"Habrá que ver en qué se concreta la propuesta (de Gobierno)", señala a EL ESPAÑOL-Invertia Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Pero apunta que lo que buscan los independentistas es un concierto como el de País Vasco o Navarra. Es decir, un cupo, que "claramente no cabe dentro del régimen común".

Desde el Ejecutivo aseguran que no será así e indican que tratarán la "singularidad" catalana dentro de una reforma del sistema de financiación autonómica en su conjunto. Sin embargo, el director ejecutivo de Fedea considera que "es difícil ver cómo se podría encajar cualquier tipo de 'singularidad' sustantiva en el régimen común".

Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE), coincide en el diagnóstico. "Dentro del régimen común no se pueden considerar las especificidades. Tiene que ser una especie de cupo vasco", asegura Gimeno. Así, los expertos indican que tener en cuenta la singularidad catalana lleva a tener un sistema propio.

A mediados de marzo, el Ejecutivo de ERC presentó una propuesta de "financiación singular" según la cual Cataluña recaudaría todos sus tributos y luego aportaría una parte —a determinar— a un "fondo de reequilibrio territorial" a fin de contribuir durante un tiempo con el resto de comunidades autónomas. El Gobierno de España rechazó de plano esa propuesta.

María Jesús Montero, que entre los retos para la legislatura tiene la reforma del sistema de financiación autonómica, aseguró que el Ejecutivo pretende "impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña". Sin embargo, recientemente tanto la vicepresidenta como el propio Sánchez se han abierto a la "singularidad".

¿En qué puede traducirse esto? Todavía es difícil saber el alcance. Este domingo, el presidente del Gobierno señalaba que es algo ya contemplado en el acuerdo entre PSOE y ERC para su investidura. Ese acuerdo propone mejorar la financiación de Cataluña al garantizar su autonomía financiera. También aborda la condonación parcial de la deuda autonómica. Pero no aborda un nuevo modelo de cupo.

Consecuencias

De la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica de España, descuenta que contemplar cualquier singularidad en la financiación derivará en un cupo para la región septentrional. Y eso lleva a una consecuencia directa: el Estado tendrá menos recursos para llevar a cabo sus políticas.

Los hogares de mayor renta, explica el director de Fedea, se concentran en determinadas regiones como Cataluña, y son los que pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios. "Si dejamos que estos territorios ricos se queden con una parte mayor de este excedente, habrá menos recursos para financiar la redistribución", asegura Ángel de la Fuente.

Es decir, España perderá capacidad para garantizar los mismos servicios en todos sus territorios. Esto "perjudicará especialmente a las regiones de menor renta", ya que son las que más se benefician de las políticas redistributivas. Para el director de Fedea, "un sistema así supondría un cambio cualitativo a peor del sistema de financiación y posiblemente de la naturaleza del Estado". De la Fuente señala que, última instancia, la Administración perdería paulatinamente "el control de los recursos tributarios que necesita para ejercer correctamente su función".

Por su parte, Rubén Gimeno considera que la primera consecuencia de una salida de Cataluña del régimen común debería ser la reforma en conjunto del sistema de financiación autonómica. "Vale, un régimen singular a Cataluña, pero dentro de una reforma. Si se va la que más aporta, ¿qué hacen las demás?", apunta.

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En su opinión, esa reforma debe abordar una "armonización mínima" de los tributos para evitar algunas de las "desigualdades" actuales. El fiscalista del CGE considera que no es adecuado que ciertas CCAA bonifiquen al 100% impuestos como el de sucesiones o donaciones. Es decir, dejar a las regiones cierto margen, pero con un "mínimo común" que evite desigualdades.

Cabe recordar que España, en el marco del Plan de Recuperación, se comprometió a guiar toda su acción política en torno a cuatro pilares, entre ellos, el de la cohesión territorial y social. Una reforma del sistema de financiación autonómica que detrajera recursos del sistema en beneficio de un único territorio —perjudicando además a la prestación de servicios públicos— se aleja de ese objetivo.

Meterse en un "enorme" lío

Pero antes de llegar a las consecuencias, está la dificultad de aprobar una reforma crucial en un momento de alta fragmentación política. Para Gimeno, hoy por hoy no es posible acordar un nuevo sistema de financiación autonómico: "Se requiere de un consenso entre muchas CCAA y hoy por hoy es muy difícil llegar a gestionar de manera óptima un nuevo sistema".

La reforma, por tanto, contaría desde un principio con una nutrida oposición.

"Sería muy mala idea. La mayoría que sustenta al Gobierno es frágil y dudo que a todos sus integrantes les haga mucha gracia lo de darle a Cataluña un sistema de concierto o algo parecido", señala Ángel de la Fuente. "Si el Gobierno consiguiera aprobar algo así, se metería en un enorme lío", sentencia.

En cualquier caso, el director de Fedea apunta que la reforma sólo hay que llevarla a cabo si sirve como mejora. "Si va a servir para empeorarlo, mejor dejarlo estar de momento, o poner algún parche que resuelva los problemas más graves. Un fondo transitorio de nivelación para las regiones peor financiadas sería muy necesario", explica.

No es nuevo

El reconocimiento de una "singularidad" de Cataluña para su financiación, sin embargo, no es algo nuevo. Ya lo hizo el Partido Popular en 2012.

"Trabajaremos para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Catalunya, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias", rezaba el programa electoral de los populares para las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012.

Lo que el PP, entonces liderado por Alicia Sánchez-Camacho, proponía era un incremento de los impuestos cedidos en el marco de un "modelo propio con capacidad normativo". Todo "dentro del régimen común", al igual que ahora defienden los socialistas.

En cualquier caso, en los inicios del proceso soberanista, la reforma no se llegó a abordar, pese a que los populares disponían de una abultada mayoría tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.