Si bien el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa suprimir la tarifa plana para autónomos y que este colectivo cotice por sus ingresos reales, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se opone a esta idea, al menos hasta que pase la crisis económica.
La entidad ha hecho un estudio en el que analiza los incentivos a la contratación, entre ellos la tarifa plana a autónomos, una medida que cuesta más de 600 millones de euros al año a la Seguridad Social. Aunque la Autoridad considera que es necesario avanzar a hacia un sistema de cotizaciones acorde con los ingresos reales para los trabajadores por cuenta propia, este paso no se debe dar hasta que pase la crisis económica actual.
Así la tarifa plana para autónomos se debe mantener. Eso sí, combinada con un incremento de las inspecciones para contrastar que los beneficiarios cumplen las condiciones para recibirla.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Pasado el actual bache, los futuros incentivos para los autónomos deberían estar basados en un sistema de cotizaciones. Desde la Autoridad admiten que la supervivencia de los autónomos puede ser un problema y hay que incidir en medidas que les ayuden.
En su informe, la AIReF recuerda que la tarifa plana de autónomos se puso en marcha en 2013 y se generalizó en 2014. Fomentó el empleo autónomo entre los jóvenes y permitió que creciera un 17%, así como redujo la probabilidad de darse de baja en un 10%.
Revisión
Por otro lado, y en términos generales, la Autoridad considera que hay que someter a los incentivos a la contratación a una profunda revisión. Alertan de que estas medidas no se pueden emplear como eventuales soluciones para problemas estructurales.
El ente, en el que es ultimo informe de la última tanda del ‘spending review’, analiza los 2.000 millones anuales que se destinan a siete incentivos y extrae, entre sus principales conclusiones, que se debe reducir el número de incentivos (que no su financiación), concentrar sus beneficiarios y homogeneizar requisitos para las empresas. Así se podría aumentar la cuantía de dichos incentivos y hacerlas más atractivas.
Además, al AIReF considera que se deben incentivar más determinadas modalidades, como el contrato de formación y aprendizaje, cuyo empleo es reducido por las empresas.
Un camarero prepara una terraza de un bar en Madrid
En este sentido, y precisamente en el contexto de la crisis económica, el órgano presidido por Cristina Herrero, apuesta por activar nuevos incentivos para la contratación indefinida de jóvenes y que la recuperación de empleo en este colectivo no se base en la temporalidad, como ocurrió en la última crisis.
Con todo, desde la AIReF se defiende que la formación debe formar parte de todas las políticas de incentivos del empleo, sin límite de edad, algo que no ocurre en España pero sí en países de nuestro entorno.
Con todo, el ente insiste en que los incentivos a la contratación no pueden servir para reformar el mercado laboral, y menos tras una crisis. De hecho, en 2018 se suprimieron más de 60 incentivos que se activaron tras la Gran Recesión.
En cuanto al campo de los discapacitados, este colectivo supone el 40% del total del gasto de los incentivos analizados. En este caso, la AIReF alerta de que los incentivos a la contratación promovidos por las regiones no fomentan la contratación de personas con discapacidad.
Con todo, el ente sí considera que hay efectos positivos importantes sobre la probabilidad de mantener el empleo con estos incentivos frente a trabajadores con discapacidad no bonificados.