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Economía

El FMI aboga por asignar al Banco de España plenas competencias regulatorias para autorizar fusiones

En esta área, el BdE solo puede emitir su opinión, ya que la autorización sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Economía. 

17 junio, 2024 12:21

El Banco de España (BdE) debería asumir plenas competencias regulatorias en aquellas materias no armonizadas a nivel europeo "incluida la autorización de fusiones", según defiende el Fondo Monetario Internacional en su último Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) español. 

El repaso de la situación del sector financiero de España recoge de nuevo la recomendación formulada en 2017 por la institución internacional en el contexto de su anterior FSAP.

Este informe advertía de que algunas áreas del Banco de España no tienen el papel prudencial exclusivo, como la autorización de fusiones, que sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Economía. Mientras tanto, el BdE solo está obligado a emitir su opinión.

De esta manera, el FMI destaca en su última evaluación financiera para España, que publicó el pasado 6 de junio, coincidiendo con su informe anual 'Artículo IV', que "no se ha tomado ninguna medida específica" al respecto.

No obstante, la institución con sede en Washington apunta que el proyecto para la implementación de la Directiva CRD VI de la CE está destinado a armonizar este aspecto a nivel de la Unión Europea, en particular las adquisiciones por parte de una entidad de crédito de una participación importante en una entidad financiera o no financiera, la transferencia de activos o pasivos y las fusiones o escisiones.

"Si se aprueba la propuesta, se otorgarían poderes de autorización para fusiones (sin oposición) al supervisor y, por lo tanto, la recomendación del FSAP quedaría reemplazada", subraya el FMI.

Se espera que las nuevas reglas bancarias para la UE se apliquen de manera gradual a partir de 2025, aunque sujeta, en el caso de la nueva directiva, a su pertinente transposición por parte de los legisladores nacionales de los Estados miembros de la UE. Estas nuevas reglas producirse en el plazo establecido cuando se adopta la directiva, generalmente en dos años.