Tres años y medio más tarde los cambios legislativos están hechos, pero no convencen demasiado. Finalmente, la revolución que prometía Escrivá para salvar la Seguridad Social se ha quedado en un incremento de cotizaciones (y también de prestaciones) en el que pocos confían. 

Eso no implica que la consecución de la reforma de las pensiones no haya sido una obra faraónica. Si se quisiera hacer una serie al respecto, tendría no menos de dos temporadas, con algunos capítulos especiales de por medio.

La primera parte de la reforma es la que incluyó una de las medidas más promocionadas por el Gobierno. En esta fase inicial se incluía la indexación de las pensiones con el IPC, de manera que, por ley, estas prestaciones tienen que subir cada año en la misma medida que la inflación. 

Al mismo tiempo, y como parte de esta 'pata' de la reforma, se abordaron otros cambios como retocar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y los incentivos en la jubilación demorada para retrasar la edad efectiva de jubilación hasta la edad legal de retiro, que en 2027 estará en los 67 años. 

Este retraso se considera esencial para que el sistema de pensiones pueda soportar el gran desafío que ya está comenzando a afrontar: el pago de las cuantiosas y numerosas jubilaciones de la generación del Baby boom. 

Para estas medidas se logró un acuerdo en el Diálogo Social con CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. Sin embargo, la fase I de la reforma fue la parte más sencilla de la negociación. Ha sido la segunda pata la que más quebraderos de cabeza le ha dado a Escrivá y al Gobierno. 

(I-D) El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, posan durante una reunión en la sede ministerial, a 15 de marzo de 2023, en Madrid (España) Isabel Infantes Europa Press

Se trata de los cambios que tienen como objetivo lograr la suficiencia financiera del sistema público de pensiones y que la Seguridad Social no quiebre por la presión de un gasto no hace más que crecer. 

En un principio, este objetivo se iba a lograr por dos vías (tal y como se prometió a Bruselas): elevando las cotizaciones (y por tanto los ingresos de la Seguridad Social) y aumentando el periodo de cómputo de la pensión (se barajó pasar de 25 a 30 años), una medida que llevaría a la reducción de la prestación. Además, dentro de esta fase se incluyó poner fin a las lagunas de cotización que sufren algunos colectivos. 

Sin embargo, estas medidas sí se encontraron un fuerte rechazo por parte de sindicatos y patronal. También incluso dentro del Gobierno, en donde se instaló un batalla interna entre el PSOE y Unidas Podemos para que la ampliación del periodo de cómputo no se ejecutara. 

Finalmente, con el fin de concertar apoyos, el Gobierno decidió reformular su propuesta. Se ampliará el sistema de cómputo pero progresivamente y de forma que los trabajadores que se jubilen puedan elegir el sistema que más le beneficie: el periodo actual de 25 años para calcular la pensión o 29 años menos los 24 meses de peor cotización. 

De esta manera, el refuerzo financiero de la Seguridad Social depende del aumento de las cotizaciones, que se hace mediante tres fórmulas: destopar las bases de cotización máxima con un porcentaje adicional (que no se verá reflejado en la pensión), elevar y aumentar la vigencia del mecanismo de equidad intergeneracional (un recargo en las cotizaciones) y crear una cuota de solidaridad destinada a tasar la parte de los salarios que no queda cubierta por las bases de cotización máximas. De esta manera, la mayor parte de la mejora de ingresos quedará cubierta por las empresas. 

Este conjunto normativo fue rechazado por la CEOE pero no por los sindicatos, que sí llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo. En paralelo, Escrivá negoció y convenció a Bruselas de que, con su plan, el sistema público de pensiones es sostenible. 

El despliegue de estas medidas debería permitir ingresos extra por valor de un 1,7% de PIB para 2040, que es cuando más apretarán las pensiones del baby boom. Con ellas (más otras como que el Ministerio de Hacienda abone los gastos impropios de la Seguridad Social), el Gobierno cuenta con hacer sostenible el sistema de pensiones así como los incrementos de las pensiones mínimas y no contributivas, que se han introducido con el cambio legislativo.

De hecho, en los últimos años la buena salud del empleo, con cifras de ocupados de récord, ha permitido que los ingresos por cotizaciones alcancen techos históricos. Sin embargo, ello no ha impedido que el déficit de la Seguridad Social supere ya los 100.000 millones de euros. Otro récord histórico, pero negativo. 

Sin embargo, la reforma no ha convencido ni a los entes de vigilancia ni a las casas de análisis. La AIReF, excasa de Escrivá y hoy dirigida por Cristina Herrero, no se cree las cifras del Gobierno y avisa de que la reforma contribuirá a disparar los números rojos, es decir, el déficit de España. 

Concretamente, estima que las medidas de gasto aprobadas en la reforma (principalmente la indexación de la subida de las pensiones con el IPC) elevarán anualmente un 2,4% del PIB la partida destinada a pensiones. 

En cambio, la suma de las medidas recientemente aprobadas para aumentar los ingresos a través de cotizaciones sólo sumarán en ingresos un 1,3 del PIB (muy por debajo del 1,7% previsto por el Gobierno).

Esto deja un saldo, alerta la AIReF, de un incremento del déficit de 1,1 puntos de PIB. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) comparte esta preocupación.

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Este think tank (que ha sido especialmente crítico con la reforma) sostiene en sus informes que “aumentará mucho más el gasto que los ingresos por cotizaciones”. Ello exigirá "cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades", según un análisis de su director ejecutivo, Ángel de la Fuente. 

De hecho, Fedea calcula que en torno a 2050 se tendrían que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos del PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF, que en 2019 fue del 7,56% del PIB.

El Banco de España también pone la luz de alarma. Según sus previsiones, el Gobierno (independientemente de quién se siente en la Moncloa) tendrá que comenzar a hacer ajustes en el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad en 2025. 

BBVA Research también muestra su contrariedad. El responsable de Análisis Económico, Rafael Doménech, alerta de que la reforma hace "descansar" todo el ajuste del sistema de pensiones a largo plazo en un aumento de las cotizaciones sociales. "Supone aumentar los impuestos sobre el trabajo y esto tiene efectos negativos sobre el empleo y la inversión de las empresas". 

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De hecho, la propia AIReF ha alertado de que las subidas de las cotizaciones provocarán la destrucción de, como mínimo, 33.000 empleos en sus primeros tres años.  

De hecho, las polémicas alrededor de la reforma de las pensiones han hecho que se haya puesto menos el foco en otras medidas como los nuevos fondos públicos de pensiones, que hoy se están ultimando. 

Sin embargo, gusten más o menos, las medidas han encontrado el beneplácito de la Comisión Europea. Si hay cambio de Gobierno y se quiere derogar o cambiar la reforma, el nuevo inquilino de Moncloa tendrá que negociar con Bruselas. Y tampoco parece que Alberto Núñez Feijóo, principal opositor para el cargo, tenga un plan muy concreto para las pensiones.

Las respuestas a estos interrogantes se conocerán tras las elecciones del 23 de julio. Será entonces cuando sabremos si la revolución de Escrivá tendrá recorrido o no.