Pepe Álvarez: "Antes de ir a buscar a nadie hay que dar empleo a nuestros parados y a los 'sin papeles' en España”

Relajado, no puede evitar reirse al ser preguntado sobre si se ha sacudido alguna mariscada estas vacaciones. "Pues la verdad es que este verano no, pero porque no ha coincidido", apunta el sindicalista. Y señala que eso de las mariscadas parece que "tiene mucha importancia para la ultraderecha, pero poca para los trabajadores". Es así, explica, porque a los primeros "les molesta mucho que las gambas sean accesibles para más gente".

El líder del segundo sindicato de España reconoce que ha podido descansar durante el mes de agosto, aunque no ha desconectado por completo de la actualidad. Para uno de los actores principales del diálogo social eso no es posible.

En cualquier caso, vuelve con energía y adelanta que las centrales ya han preparado un equema de movilizaciones para el comienzo de curso que presione para reducir la jornada laboral.

También se anima a hablar del concierto económic catalán acordado entre PSC y ERC, así como de la "irresponsable" visita de Carles Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa. Y, por supuesto, afronta la cuestión migratoria con un discurso que choca frontalmente con el de Pedro Sánchez: lo primero es dar empleo a los desempleados españoles y a los inmigrantes sin papeles que ya están en España.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, durante la entrevista con EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

¿Va a haber movilizaciones en septiembre para presionar en la reducción de jornada?

Sí, pero seguramente que no es lo que se entiende por movilizaciones clásicas. Nosotros somos plenamente conscientes que esta batalla en relación a la reducción del tiempo de trabajo la tenemos que dar, en primer lugar, explicándolo a los trabajadores, muy particularmente a aquellos que se ven más afectados por la reducción. Es una de las cuestiones sindicales que suscita más entusiasmo, preguntas y complicidades.

Lo que queremos es aprovechar el mes de septiembre para hacer una difusión amplia de el tema y generar las condiciones necesarias para que, si finalmente va al Congreso de los Diputados, las fuerzas políticas sepan que no votar favorablemente tiene consecuencias.

Lo dice como si la reducción de jornada ya se hubiera pactado...

No, no. La reducción de jornada no se ha pactado. Vamos a ver si lo pactamos con CEOE y si el Gobierno y los grupos políticos que lo apoyan soportan ese pacto. Pero queremos generar las condiciones para que ninguno de ellos, ni siquiera el Partido Popular, se pueda ir de rositas y votar en contra.

Entonces, ¿esas movilizaciones informativas son para presionar a la CEOE y el Partido Popular?.

Son para generar opinión, para presionar a la CEOE y los partidos políticos y ya veremos si después del mes de septiembre entramos en una segunda fase que ya sería con manifestaciones y movilizaciones en las calles. También hay que decir que si en la primera parte 'hay agua', si hay un movimiento en el país que quiere el cambio, pues tanto CCOO como nosotros no nos hemos puesto ningún tipo de limitación.

La semana que viene os reunís de nuevo con el Ministerio de Trabajo y la CEOE. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a cedes los sindicatos para que la CEOE esté en el acuerdo?

Con el Gobierno no tenemos el acuerdo cerrado, aunque estamos de acuerdo en el fondo, las 37,5 horas, pero tenemos que continuar viendo cómo se traduce desde el punto de vista de la jornada máxima anual y cuál será el periodo de aplicación de la reforma.

Eso es lo que hemos querido concretar con la CEOE, pero nos han dado condiciones y a la vez nos han dicho que no están de acuerdo. O hay acuerdo o no lo hay, pero si lo hay y nos proponen algún tipo de concesión, sería absurdo por nuestra parte decir ya dónde está la línea roja.

Dentro de esa negociación se está hablando de horas extraordinarias. En respuesta a vuestra queja en el Comité Eruopeo de Derechos Sociales (CEDS), el Gobierno ha dicho que no se deben pagar más

Cualquier gobierno, ante una reclamación, da esa respuesta. En todo caso, el Gobierno en este caso, como en el caso del despido, tiene que ser consciente de que la Carta Social Europea es muy clara. Las horas extraordinarias se tienen que pagar por arriba de las horas ordinarias, mientras que la legislación española dice que por lo menos tiene que pagarse como las horas ordinarias.

Además, hay otra cuestión que también planteamos que tiene una relación muy directa con las horas extraordinarias que es el control horario. Porque el 50% de las horas extraordinarias no se declaran y en muchos casos no se cobran. Eso sería objeto de sanción.

Sobre la reclamación por el coste del despido improcedente, ahora que el CEDS os ha dado la razón, ¿ponéis algún tipo de palzo para iniciar una negociación que encarezca el despido?

Nosotros vamos a ir a la negociación que el Ministerio de Trabajo ha dicho que va a brir con todo el interés del mundo. Pero esta resolución ya es vinculante y de obligado cumplimiento para Estado español.

