La crisis provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado que toda la actividad gubernamental y legislativa quede suspendida y aparcada hasta nuevo aviso. A ello obligan la situación del país y el ‘cierre’ (excepto para la convalidación de reales decretos-ley) del Congreso de los Diputados. Una excepcionalidad que también afecta a los planes tributarios del Ejecutivo.
En cualquier caso, según ha podido saber Invertia, a día de hoy no se descarta ningún escenario. A pesar de que se sostiene la idea de llevar a cabo la reforma fiscal y aprobar nuevos impuestos, esta posibilidad queda en el aire ante la situación de ‘economía de guerra’ que arroja la pandemia.
Las primeras víctimas de los planes fiscales del Gobierno serían las propuestas tributarias ‘no natas’ de un nuevo impuesto al transporte aéreo y otro a los plásticos de un solo uso. Cabe recordar que ambas ideas se encuentran en una fase totalmente embrionaria y que todavía están en periodo de consultas.
Ni siquiera el Consejo de Ministros ha aprobado los correspondientes proyectos de ley para estos eventuales tributos y, dada la situación de crisis, podrían postergarse indefinidamente. Con todo, esta puerta no está cerrada del todo.
Tampoco se cierra del todo la puerta a las iniciativas tributarias que el Consejo de Ministros sí ha aprobado y cuyos anteproyectos de ley están en el Congreso, en la cola de tramitaciones. Se trata de la tasa Tobin (el impuesto a la compra-venta de acciones de empresas españolas) y la polémica tasa Google (el impuesto a determinadas operaciones digitales).
¿Saldrán adelante ambas tasas en 2020, como esperaba el Gobierno? Las fuentes consultadas dentro del Ejecutivo no se mojan. Consideran que, en estos momentos, todo depende del Congreso y de sus tiempos.
Esto dificulta mucho que puedan aprobarse este año. En circunstancias normales, como pronto, podrían haber salido adelante en septiembre o en octubre. Dada la crisis del coronavirus y el cierre de la Cámara Baja, todo parece indicar que habrá que esperar a 2021.
Reforma fiscal
Por lo pronto, el Ejecutivo sostiene que se mantiene la reforma fiscal que el PSOE pactara con Unidas Podemos en el acuerdo de Gobierno de finales de 2019. Sin embargo, no se descartan cambios respecto a lo que se había proyectado.
Cabe recordar que se había planteado crear un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas (del 18% para las entidades financieras y de hidrocarburos), un incremento del IRPF para las clases altas así como una equiparación fiscal del gasóleo con la gasolina, lo que a la postre supondría subir el precio de este carburante.
La crisis del coronavirus pone todo esto en un brete, puesto que se trata de medidas que iban a ir incluidas dentro del proyecto de Presupuestos que ya se estaba negociando para 2020. ¿Se mantendrán en el presupuesto de reconstrucción económica y social que ha prometido Pedro Sánchez para cuando pase crisis sanitaria y España tenga que afrontar la crisis financiera y abordar su recuperación?
A favor y en contra
Hay voces a favor y en contra. Colectivos de economistas y del mundo empresarial han afeado al Gobierno que, ante la situación actual, no se haya optado por un retraso generalizado de los impuestos o incluso por su exoneración en algunos sectores. Además, desde la oposición parlamentaria, particularmente el Partido Popular, reclaman una reducción de impuestos que permita a los sectores privados contar con más liquidez para sobrevivir y de cara a recuperar la actividad cuando pase la crisis.
En este sentido, la única certeza a día de hoy es que, por lo pronto, el Ministerio de Hacienda no se plantea, de ninguna manera, una mora generalizada del pago de impuestos al sector privado.
Por otro lado, hay voces que apoyan un movimiento contrario a la bajada fiscal: un incremento de impuestos para que las arcas públicas se recuperen del desembolso que están suponiendo las medidas en marcha para evitar un derrumbe completo de la actividad productiva por la crisis del coronavirus y el parón económico que supone. Causas, por cierto, que va a menguar, y mucho, la recaudación fiscal prevista para 2020.
En este sentido, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), defiende crear impuestos precisamente para paliar el descenso de ingresos y el incremento del gasto públicos, así como que pide un esfuerzo mayor a las empresas. “Están llegando ahora noticias de donaciones que están haciendo grandes empresas e instituciones deportivas de este país. En este momento de emergencia, bienvenidos sean todos los recursos, pero las donaciones se tienen que convertir en una carga fiscal mucho más equitativa en España”, defiende en la entrevista concedida a Invertia.
De esta manera, el escenario fiscal está totalmente abierto y dependiente de la España que deje la pandemia del Covid-19 y la estrategia de recuperación por la que opte el Gobierno de Pedro Sánchez.