El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la convalidacion del Real Decreto-Ley 9/2021, más conocido como 'ley rider', que obligará a las plataformas digitales a tener con contrato a sus repartidores. Con todo, se tramitará también como proyecto de ley, por lo que los grupos parlamentarios podrán pactar cambios futuros. 

Con todo, desde la Vicepresidencia de Trabajo y Economía Social aseguran que los contenidos relacionados con el acuerdo logrado en el Diálogo Social con patronal y sindicatos no se tocarán.  

Durante la defensa del RDL, La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha esgrimido este jueves en el Pleno del Congreso, durante su defensa del decreto ley sobre las condiciones laborales de los repartidores,, que "uno no elige si es laboral o si es autónomo", sino que "se dispone lo que hay en las razones laborales".

"A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio", ha aseverado, destacando que esto "supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias".

Díaz ha abordado estas cuestiones durante el debate de la convalidación de la 'Ley Rider' en la Cámara Baja'. Simutáneamente, cientos de repartidores se han concentrado frente al Congreso como protesta a la aprobación de la norma. Cabe recordar que el texto del real decreto-ley se pactó con sindicatos y patronal. 

No optativa

Durante su intervención, la vicepresidenta ha recalcado que una prestación de servicios "será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste", algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina.

También lo han hecho otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado "late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa".

La nueva norma obliga a contratar a los trabajadores de reparto, no sólo a los de plataformas digitales como Glovo o Uber Eeats, como asalariados en un plazo máximo de tres meses, al reconocer la presunción de laboralidad, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

También ha sido avalada la última prórroga de los ERTE y de las ayuda a autónomos, que se pactó hace dos semanas. 

Constitucional

Durante el debate de convalidación, Vox ha utilizado su turno en contra para rechazar la nueva regulación y avanzar un recurso ante el Tribunal Constitucional, por no ver justificada la urgente necesidad necesario para este tipo de iniciativas. Un debate interrumpido en varias ocasiones por el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ante los gritos procedentes de la bancada de Vox durante el turno de la vicepresidenta.

En este intercambio, el portavoz laboral de Vox, Juan José Aizcorbe, ha recordado que la norma ni siquiera ha entrado en vigor según se ha aprobado, al ofrecer tres meses a las empresas de reparto para cumplir lo dispuesto en el decreto y regularizar la situación de sus trabajadores.

Además, ha señalado que la regulación es "un canto de sirena" por no imponer una laboralidad, sino una presunción de la misma, cree por tanto que es una norma "inocua", y que fija "trabas" y "barreras" a los trabajadores. Asimismo, ha puesto en cuestión la representatividad de los agentes sociales a la hora de acordar los cambios.

"Se necesita legislar sobre la figura del autónomo digital, no atacar a los más débiles", ha reivindicado Aizcorbe, reclamando un estatuto especial para estos trabajadores con el que "dotarles de derecho para que nadie pierda el trabajo" y que ese trabajo "sea digno y esté protegido".