Si acordamos y trasladados a la legislación cómo se concreta para que los jueces tangan criterios, nos vendrá muy bien; a nosotros y también a la CEOE, porque así los empresarios podrán aproximar cuál es la sanción que les corresponde en caso de despido improcedente. Y si no lo hacen, pues iremos ganando batalla a batalla, tribunal a tribunal.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Mateo Lanzuela Europa Press

¿Contáis conque el propio sistema jurídico y la jurisprudencia al final genere el cambio?

Eso seguro que pasará. Esto interesa no sólo a los trabajadores, sino también a las empresas. Estamos hablando de que esas sentencias de tres tribunal superiores elevan las indemnizaciones entre 20.000 y 40.000 euros.

El Ministerio de Trabajo ha dicho que quiere automatizar la subida del salario mínimo. ¿Os parece buena idea? ¿Cuánto debe subir el SMI en 2025?

Lo de la actualización automática del SMI, que supongo que la variable será el el incremento del coste de la de la vida, no puede ser una cuestión inamovible, porque estamos lejos de los salarios mínimos de los países de la Unión Europea en relación a su salario medio. La Carta Social Europea sitúa el mínimo (el 60%), pero no es el máximo, y por tanto nosotros no tenemos por qué llegar a ese mínimo y situar un instrumento de actualización, porque los salarios pueden subir más que el salario mínimo.

Por tanto, yo no sé qué criterio tiene el Ministerio para hacer una actualización automática del salario mínimo ya definitiva. Si nos la plantea en relación con los salarios medios que se vayan produciendo en el país, pues es una cuestión que podemos discutir.

Sobre la subida, yo creo que no debería ser objeto de grandes debates: debe llegar al 60% del salario medio del año 2022, que es el último que conocemos y está en torno a los 2.293 euros. Ese es el punto de llegada para cumplir con la Carta Social Europea. Por tanto, no hay cierre o normalización del SMI mientras no lleguemos a ese 60% del salario medio. Si llega ya en 2025, habría que subir a 1.293 euros.

"No sé qué criterio tiene el Ministerio para hacer una actualización automática del salario mínimo"

¿Pero manejáis a día de hoy alguna cifra de exigible mínima para subir el SMI en 2025?

No, porque la posición en relación con esa materia la tenemos que consensuar con Comisiones Obreras y todavía no hemos empezado a hablar. En todo caso quiero decir que no se cumple la Carta Social Europea mientras no se aplique en España el 60% del salario medio, que son esos 1.293 euros.

En los últimos meses el Gobierno ha aprobado medidas para introducir nuevas patronales en el diálogo social. ¿Cómo valora que se quiera acabar con el 'monopolio' de CEOE y Cepyme? ¿Cree que puede llevar a la entrada de nuevos sindicatos?

Yo creo que la CEOE y Cepyme no tienen ningún monopolio. Es lo mismo que decir que tenemos un monopolio CCOO y UGT, cuando lo que tenemos es la voluntad popular de los trabajadores que nos votan en las elecciones sindicales. Creo sinceramente que la CEOE y Cepyme son organizaciones plenamente representativas.

Nosotros no vamos a decir que no representan a los empresarios, faltaría más. Creo que tampoco lo tiene que hacer el Gobierno; es la propia sociedad, los empresarios, los que lo hacen. Esto funciona desde que se ha instalado la democracia en nuestro país.

La entrada de patronales en el Consejo Económico y Social (CES) no fue consultada y nosotros la rechazamos. Hasta donde yo sé quien ha entrado ha sido Pimec, y me parece que no se ha hecho como se debería haber hecho y creo que la CEOE está en pleno derecho de opoonerse, incluso desde el punto de vista jurídico, porque Pimec participa en una patronal española [Conpymes].

¿Y sobre la entrada de nuevos sindicatos? Ahora que se va a cambiar el reglamento de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos...

¿Qué cambio? No lo he visto. Fíjate la trascendencia y el pánico que tengo. Estoy de vacaciones y no lo conozco. El melón de la patronal me parece absurdo abrirlo y el de los sindicatos me parece democráticamente impresentable.

Lo que tienen que hacer las organizaciones sindicales que quieran es cambiar la legislación, el Estatuto de los Trabajadores, que es el que determina cúales son los sindicatos representativos. Pero creo que iría mal para el país y lo que se quiere es destrozar lo poco que funciona bien. Pues oye, allá cada uno con su responsabilidad, porque si hay algo que ha funcionado bien en este proceso democrático justamente ha sido el diálogo social.

Es evidente que si se rompe esa mesa habrá dificultades para tener un diálogo social fluido. Hay otras maneras de conseguir nuestros objetivos: una es el diálogo social como hasta ahora, pero la inmensa mayoría de los países no tiene esa metodología... ya nos veremos en las calles paseando.

