Empieza el desguace de la reforma laboral de 2012. El Ministerio de Trabajo ya ha presentado a patronal y sindicatos su propuesta de cambiar el Estatuto de los Trabajadores para poner límite a la subcontratación. Concretamente, el departamento de Yolanda Díaz ha decidido vetar los contratos de obra y servicios para evitar la externalización indiscriminada en las empresas.
Según la propuesta entregada por el Gobierno a los agentes sociales en el Diálogo Social, a la que ha tenido acceso Invertia, se acotaría el uso que pueden hacer las empresas de los contratos de obra y servicio con la siguiente fórmula: "la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa, ya sea de naturaleza civil, mercantil o administrativa, no constituye causa que justifique la celebración de esta modalidad contractual".
De esta manera, se limita una de las principales fórmulas de subcontratación a las que recurrían las empresas españolas. Además, se incluyen nuevas condiciones que las empresas que externalicen sus servicios tienen que respetar.
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el líder de UGT, Pepe Álvarez; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; y el líder de CCOO, Unai Sordo.
De esta manera, "el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, corresponda esta a la actividad propia de la principal o a una distinta".
Por otro lado, la propuesta del Gobierno, que inicia el desguace de la reforma laboral del 2012, también recupera la primacía del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa.
Primacía sectorial
Así, el texto presentado por el Gobierno, indica que el convenio de empresa ya no tendrá prioridad aplicativa respecto a cuestiones como la retribución o la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria.
En estos casos se priorizará el sectorial, igual que en la duración de la jornada laboral. Además, "las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal" se habrán de concretar también "en el ámbito sectorial de referencia, a través de los correspondientes planes de igualdad".
Finalmente, el texto aclara que "el convenio colectivo sectorial garantizará (...) los derechos mínimos de las personas trabajadoras en las materias excluidas de la prioridad aplicativa del convenio de empresa".
Por lo pronto, estas propuestas no han sentado bien en la patronal, que en todo momento ha mostrado su rechazo contra cualquier retoque de las condiciones laborales formuladas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
En cualquier caso, el reloj corre. La modernización del mercado laboral es una de los principales compromisos del Gobierno con la Comisión Europea y la vicepresidenta Díaz ha indicado que se ejecutará antes de que termine 2021.