Los últimos datos de contratación son claros: en mayo, de los 1.306.436 contratos iniciales firmados, sólo 23.849 estuvieron vinculados a las políticas activas de empleo. O lo que es lo mismo, únicamente el 1,8% del total de colocaciones se deben a una oferta de los servicios públicos de empleo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma esta realidad y permite observar que se mantiene invariable desde hace años. En 2023 —último dato disponible—, sólo el 1,9% de los asalariados consiguieron su trabajo por la participación de una oficina de empleo pública. El porcentaje, aunque persistentemente bajo, mostraba mejores resultados a finales de la década de los 2000.

"No es un mecanismo del todo adecuado medir la labor de los servicios de empleo a través de la tasa de intermediación", defendía a principios de mes Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. Desde el Ministerio de Yolanda Díaz consideran que los servicios de empleo acaban generando contrataciones aunque no medien en la firma.

Es decir, que el conjunto de las políticas activas de empleo —desde el acompañamiento de los trabajadores en paro hasta el asesoramiento o los cursos de formación— impulsan la firma de nuevos contratos, aunque esta se produzca al margen de las oficinas del SEPE.

Caso parecido puede decirse de las políticas pasivas, es decir, la prestación contributiva por desempleo y el subsidio. La reciente reforma profundiza en este aspecto, ya que el Gobierno considera que la compatibilidad de dichos pagos con el empleo, así como la senda decreciente del subsidio, fomentarán el retorno de los desempleados a la vida laboral.

"Las actuaciones del SEPE no son siempre pura intermediación. La tasa de empleabilidad se incrementa exponencialmente, aunque no participen en decisión final de firma de contrato, que siempre se produce a través de otras vías", sentenció Pérez Rey.

Ley de Empleo

De cualquier manera, el Ejecutivo sabe que tiene una tarea por realizar. A principios de mayo, Pedro Sánchez lanzó un dardo a Yolanda Díaz al asegurar que una asignatura pendiente de la legislatura era la mejora de los "servicios públicos de empleo", competencia de la cartera de la vicepresidenta segunda.

Asimismo, el Gobierno se comprometió, en el marco del Plan de Recuperación, a una reforma legislativa. Fruto de ese compromiso nació la Ley de Empleo, aprobada definitivamente en abril de 2023. Dicha norma incluye la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo, aunque esa conversión sigue pendiente.

A finales de abril, el Gobierno aprobó parte del desarrollo reglamentario de la ley, según el cual los servicios de empleo tendrán que diseñar un itinerario personalizado para propiciar que los demandantes de empleo encuentren trabajo. Una cartera de servicios que estarán garantizados en todas las CCAA para ayudar a los desempleados.

Con todo, y a la espera de los efectos de esta última medida, la efectividad del SEPE en la intermediación laboral sigue estando cuestionada. Los efectos indirectos de las políticas de empleo en la colocación de desempleados no oculta la baja tasa de colocación directa. Como el propio Banco de España ha señalado en más de una ocasión, será necesaria una reforma más profunda de los servicios de empleo.