de entre 12.750 millones y 13.000 millones de euros al año en caso de que la inflación media se quede en la horquilla dibujada por el Gobierno o por el Banco de España. 

Es importante señalar que este gasto se consolida y se queda para el futuro. Es decir, que se hace estructural y si no se compensa con nuevos ingresos puede acabar engordando el déficit estructural.

Funcionarios

A esto habrá que sumar la subida del sueldo de los funcionarios, que también es generalizada e incluye a los empleados públicos con las nóminas más altas.

Afrontar este aumento de gasto, además de suponer un coste para las arcas públicas en un momento de débil crecimiento, es contraproducente para frenar la inflación.

Una inflación que es "importada", es decir, que llega a España procedente de los altos precios a los que se compra la energía al exterior, con lo que este esfuerzo fiscal acaba redundando en terceros países en un momento en el que los españoles están perdiendo poder adquisitivo. 

El Banco de España reconoce que el aumento del poder adquisitivo de los funcionarios hace que aumente la renta disponible de los hogares españoles, lo que se acaba trasladando a la economía. Pero, de momento, no ha ofrecido cálculos con magnitudes sobre este punto.

Negociación colectiva

Por último, el organismo apunta a otro posible efecto secundario peligroso de estas subidas de pensiones y de los funcionarios. Se trata del impacto que pueda tener en la negociación colectiva, ya que es posible que estas decisiones se trasladen a la mesa de negociación de los agentes sociales y sean empleadas por los sindicatos para reclamar más alzas salariales.

Todo esto en un momento en el que los datos del organismo advierten de un impacto muy heterogéneo de la crisis energética en función de los distintos sectores de la economía, lo que hace que no todas las empresas estén en condiciones de asumir más costes laborales.

A la espera de ver cómo reaccionan empresas y sindicatos a este movimiento del Gobierno, lo que parece tener claro el Banco de España es que el esfuerzo para evitar la espiral inflacionista queda en manos del sector privado. Si no se acuerda moderación salarial, crece el riesgo de que se desaten los temidos efectos de segunda ronda.