El Congreso, en colaboración con el Gobierno, sigue trabajando en cerrar el proyecto de ley de interinos, con el que se pretende solventar la situación de cientos de miles de plazas que hoy están ocupadas de forma irregular por trabajadores temporales desde hace años. 

Se trata de una de las medidas que se encuentran dentro de los compromisos del Gobierno de España con la Comisión Europea para recibir los fondos 'Next Gen'. Sin embargo, hay muchas dudas sobre la solución que está cerrando el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige María Jesús Montero, con los partidos del Congreso para dar respuesta a las sentencias de la justicia europea y el Tribunal Supremo. 

¿Qué indican dichos dictámenes? Básicamente, que las Administraciones Públicas deberían haber hecho fijos a todos los funcionarios interinos que ocupen una plaza de forma ininterrumpida durante más de tres años. 

Por lo pronto, la idea pactada entre el Ministerio de Hacienda y los partidos del Congreso está lejos de cumplir, de forma absoluta, este dictamen. En un principio, solo los interinos que ocupen su plaza desde antes de 2016 de forma ininterrumpida podrán acceder o quedarse su plaza con 'solo' un concurso de méritos. Es decir, que no tendrán que hacer oposición. 

En cambio, todos aquellos que sean interinos desde 2016 no disfrutarán de esta ventaja. Ellos sí tendrán que afrontar una oposición. Con todo, tendrán una valoración en la fase de concurso de un 40% de la puntuación total, y en ella se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorio el examen que se haga en la oposición. 

Oferta pública

Cabe recordar que, en ambos casos, los procesos de oferta pública de empleo podrán ser negociados cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. 

Eso sí, a pesar de ellos, todas las ofertas públicas de empleo tienen que haberse convocado antes de que acabe 2022 y desarrollado y resuelto de forma completa antes de que acabe 2024.

¿Excepción? 

Los interinos del sector sanitario y del de la enseñanza serán las excepciones a estos plazos temporales. Según indican fuentes del Ministerio de Hacienda, todas estas reglas se les aplicarán, pero un año más tarde y con una normativa propia.

Esto, igualmente, ha generado una riada de dudas entre los colectivos de interinos y entre los especialistas en derecho laboral, como ya ha contado este periódico, que exigen que el texto aclare cualquier tipo de duda respecto a su aplicación. 

En cualquier caso, estas mismas fuentes ponen en duda la constitucionalidad del futuro proyecto de ley, puesto que limita la libre concurrencia al generar unas condiciones diferenciales para los interinos en las ofertas públicas de empleo. 

Al mismo tiempo, se espera que con la actual redacción se dispare la litigiosidad por parte de los interinos afectados que llevan en su plaza durante menos de cinco años (pero más de tres) de forma ininterrumpida y tendrán que someterse a una prueba de oposición. 

Judicialización

En cualquier caso, el proyecto de ley y su texto no están cerrados aún y no se descartan nuevos cambios. 

Esta semana, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, defendió en el Congreso que "se ha hecho un trabajo por parte de los grupos políticos que han querido acordar el proyecto de ley de estudio de la jurisprudencia de las sentencias del Tribunal Constitucional para evitar la judicialización".

Esto no significa, según matizó, que esto esté garantizado al 100%, porque hay grupos que lo van a llevar ante los tribunales. No obstante, recalcó que se ha hecho un trabajo muy serio y se ha profundizado mucho respecto a las medidas y las situaciones excepcionales.

La ministra recordó que el proyecto de ley que entró al Congreso había sido acordado con las organizaciones sindicales y hablado con las comunidades autónomas. Ahora, con todo lo que salga del debate y, tras las modificaciones que se están introduciendo, el Gobierno volverá a reunirse con las autonomías, aunque respetando que la Cámara es soberana, según remarcó Montero.