El Ministerio de Industria y Turismo ha comunicado oficialmente a la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) que ocupará una de las vocalías del Consejo Estatal de la Pyme y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, según ha informado este martes. 

Esta nueva incorporación se produce tras el últimátum del Ministerio de Trabajo a la CEOE el pasado lunes. En concreto, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, exigió a la patronal que presente sus propuestas "por escrito" antes del próximo lunes para continuar con la negociación. Si no, el Ejecutivo tomará una decisión.

Conpymes llegará a sendos observatorios en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal más representativas. Así, se le reconoce una posición similar a la de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa integrada en la CEOE y que forma parte del diálogo social.

La decisión del Ministerio de Industria llega después de que el pasado 30 de abril el Gobierno aprobara, vía real decreto, una modificación de la regulación del Consejo Estatal de la Pyme.

Se justifica la modificación en la composición del Consejo Estatal de la Pyme, por un lado, actualizando el número de vocalías correspondientes a los ministerios para adaptarlo a la actual estructura ministerial y, por otro lado, aumentando el número de vocalías correspondientes a organizaciones empresariales y sindicales, para garantizar una mejor representatividad de las pymes y sus trabajadores en dicho órgano.

Al respecto, el presidente de Conpymes, José María Torres, ha destacado que "estamos ante un hito histórico después de más de 45 años de democracia. Por primera vez se rompe el monopolio de CEOE-CEPYME como únicos interlocutores de las pymes y autónomos de nuestro país, en línea con la Recomendación de la Comisión Europea que insta a la democratización del Diálogo Social". 

Torres ha recordado que "con motivo del recurso interpuesto por Conpymes contra las subvenciones nominativas, el Tribunal Supremo ya empezó a romper el monopolio de la representación empresarial anulando el Real Decreto 1027/2022 que concedía subvenciones directas a la digitalización a CEOE-CEPYME y UGT en diciembre de 2022 por valor de 30,6 millones de euros al considerar que el Gobierno no llevó a cabo la adjudicación por los cauces oportunos al no realizar una convocatoria pública.

Y ha añadido que "el fallo fue contundente al considerar la alta importancia de esta adjudicación por parte del Gobierno al tratarse de dinero procedente de los fondos europeos Next Generation para formación para el empleo y al hacerse eco de un informe del interventor del Ministerio de Educación y Formación Profesional que desaconsejaba la entrega de estas ayudas". 

Por último, el presidente de Conpymes ha remarcado que "el Tribunal Supremo en la sentencia dejó claro que aunque pueda ser notorio que ambas organizaciones empresariales y la organización sindical beneficiarias de la subvención son representativas constituyendo interlocutores sociales, también lo es que no son los únicos interlocutores por lo que la atribución de “posición única” carece de justificación".