El Gobierno da por hecho que el crecimiento vertiginoso de los contagios en esta tercera ola del coronavirus provocará cierres económicos masivos en sectores clave de la economía como la hostelería, el ocio nocturno, los gimnasios y las casas de apuestas. Así se desprende del borrador de real decreto de ERTE que los representantes del Ministerio de Trabajo entregaron este jueves a los agentes sociales, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Una de las novedades más destacadas del documento es la inclusión de nuevos sectores en la categoría de "superprotegidos", tal como confirman fuentes de la negociación. El departamento de Yolanda Díaz prevé amparar a 50.000 nuevos trabajadores en siete nuevos sectores. Las "actividades de empresas especialmente afectadas" vienen recogidas en un anexo al final del borrador con sus códigos CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).
El listado, que ya incluía a 40 tipos de actividades en el decreto del pasado 29 de septiembre, añade en esta ocasión el Comercio al pormayor de bebidas, los Restaurantes y puestos de comidas, los Establecimientos de bebidas, las Actividades de juegos de azar y apuestas, y las Actividades de mantenimiento físico. Es decir, la práctica totalidad de las actividades urbanas a las que acuden los ciudadanos en masa cuando no están en casa o en el trabajo: restaurantes, bares de copas, gimnasios, casinos y locales de ocio.
Además, se ha incluido el sector de los camioneros -que consta bajo el epígrafe de Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.-. Esta actividad económica, en un principio, estaba previsto que se cayera de la nueva tanda de ERTE supreprotegidos.
Semana decisiva
La semana que viene será decisiva para la renovación, una vez más, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que recurrió el Ministerio de Trabajo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La ministra Díaz pasa por ser la miembro del Gobierno con mayor capacidad de diálogo y acuerdo, al haber impulsado ya seis pactos en menos de un año en el seno del diálogo social.
Añadir todos estos sectores, además de los de Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales, el Alquiler de medios de navegación y los Cámpings y aparcamientos para caravanas, es una buena muestra de la previsión del Ejecutivo ante lo que se viene encima. La tercera ola de la Covid crece al doble de ritmo que la segunda y España ya ha alcanzado la mayor Incidencia Acumulada de toda la pandemia.
Desde que a finales de enero de 2020 -antes de la Covid-, y con menos de un mes en el cargo, impulsara un acuerdo con UGT, CCOO, CEOE y Cepyme para la segunda gran subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la titular de Trabajo ha tenido que lidiar con las consecuencias más duras que, en lo no sanitario, ha dejado la pandemia: la atención con prestaciones y subsidios de hasta 3,4 millones de personas de golpe en un par de meses, una subida del paro de más de 600.000 personas de febrero a abril -que no ha logrado bajar- y, que todavía haya más de 750.000 personas en ERTE.
Haya o no que recurrir al confinamiento estricto -que, por ahora, descarta el Gobierno-, Trabajo teme que las restricciones al alza que ya están imponiendo las Comunidades Autónomas provoquen nuevas dificultades económicas a los empresarios y autónomos. Precisamente, son los ERTE los que "están sosteniendo la viabilidad de los empleos y de las empresas", recuerdan fuentes del departamento.
Y es este instrumento el que debe renovarse en los próximos 10 días, antes del Consejo de Ministros del 26 de enero, ya que el decreto vigente caduca el día 31 de este mes. Fuentes sindicales confirman que en la semana que entra estudiarán la propuesta de Trabajo para negociarla con los empresarios y los representantes del Ejecutivo.
El borrador de decreto, además, prevé "la prórroga de todos los ERTE sin necesidad de nuevas autorizaciones administrativas". Y un mecanismo automático de cambio entre los ERTE de impedimento y de limitación, de manera que se puede "pasar entre ambos tipos de ERTE sin necesidad de autorización administrativa".
El objetivo de esta medida es doble, según las fuentes. Por un lado, "descargar de costes de gestión y burocráticos" para que baste con una declaración responsable del empleador -empresario o autónomo- en cualquier cambio de situación. Y por otro, descongestionar las oficinas del SEPE, sobresaturadas de trabajo porque cada entrada y salida de un trabajador y cada cambio de modelo de ERTE al que se acoge una empresa supone la apertura de un nuevo expediente.
Qué es ERTE "superprotegido"
Según la definición que hace el borrador del Real decreto, se consideran "superprotegidas" las "empresas especialmente afectadas" por la Covid. Es decir, las pertenecientes a sectores "con una elevada tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad".
Son aquéllas que tengan ERTE prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 y cuya actividad se encuentre en el citado anexo, que desglosa hasta 47 sectores de actividad. Y también aquéllas "cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría", de las anteriores "o que formen parte de la cadena de valor de éstas". Es decir, que "su facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un 50%, en operaciones realizadas" con las empresas directamente superprotegidas.
El listado se elabora, según las fuentes, con los sectores en los que no se haya podido recuperar más del 65% del empleo perdido desde el inicio de la crisis y que además pertenecen a sectores en el que hay una tasa de personas reguladas superior al 15%.
Qué ventajas otorga
La principal ventaja de este tipo de ERTE es que otorga exoneraciones sociales para las empresas hasta el 31 de mayo de 2021, fecha acordada ya por los negociadores para la ampliación del acuerdo de los ERTE. Y éstas son muy generosas, en previsión de la afectación económica que Trabajo prevé en la hostelería, el ocio nocturno y el resto de nuevas actividades incluidas.
Exoneraciones del 85% de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
Y del 75% de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.