Pedro Sánchez dispara el empleo público: ha convocado 223.000 plazas, el triple que Mariano Rajoy

Los primeros años de la Administración popular, marcados por la crisis económica y la elevada deuda pública, destacan por el reducido número de plazas convocadas. En 2012, el primer año de Rajoy en La Moncloa, no alcanzaron ni las 3.000. Aunque ligeramente por encima, los siguientes dos años no fueron mucho mejores.

No fue hasta 2015 cuando las ofertas de empleo público empezaron a remontar, creciendo año a año, hasta los 20.911 de 2017, situando el total de plazas entre ese año y 2012 en 63.394. La oferta del año siguiente, con unas 2.000 plazas más, siguió esa tendencia, aunque ya con los socialistas en el Gobierno, una vez Pedro Sánchez salió victorioso de la moción de censura.

El salto, no obstante, se produjo en 2019, con una convocatoria de empleo público de 28.156 plazas. El objetivo entonces ya era paliar la pérdida de efectivos de la Gran Recesión, cuando las bajas (principalmente, por jubilaciones), superaron las altas. Desde entonces, el mantra del Gobierno ha sido el de recuperar el número de empleados públicos de antes de la crisis financiera.

Así, entre 2018 y 2024, el promedio anual de plazas convocadas es de 31.941, casi el triple que con Rajoy (10.566). No obstante, y según los cálculos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la creación de empleo neto no se alcanzó hasta el bienio 2021-2022, cuando se registraron 9.242 bajas y 9.682 altas, con un balance positivo de 440 trabajadores.

Desde entonces, la creación neta de empleo en la Administración no ha hecho sino crecer. En 2023 fue de 1.988 y la prevista para el presente curso, de 5.000.

"Con esto, triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantillas respecto a lo que ocurrió entre el periodo 2012 y 2017", ha celebrado José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, tras anunciar la aprobación de la nueva OEP.

Tasa de reposición

Detrás de todas las cifras se ocultan los vaivenes de la tasa de reposición, que determina cómo se solventa el problema de las bajas por jubilación. Con el estallido de la crisis financiera en 2008, esta se comenzó a limitar para controlar el gasto público, aunque siguió vigente.

Sin embargo, Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno con el objetivo de reducir el gasto público. Así, en 2012, redujo la tasa de reposición al 10% en muchos sectores y en otros, como la Administración General del Estado (AGE), al 0%. Es decir, sólo se podía reemplazar una de cada diez bajas o, incluso, ninguna.

Pasados los años más marcados por la austeridad, en 2014 el Gobierno decidió abrir la mano al elevar la tasa de reposición al 50% en sectores prioritarios como sanidad, educación, lucha contra el fraude y fuerzas de seguridad. En los dos años siguientes, la tasa llegó al 100% para este último sector. Y en 2017, volvió al 100% para el conjunto de sectores prioritarios.

La normalización llegó en 2019, ya con los socialistas en el Gobierno, cuando se estableció una tasa de reposición del 100% para todos los sectores y del 115% para sectores prioritarios, permitiendo así un incremento en las plantillas. Desde entonces, todas las ofertas de empleo público han operado según esa tasa de reposición.

Con todo, la intención de José Luis Escrivá es que la de este 2024 haya sido la última. Tal y como se comprometió España en el marco del Plan de Recuperación, la gestión de los recursos humanos públicos ahora tendrá que ir por otro camino.

"Este año de transición hemos tenido que funcionar con instrumentos no suficientemente flexibles (la tasa de reposición) que nos empujan a un foco excesivamente en el corto plazo y a una estructura de recursos humanos que todavía tiene demasiada inercia y que, por tanto, no abunda en lo que debe ser el elemento central del nuevo modelo que es poner el centro a los trabajadores públicos", ha apuntado el ministro este martes.

No obstante, Escrivá ha asegurado que durante este año se están desarrollando todas las herramientas para que en 2025 se consiga una oferta de empleo público que también será "muy grande" pero, además, flexible.