A ello se ha comprometido el Ejecutivo con los agentes sociales. Como parte del reciente acuerdo en pensiones alcanzado con patronal y sindicatos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pactado comenzar a negociar medidas contra el absentismo en España a partir de septiembre. 

La situación comienza ser preocupante. Exceptuando las innumerables bajas laborales que generaron los brotes de Covid de 2020 a principios de 2022 (frenadas gracias a la vacunación), España está en cifras históricas de absentismo, según datos de Randstad Research. 

La consultora precisa que en el primer trimestre de 2024 las ausencias laborales se incrementaron un 2% respecto al trimestre anterior, situándose en los 1,43 millones de trabajadores ausentes de media al día. 

De esta cifra, la vasta mayoría son bajas por incapacidad temporal, que se elevan a 1,1 millones, tras registrar un crecimiento intertrimestral del 3% que en términos anuales se eleva al 12%. "El absentismo por baja médica se ha duplicado en una década", detalla Valentín Bote, director de Randstad Research. 

Tasa más alta

Esta situación provoca que se pierda el 6,7% de las horas laborales pactadas por convenio, la tasa más alta desde el primer trimestre de 2022 (en el que las bajas se dispararon por los contagios de Covid).  

Por sectores, los que más sufren esta situación son el de los juegos de azar y las apuestas y el de actividades postales y de correos, con casi un 12% de horas perdidas.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno de absentismo, sobre el que el Gobierno se ha decidido a actuar? "La gente se pone más enferma que antes y las bajas médicas son más largas que antes. Ambas cosas ocurren", explica Bote. 

Por un lado, las bajas médicas, que generan la incapacidad temporal, se han prolongado debido al atasco de la sanidad pública. Concretamente, de las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, una persona puede tener que esperar por una resonancia cuatro meses. Hasta que no tenga la prueba, no habrá diagnóstico ni se podrá aplicar un tratamiento. Esto retrasa la incorporación del trabajador a su puesto, e incluso pone más difícil la recuperación. 

Por el otro lado, no sólo es que las bajas médicas sean más prolongadas, sino que hay más. "Hay dos razones para esto. A raíz de la irrupción de la Covid, estamos viendo más bajas por motivos de salud mental". Por otro lado, la población trabajadora también está más envejecida, lo cual tiene su efecto sobre las bajas y su recuperación.  

La suma de todos estos factores provoca un importante impacto en la economía española. Según el informe de Adecco, el absentismo y sus bajas laborales tuvieron un coste para la economía española de 37.000 millones de euros en 2023, el equivalente al 3,1% del PIB. 

De hecho, el socialista Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social (el primero que tuvo Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, de 2018 a 2020), ha alertado de este fenómeno y su impacto en las cuentas públicas.

En un artículo difundido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), avisa de que el gasto en prestaciones derivadas por situaciones de incapacidad temporal por enfermedad común se ha disparado un 91,6% entre 2018 y 2023. Alerta de "un abuso creciente". 

Todos estos mimbres son los que han llevado al departamento de Elma Sáiz se ponga manos a la obra para abordar estas situaciones. Para empezar, en el Diálogo Social ya hay consenso en que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social puedan apoyar el tratamiento de los trabajadores con incapacidad temporal, de manera que, dentro de lo posible, se pueda acelerar su recuperación. Es decir: reducir en lo posible las esperas por asuntos relacionados con la sanidad. 

De hecho, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT ya se mostraron a favor de esta medida cuando firmaron el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en 2023. 

Los líderes de patronales y sindicatos hace ahora un año, cuando firmaron el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Ricardo Rubio Europa Press

Ahora el Gobierno tiene que vehicular esta posibilidad. Eso sí: lo que no se toca es que sólo los médicos de la sanidad pública podrán dar una baja o un alta a un trabajador. 

Queda conocer qué otras cuestiones acaban pactando Gobierno y agentes sociales. Con todo, parece descartada la idea que llegó a poner sobre la mesa Mónica García, ministra de Sanidad, a principios de este año: que los trabajadores pudieran activar autobajas laborales de tres días para descongestionar el sistema sanitario público.