Según el proyecto de real decreto y su memoria de impacto normativo, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, será el Servicio Público de Empleo, ya sea el estatal o sus diferentes delegaciones autonómicas, el que costeará y subvencionará las indemnizaciones por despido de trabajadores a los que se haya contratado de forma indefinida y vinculados a programas de políticas activas de empleo. 

Esta medida también se aplicará en el caso de las indemnizaciones por residencia (en los territorios donde sea de aplicación) y a las correspondientes cotizaciones empresariales. De esta manera, estos costes también serán subvencionables.

Pero hay condiciones, claro. Estas mejoras beneficiarán, por ahora, sólo a Administraciones u otras entidades públicas, así como a las entidades sin ánimo de lucro, "y en proporción al tiempo que haya durado" el contrato.  

Aunque la medida va a suponer un incremento del gasto del SEPE, no implicará la dotación de nuevos fondos ni la creación de nuevos conceptos presupuestarios, indica el documento. Con todo, no se descarta que pueda haber financiación adicional con fondos propios de las autonomías o de fondos europeos. 

A través del real decreto también se introducirá el término Tándem a los "Programas experienciales de empleo y formación". 

El objetivo es incorporar, de manera permanente y general, algunas de las prácticas recogidas dentro del citado Tándem, un programa que se ha financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, con fondos europeos.

Desempleo juvenil

Dicho programa se creó para abordar el problema del desempleo juvenil. Y se considera que sus iniciativas "se han demostrado positivas (...) mediante la incorporación a los programas comunes de activación para el empleo".   

De hecho, en la memoria que acompaña al borrador de real decreto, el Ministerio de Trabajo admite que "entre los programas existentes en la actualidad son escasas las actuaciones dirigidas específicamente a la mejora de la empleabilidad e inserción laboral de personas jóvenes". 

Si las cifras de desempleo son preocupantes en España, lo relativo al paro juvenil lo es todavía más. España es el Estado miembro de la Unión Europea con el mayor porcentaje de menores de veinticinco años sin trabajo, un 27,2%.