Fachada del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Europa Press
La Inspección de Trabajo, a la caza de las horas extras: reclama más medios ante los futuros cambios en el registro
En el cuarto trimestre de 2023, cada semana se dejaron sin pagar casi 2,5 millones de horas extraordinarias.
29 enero, 2024 02:21Las negociaciones sobre la reducción de jornada han arrancado con algunos puntos compartidos, al menos entre el Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT. El Gobierno y los sindicatos coinciden en la urgencia de reforzar el registro horario. El análisis es el mismo en la Inspección de Trabajo y, por eso, reclaman más medios humanos y técnicos.
La normativa del registro horario entró en vigor en 2019. Desde entonces y hasta la fecha -con una pandemia de por medio-, "el mercado de trabajo ha cambiado" y la ley no recoge cuestiones como "el teletrabajo o la desconexión digital", como advirtió esta semana la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras la primera reunión para abordar la jornada laboral de 38,5 horas.
Los sindicatos encuentran fallos en las formas de registrar, que están resultando "ineficaces y muchas veces adulterados en la práctica dentro de las empresas", como evidenció el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. También abogó por utilizar la inteligencia artificial para evitar la autodeclaracion de las horas laborales.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la primera mesa de diálogo para la reducción de jornada. Ministerio de Trabajo y Economía Social
En la Inspección de Trabajo, constatan que la ley de 2019 tuvo buena intención, pero, en la práctica, el control horario sigue siendo complicado. La portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), María José Díaz, explica que la normativa "vino a solucionar una duda interpretativa" del Estatuto de los Trabajadores y que, en su momento, "fue una buena reforma porque era necesario registrar las horas".
Sin embargo, unos hacen la ley y "los demás buscan la trampa", comenta a EL ESPAÑOL-Invertia. "Esta ley obligaba al registro, pero no con una modalidad específica. Se podía utilizar cualquier soporte o medio (papel, telemático...), siempre que fuera fiable y que no se pudiera modificar", detalla.
Ahí es donde está la trampa. "Los sistemas que se utilizan son modificables y no son fiables", reconoce la portavoz de UPIT. Los ejemplos son numerosos, sobre todo cuando el registro es en papel, con todos los documentos firmados el día que llega la Inspección.
El responsable de CSIF en la Inspección de Trabajo, Miguel Ángel Montero, comparte experiencias similares a las de Díaz. "Un papel, un excel, una cuartilla donde los trabajadores ponen lo que quieren, rellenan el mes entero cuando estamos a día 15 o no han registrado nada", enumera en una conversación con este periódico.
Falta de personal
"Con el sistema actual, es muy difícil llevar a cabo un registro", concluye Montero. Pero no sólo es el sistema, sino también la escasez de efectivos.
El control del registro horario "es competencia exclusiva de los inspectores", como recuerda Díaz. La portavoz de UPIT estima que la Inspección de Trabajo cuenta con unos 1.000 inspectores, de los que hay que descontar los puestos de jefaturas.
"¿Con 1.000 efectivos en la calle podemos controlar la jornada de unos 20 millones, quitando autónomos? Creo que la respuesta es fácil", zanja.
En CSIF también admiten que la Inspección de Trabajo cuenta con unos recursos humanos "muy escasos". Montero reclama "mucho más presupuesto y una estructura profesional, avanzada y moderna del sistema de Inspección".
"El inspector está para asuntos más complicados, donde tiene que descubrir fraudes y deudas. Luego el personal de estructura está para plasmarlos en una base de datos", agrega.
Tanto Montero como Díaz echan en falta personal, desde inspectores, pasando por subinspectores, hasta administrativos. Aunque desde el Ministerio de Trabajo defienden que se ha duplicado el presupuesto y que se han ofertado 600 plazas para los próximos años, los sindicatos de la Inspección consideran que es insuficiente.
El delegado del CSIF, Miguel Ángel Montero, en una imagen de archivo. Europa Press
"Se incorpora gente nueva, pero hay gente que se jubila y gente que se muere. Lo importante es saber el saldo neto", exige el representante de CSIF.
En cuanto a la incorporación de las nuevas promociones, Díaz asegura que hay "una promoción con 53 inspectores sin destino". A eso se suma otro problema que es el de las vacantes que no se cubren porque los opositores no pasan los exámenes. Además, en este cuerpo, "el número de opositores es relativamente inferior al de otros", apunta la portavoz de UPIT.
Fraude para todos
Los datos de horas extra de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan que el registro horario no ha supuesto un cambio sustancial en la estadística. En el cuarto trimestre de 2023, se contabilizaron 6,341 millones de horas extra a la semana.
Si bien supone un descenso del 6,52% respecto al cuarto trimestre de 2022, la cifra de la última EPA supera en un 5,6% al número de horas extras semanales registrado entre octubre y diciembre de 2019. El único avance, aunque leve, es la caída de las horas extra no remuneradas.
En el cuartro trimestre de 2023, el 60% de las horas realizadas fuera de horario estuvieron remuneradas, pero el 40% se realizaron sin que el trabajador cobrara por ese tiempo de más. En el mismo periodo de 2019, esa proporción era de 58% remuneradas y 42% sin remunerar.
En total, en el cuarto trimestre, cada semana quedaron sin abonar 2.478.800 horas extra. La portavoz de UPIT insiste en que dejar horas sin pagar "supone un fraude tanto al trabajador como a la Seguridad Social".
"Si no pago al trabajador todas las horas que trabaja, le estoy robando. Le estoy robando su tiempo de trabajo y si el precio es tanto, yo no puedo pagar menos. Además, se está robando a la Seguridad Social y se nos está robando a todos", denuncia Díaz.
La portavoz de UPIT aboga por impulsar campañas de concienciación de la necesidad del registro horario tanto a las empresas como a los trabajadores, incluir auditorías y, por supuesto, incrementar las sanciones. Las cuantías van hasta los 7.500 euros, pero "no son proporcionales" a la plantilla de la empresa.
