Así se extrae del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros y que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de los Diputados. El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, rebaja en hasta un 90% el impacto presupuestario de la reforma respecto a la que decayó en enero, pese a que incorpora elementos que elevan el gasto, como es el caso de la sobrecotización de los mayores de 52 años.

Las proyecciones del Ministerio de Trabajo cifran en 300 millones el ahorro anual por cotizaciones, de los cuales 21,15 millones corresponden a cotizaciones por desempleo. Esta cifra se basa en la suposición de que un número significativo de personas encontrará un empleo gracias al CAE. Es decir, se trataría de ingresos extra para el sistema público de previsión social.

"Aquellas personas que adelantarían su vuelta al empleo gracias al complemento de apoyo al empleo generarían mayores ingresos por cotizaciones sociales", reza el texto, que se encuentra ahora en los archivos de la Cámara Baja.

En suma, los desempleados retornarían antes al mercado laboral, lo que incrementaría el número de empleados -y empleadores- que contribuyen a la Seguridad Social a través de las cotizaciones.

Sin embargo, el documento sólo detalla una fracción de esos 300 millones. En concreto, el 7,05%, los poco más de 21 millones de euros en cotizaciones por desempleo. Queda por saber cómo se genera el 93% restante de esa "importante fuente de ahorro fiscal".

La posición de las cuentas de la Seguridad Social ha mejorado tras el último tramo de la reforma de las pensiones, que incluyó nuevos elementos de ingreso. No obstante, hasta abril ya registró un déficit de 27 millones de euros, de manera que esas entradas extra que prevé la reforma del subsidio supondrían otra ayuda.

El presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, este jueves.

Lo cierto es que, más allá del incentivo del CAE por la vuelta al empleo, es determinante a qué trabajo se accede. Es decir, el impacto real en las cotizaciones totales dependerá en gran medida de la cantidad y calidad de los empleos creados.

Las rigideces del mercado laboral español también jugarán un papel determinante en el buen funcionamiento de este instrumento. Las empresas llevan tiempo denunciando que la oferta de empleos no se corresponde con la demanda de los trabajadores en paro, de ahí que avisen del creciente número de vacantes, pese a que la tasa de paro sigue en dos dígitos. No obstante, la estadística oficial no arroja un problema de vacantes.

Incentivos

El complemento de apoyo para el empleo parte de un supuesto por el cual los trabajadores desempleados están más dispuestos a aceptar un nuevo empleo si no pierden la prestación de la que son perceptores. O lo que es lo mismo, reconoce que existe un problema: los desempleados que cobran el subsidio son reacios a aceptar un trabajo.

Lo cierto es que en España ya existen mecanismo en esta línea, si bien se centran en penalizar el rechazo de un empleo. En concreto, el rechazo de trabajos ofrecidos por el SEPE a los desempleados puede suponer desde la pérdida del derecho a cursos de formación hasta dejar de cobra el paro.

Sin embargo, el problema viene de que la intermediación de los servicios públicos de empleo en la firma de nuevos contratos es casi nula. Algo en lo que coinciden sindicatos, patronal y hasta el propio Pedro Sánchez, que lanzó un dardo a su vicepresidenta segunda y ministra de trabajo al asegurar que los servicios de empleo eran la asignatura pendiente del Gobierno.