El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que está desarrollando el Ejecutivo está repleto de interrogantes, entre ellos la política fiscal. Aún no está claro si habrá subidas tributarias en próximas cuentas, aunque si las hay todo parece indicar que no serán abultadas.
En cualquier caso, los economistas desaconsejan que dichas alzas fiscales se apliquen sobre cualquiera de las variables del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Opinan, o más bien alertan, que una medida de este tipo solo servirá para que aumente el fraude fiscal a través de esta figura impositiva.
Así lo indica la encuesta realizada entre 5.000 economistas asesores fiscales por el Consejo General de Economistas. El 80,3% de ellos considera que el aumento de tipos conduce a un incremento de los fraudes fiscales.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich.
Este criterio choca frontalmente con el análisis de los beneficios fiscales que presentó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y en el que recomendaba la subida de los tipos reducidos de IVA por no cumplir con su objetivo redistributivo y favorecer el consumo en clases medias y altas, pero no en las bajas. Eso sí, cuando pase la crisis actual.
Además, el 77% de los economistas especializados en fiscalidad considera que los costes que supone el IVA para las empresas son muy elevados.
En contra de Patrimonio y Sucesiones
Por otro lado, la amplia mayoría de los consultados critican cómo está fiscalizada la riqueza en España. Más del 85% de ellos considera que ni el impuesto sobre el Patrimonio ni el de Sucesiones y Donaciones cumplen con los objetivos para los que fueron diseñados.
Sin embargo, en los planes del Gobierno y del Ministerio de Hacienda no se encuentra suprimir estas figuras. De hecho, su idea es potenciarlas y poner límite a las deducciones y bonificaciones que pueden aplicar sobre ellas comunidades autónomas como Madrid.
Esta sería una de las medidas que se abordarían dentro de la prometida reforma de la financiación autonómica que, en un principio, se tendría que presentar entre octubre y noviembre. Pero la crisis del Covid-19 podría obligar a retrasarla.
Incentivos que no sirven
Los asesores fiscales también se muestran críticos con los incentivos para la inversión en I+D en nuestro país. Consideran inútil la deducción en el impuesto de Sociedades mediante estas inversiones.
Además, cargan contra otra de las medidas que incluye el Gobierno de coalición en su programa fiscal: eliminar la exención del 100% para dividendos de compañías españolas en el extranjero, dejando esta deducción en el 95%. No hay razón para cambiar esta medida, opinan los encuentados. “No facilita las prácticas de elusión fiscal”.
Un trabajador de la Oficina de la Agencia Tributaria.
En términos generales, también se muestran críticos con el sistema tributario. El 43,1% considera que la configuración actual del sistema fiscal es peor que hace cinco años, un 42,7% piensa que está igual y solo un 12,3% que ha mejorado. ¿Las causas? Los cambios continuos de normativa y su deficiente redacción.
Los asesores atacan con dureza el empleo de módulos para el IRPF. Un 77,1% considera que provoca fraude y un 78,1% que se paga menos de lo que se debiera.
Así mismo, aunque valoran la capacidad tecnológica de la Agencia Tributaria y su capacidad de evolución en tiempos de Covid, también opinan que el órgano no se adapta a las necesidades de empresas y contribuyentes.