Esta disposición está plenamente en vigor. A día de hoy, las oficinas vinculadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tendrán que priorizar la búsqueda de empleo de aquellas personas que declaren pertenecer al colectivo LGTBI. Y lo harán basándose en la "buena voluntad" de las personas que declaren ser parte del colectivo.

La clave aquí es que ningún documento público puede incluir la orientación sexual de un ciudadano, dado que es información privada y de la esfera íntima de cada individuo. 

[En 2023 aumentará el subsidio para amas de casa: cuantía, requisitos y cómo solicitarlo]

Por ello, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el SEPE y sus oficinas de empleo confiarán en la "buena voluntad" de las personas que declaren ser LGTBI para acceder a unas mejores condiciones y servicios en la búsqueda del empleo.  

Cabe recordar que la priorización de los colectivos LGTBI viene a abordar el importante problema laboral que sufre este colectivo. Según una encuesta de UGT, el 90% de las personas LGTBI ha considerado un inconveniente su orientación sexual a la hora de encontrar empleo.

Concretamente, más del 75% de los consultados reconoce haber visto algún tipo de agresión verbal a personas LGTBI. La situación es especialmente preocupante entre las personas trans: el 80% de este colectivo está en el paro.

Precisamente, el colectivo trans está explicitado en la Ley de Empleo para ser considerado como uno de los colectivos vulnerables de atención prioritaria en políticas laborales.

[El Tribunal de Cuentas propone que las prestaciones por desempleo se carguen a la Seguridad Social y no al SEPE]

¿Esto qué significa? Según el proyecto, que habrá que diseñar "itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria".

Dentro de estos colectivos, también están incluidas las "personas jóvenes especialmente con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas con capacidad intelectual límite, personas mayores de 45 años, personas migrantes" y personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional, en los términos establecidos en la normativa específica aplicable.

También se encuentra entre la población prioritaria las "mujeres con baja cualificación, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión social, personas gitanas o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos".

Otros ciudadanos a priorizar también son "personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, personas afectadas por drogodependencias y otras adicciones, así como personas cuya guardia y tutela sea o haya sido asumida por las Administraciones Públicas".

ERE

Sin embargo, no es el único cambio importante que incluye la Ley de Empleo y que ya está en vigor. Desde el pasado miércoles, la tramitación de los despidos colectivos ha sufrido un importante cambio: la autoridad legal tomará la decisión de si se ajustan a la Ley previa consulta de un informe que tendrá que hacer la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social. 

Es decir, que los expedientes de regulación de empleo (ERE) tendrán que pasar por una suerte de aval de la Inspección. Esta medida se introdujo en la Ley de Empleo a través de una enmienda de EH-Bildu y generó un cisma entre el Gobierno y la CEOE. 

Ante un ERE, la Inspección de Trabajo tendrá que emitir un informe "preceptivo". En él, "además de comprobar los extremos de la comunicación y el desarrollo del periodo de consultas, se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial, y constatará que la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta alegada para despedir", reza la ley.

La patronal consideró este cambio una "traición" por parte del Ejecutivo y acusó a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, de haber dejado de ser una interlocutora "fiable". 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Europa Press

De hecho, los empresarios confiaban en que el PSOE revirtiera el cambio durante la fase de aprobación en el Senado. Y amenazaban con romper toda negociación con el Gobierno si no se llevaba a cabo este cambio. 

Sin embargo, la Ley de Empleo se ha tramitado, aprobado y ya está en vigor. Y la CEOE no sólo no ha roto puentes con el Gobierno, sino que ha cerrado un acuerdo social reciente (la Estrategia de Salud en el Trabajo) y se mantiene en las numerosas mesas de negociación del Diálogo Social. Por ejemplo: esta misma semana se retoma la del estatuto del becario, cuyo desarrollo se lleva dilatando desde hace un año.