Otoño caliente para la relación entre Gobierno y funcionarios. Como era de esperar, la propuesta de subida salarial esgrimida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, de un 2%, no ha gustado entre los sindicatos, puesto que no cubrirá la devaluación salarial que sufrieron en la crisis anterior. De hecho, podría no cubrir, siquiera, el incremento del coste de vida de este año.
Por ello, los sindicatos de Función Pública han decidido preparar movilizaciones durante los próximos meses, durante los cuales se va a producir la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, que contienen la citada subida salarial. La intención de los trabajadores es forzar a los grupos parlamentarios a aumentar la subida.
"La propuesta del Gobierno de un incremento de 2%, refiriéndose a la previsión de IPC para el 2022 y sin una cláusula de revisión salarial, puede volver a reducir la capacidad de compra de los trabajadores de las Administraciones públicas", explican desde Comisiones Obreras.
En este sentido, insisten en que "con los datos y previsiones actuales, necesitaríamos un incremento salarial por encima del 3,5% en 2022, con cláusula de garantía salarial, para evitar que en 2021 y 2022 volviésemos a la senda de la pérdida de poder de compra".
Además, recuerda que la capacidad de compra de los trabajadores públicos "se ha visto reducida en la última década en más de 10 puntos porcentuales", de los que solo se han recuperado cuatro.
Trámites
Así, el sindicato anuncia "movilizaciones para tratar de modificar las intenciones gubernamentales durante el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2022".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha rechazado la subida salarial. "Hay que tener en cuenta que este año ya se ha producido una desviación importante sobre la subida del 0,9% que se marcó para 2021, que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010", indican.
Además, tanto CSIF como CCOO coinciden en reclamar que se pacte un calendario de subidas salariales para recuperar el susodicho poder adquisitivo perdido en la anterior crisis, algo que sí pactaron con Cristóbal Montoro en el último tramo del Gobierno de Mariano Rajoy.
Con todo, hay más. Se mejora la tasa de reposición, estableciendo un 110% de tasa ordinaria; un 120% para los sectores prioritarios y administración Local con deuda financiera satisfecha y un 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero no es suficiente.
Tanto CCOO como CSIF reclaman su eliminación para que las administraciones puedan reforzar servicios que se han visto "seriamente tensionados". Sobre todo en ámbitos como Educación y Sanidad.