La crisis de la Covid ha llevado a la juventud a una extrema precariedad. Prácticamente cuatro de cada diez jóvenes españoles están en paro, y nuestro país es líder en desempleo juvenil. A pesar de esta situación, medidas contra la precariedad como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que solo está disponible para mayores de 23 años, están vetadas para este colectivo, desafiando incluso la Constitución.

Así lo ha denunciado el Consejo de la Juventud de España. Este órgano ha lanzado un informe en el que analiza la norma y concluye que “debe derogarse por ser inconstitucional”. El Consejo se refiere, concretamente, por “ser discriminatoria y contravenir el artículo 14”. Es decir, el que reza: “Todos los españoles son iguales ante la Ley”.

Para el Consejo de la Juventud el Ingreso Mínimo es arbitrario por “la falta de un mínima justificación racional de la diferenciación de trato” para los menores de 23 años.

Interés general

Concretamente, se denuncia que “esta barrera no sirve a ningún fin lícito de interés general, no se corresponde con ninguna otra restricción comparable que pueda inducir a valorar una justificación implícita indirecta”.

Pero las críticas del Consejo no se quedan aquí. Las mismas acusaciones de inconstitucionalidad son lanzadas respecto a los criterios y las exigencias que tienen que cumplir las personas menores de 30 años, más duros que los de las mayores de 30.

En este sentido, el informe insiste en que “la edad no viene contemplada de manera expresa ni en la Constitución Española ni en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como una circunstancia que excluya la discriminación”.

El texto también recoge la llamada de atención que ya hizo el Defensor del Pueblo sobre este aspecto del Ingreso Mínimo, dado que la norma “podía incurrir en una situación de discriminación”.

Propuestas

Así el Consejo de la Juventud lanza una serie de propuestas. Primero, eliminar el veto en el acceso al IMV a los menores de 23 años. Segundo, equiparar las condiciones de acceso a la prestación de los menores de 30 años a los mayores de esta edad.

Finalmente, también se propone que no se cobre a los perceptores del IMV los precios públicos de servicios académicos “postobligatorios”.

Los reproches del Consejo también se destinan a las normas autonómicas. Hace tiempo que las rentas mínimas son denunciadas por este órgano por la discriminación explícita que hacen sobre los jóvenes.