El Gobierno quiere limitar los contratos temporales a tres meses y en función del tamaño de cada empresa

El Gobierno ha planteado, en el marco de la negociación de la reforma laboral, una nueva propuesta para los contratos temporales, la gran 'lacra' del mercado de trabajo español. Concretamente, el Ejecutivo ha propuesto a patronal y sindicatos que el contrato temporal en actividades ocasionales tenga, como máximo, tres meses de duración.

Además, en su propuesta, el Gobierno ha introducido 'topes' de uso para estos contratos temporales en función del tamaño de la empresa, "con un ajuste mayor para el sector de la agricultura".

De esta manera, no se 'prohíbe' la contratación temporal que no tenga que ver con incrementos temporales de la producción o sustituciones pero se ponen límites más estrictos para su uso. Con esta formulación, según fuentes el Diálogo Social, el Gobierno quiere acercar a CEOE a un eventual acuerdo, al menos en materia de temporalidad laboral.

Además, el Gobierno, en la reunión de este miércoles, ha anunciado a los agentes sociales que se hará una nueva propuesta del Mecanismo Red, es decir, de los nuevos ERTE. Que, por cierto, mantendrán la suspensión del despido para acceder a ellos, como ya contó este medio. 

Según ha explicado UGT a los medios de comunicación, en la reunión celebrada este miércoles en el Ministerio de Trabajo, los representantes del Gobierno han conservado algunas de las medidas que se trataron con las agentes sociales, como la derogación de determinados aspectos de la reforma laboral, pero también han presentado algunos cambios. 

Contratos formativos

Por ejemplo, en los contratos formativos. Tendrán una duración entre tres meses y dos años para los de alternancia y de seis meses a un año para los contratos de adquisición de práctica profesional. Además, se unifica el periodo de prueba a sólo un mes.

Por otro lado, el Ejecutivo mantiene su apuesta por los contratos fijos discontinuos "para introducir los trabajos de temporada en la contratación indefinida". Además, se apuesta por un contrato específico e indefinido para el sector de la construcción.

Además, según ha podido saber este medio, se mantiene inalterado el veto de la contratación por obra o servicio a las empresas para limitar las subcontrataciones injustificadas.