Las previsiones económicas y laborales son catastróficas en 2020 por el impacto del coronavirus. Los pronósticos del Gobierno apuntan a una caída del PIB de entre el 9% y el 10% respecto a 2019, mientras que el paro subirá al 19% de la población activa, cinco puntos más que el año pasado. Sin embargo, todo apunta a que los vaticinios estarían empeorando.
Y es que Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha calculado que para cuando acabe el año el paro podría estar entre el 20% y el 21% de la población activa, pronóstico que comparte con el BBVA Research y dos puntos más elevado en su peor escenario que el cálculo del Ejecutivo.
A pesar de ello, Gutiérrez ha recordado que “el empleo, por primera vez, cae menos que la economía. Se mantiene más y se mantiene mejor, y esto es algo que hay que poner en valor”.
Una oficina de empleo, en Madrid.
Durante su intervención en un webinar organizado por Feacem, Gutiérrez ha alertado de que todo esto no hubiera sido posible sin los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales habilitados por el Covid-19, que están permitiendo que las empresas puedan sobrevivir a la crisis sin tener que despedir. Por ello, ha considerado que “los ERTE han venido para quedarse”.
Con todo, también ha admitido que para el SEPE su gestión está suponiendo “un esfuerzo colosal”. Ha explicado que si en un mes normal el órgano gestiona unas 600.000 prestaciones, en abril tuvo atender cuatro millones de solicitudes. Y ha informado de que “hoy más de cinco millones de personas están recibiendo retas gracias al SEPE”.
Desarrollo tecnológico
Con todo, las urgencias generadas por el coronavirus han obligado al órgano del Ministerio de Trabajo a “un desarrollo tecnológico” que se ha abordado en semanas, cuando se suele tardar meses. Unos cambios tecnológicos que también “han llegado para quedarse”.
Por otro lado, ha recordado los esfuerzos que el Gobierno dedica al empleo para personas con algún tipo de discapacidad. Ha cifrado en 550 millones de euros lo que se dedica a centros especiales de empleo y en 900 millones lo que se deja de ingresar por bonificaciones para potenciar la contratación de personas con discapacidad.