Hace unos días, el Alto Tribunal informó de la suspensión de la reforma ejecutada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años para incrementar sus ingresos fiscales a través de las grandes empresas.

Para ello se topó la compensación de bases imponibles negativas, se limitaron las deducciones por doble imposición y se obligó a integrar en la base del impuesto los deterioros de valor de sus participaciones fiscalmente deducibles por quintas partes en cinco años. Todo limitaciones para empresas que facturaran a partir de 20 millones de euros anuales. 

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros en 2013. Europa Press

Ahora estas limitaciones son consideradas contrarias a la Constitución por la fórmula utilizada para aprobarlas, el real decreto-ley. En este caso, el RDL 3/2016. 

En la propia sentencia, el Constitucional limita las consecuencias de su decisión. Sólo podrán exigir compensaciones las empresas que hubieran abierto procesos de reclamación contra el pago del Impuesto de Sociedades de todos los años desde que se aprobó el RDL citado. 

[Hacienda prevé un impacto importante de la sentencia del Constitucional sobre el Impuesto de Sociedades]

Fuentes de varias empresas del Ibex confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que, año tras año, han presentado ante la Agencia Tributaria las correspondientes reclamaciones por no poder aplicar las deducciones que les hubieran correspondido.

Por ello, dichas voces esperan devoluciones de varios millones de euros, correspondientes a las deducciones que se tendrían que haber podido aplicar desde 2016. 

Recaudación 

Con su medida, Montoro esperaba una mejora de la recaudación de 4.300 millones de euros anuales. Con todo, en realidad, el aumento en Sociedades por estos cambios se quedó en 2016 en 1.000 millones de euros, según los datos anuales de la Agencia Tributaria. En 2017, el órgano apunta a una mejora recaudatoria de unos 1.283 millones anuales. 

Con estos datos, fuentes tributarias indican que es factible extrapolar que los ingresos extra obtenidos por la reforma de Cristóbal Montoro desde que esta se aprobó podrían alcanzar los 7.000 millones de euros. 

Con todo, estas mismas fuentes opinan que la cantidad a devolver por Hacienda será inferior. Calculan que no todas las empresas afectadas interpusieron anualmente las correspondientes reclamaciones.

Pero, al mismo tiempo, admiten que no hay que descartar ningún escenario: fue la recomendación legal que de forma generalizada hicieron los bufetes de abogados a sus clientes.

Impacto importante

Esto no quiere decir que el impacto presupuestario en las arcas públicas no vaya a ser importante, como ya han admitido desde el departamento que dirige María Jesús Montero. Además, a la devolución por el cobro de impuestos indebidos habrá que sumar los correspondientes intereses. 

¿Qué pasos dará el Ministerio de Hacienda? El departamento no ha enseñado todavía sus cartas. Desde el ámbito legal y las empresas beneficiadas por la sentencia, no descartan que se pueda sacar un conejo legal de la chistera. Aunque todo parece indicar que tendrá que pagar por los pecados de Montoro de forma íntegra.

Pero el mayor impacto llegará por el recién terminado 2023, que las empresas todavía no han pagado. ¿Por qué? El Gobierno puede retomar las medidas anuladas por el Constitucional aprobándolos con un proyecto de ley común o incluso a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, esto sólo valdrá para el presente 2024 y años posteriores.

El problema es que 2023 es un año ya cerrado y Hacienda no podrá aplicar solución alguna. Todas las empresas que lo deseen pueden aplicarse las deducciones de Montoro. Aquí, el haber interpuesto o no una reclamación no tiene nada que ver. 

La vicepresidenta primera del Gobierno ya ha expresado su malestar por esta herencia fiscal que le ha dejado su antecesor. 

"La enésima sentencia del Tribunal Constitucional que anula una medida fiscal aprobada por el anterior Gobierno del PP. Una mala gestión que terminaremos pagando todos los contribuyentes", dijo Montero la semana pasada en su perfil de X. El interrogante que sigue en el aire es cuál será la factura final.