"El melón de la patronal me parece absurdo abrirlo y el de los sindicatos me parece democráticamente impresentable"

¿Cómo valora la situación de la migración irregular en España y las recientes propuestas del presidente del Gobierno?

Estamos ante un fenómeno que hay que tratar con tranquilidad, pero con una perspectiva humanista. Nuestro país debe tener un flujo migratorios que pueda asimilar, pero con esa perspectiva.

Es necesario, lo primero, un acuerdo político que generen consenso entre todos los partidos. Además, hay demasiada necesidad de entrar a este tema de manera inmediata, con blancos y negros. Creo que las propuestas del presidente del Gobierno son positivas. Pero la endtrada de inmigrantes con contrato va a requerir que nuestros cuerpos consulares sean más ágiles y hagan su trabajo con absoluta transparencia. Y todo lo que tiene que ver con las expulsiones debe estar dentro de la legalidad vigente. No sólo la española, sino también teniendo en cuenta los convenios internacionales. 

Y la situación generada por los menas es una vergüenza. Estamos discutiendo día sí y día también por algo que con un poco de voluntad política quedaría resuelto. Son cantidades de niños y jóvenes asimilables.

Desde el punto de vista de las empresas, los inmigrantes son fundamentales para abordar la falta de trabajadores en España y abordar los problemas de vacantes, dicen. 

Bueno, en España tienes 2,5 millones de deseempleados. Primero tienes que moverlos a ellos. Los empresarios tienen que pasar del dicho al hecho. Dejar de dar cifras astronómicas y concretar las ofertas de trababjo: cuándo y dónde están. 

Antes de ir a buscar a nadie, tenemos que dar empleo a los parados y también a las personas sin papeles en nuestro país. 

¿Cuál es la posición de UGT respecto al concierto económico y fiscal para Cataluña? ¿Piensa que va a ser bueno para los trabajadores?

Primero tenemos que conocer fehacientemente de qué estamos hablando y si merece la pena que entremos. Yo supongo que sí. Pero celebrar debates con una turbulencia terrorífica que después poco tiene que ver con lo que acaba pasando con la financiación de las comunidades autónomas...

A mi juicio, el problema fundamental tiene más que ver con la bolsa de recaudación para cubrir las necesidades de los ciudadanos, que es pequeña, que con la manera de repartir los fondos.

Hay que abordar una segunda cuestión, que es la hipercompetencia desleal que hay entre las comunidades autónomas mediante las transferencias que se han hecho para recaudar impuestos.

El movimiento fiscal que deberían hacer las autonomías para mejorar los servicios de sus ciudadanos debería ser al alza, en ningún caso a la baja, generando dificultades.
Pero no se puede negar que la singularidad del sistema se da hoy. Las comunidades autónomos tienen singularidades, las tiene Asturias, por ejemplo, que es una región con población muy dispersa y envejecida.

Pero yendo a cuestiones más concretas, sí deberán tener una postura respecto a un posible traspaso de trabajadores de la Agencia Tributaria estatal a la Agencia Tributaria Catalana. Ya hemos visto las fricciones que están ocurriendo por el traspaso de Rodalíes...

Estaremos en la misma posición que mantenemos en Rodalíes, que es mantener los derechos de los trabajadores. Hay que ver cuál es la fórmula que finalmente se aplica.

Dentro de los debates que hay encima, en el caso de Rodalíes, de la mesa está la creación de una empresa mixta que se rija por el convenio colectivo vigente de Renfe.

En el caso de la Agencia Tributaria Catalana, me permito recordar que el Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé la creación de un consorcio tributario coparticipado entre el Estado y la Generalitat para recaudar todos los impuestos de todas las administraciones. Eso está en el Estatuto actual, es ley y no requiere ninguna modificación legislativa.

Las personas que trabajan en la AEAT saben perfectamente que sus intereses desde el punto de vista de la relación laboral, tanto económica como de ascensos y movimientos internos, los vamos a defender sin ningún lugar a dudas. Pero eso tiene poco que ver con relación al concierto y el cupo.

¿Que le ha parecido el visto y no visto de Carles Puigdemont en Barcelona?

Pues una irresponsabilidad. Para él o para su partido puede que haya tenido mucha importancia. No parece que tanto para Cataluña. Sin embargo, lo que ha logrado ha sido que se ponga en cuestión una de las instituciones más importantes que tiene Cataluña, como son los Mossos d'Esquadra.

¿Cree que habría que depurar responsabilidades por el error del Ministerio de Igualdad que ha llevado a que se suspenda la prohibición del despido por pedir adaptación de jornada?

Sí, sin lugar a dudas. Con una disculpas no se puede saldar un error de esas características. Es un error muy fuerte, fortísimo, en el que las disculpas no bastan. Avisamos al Gobierno de la situación de manera inmediata, nada más publicarse la Ley de Paridad en el en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sugerimos la posibilidad de que se corrigiera con una fe de erratas en el propio BOE. No se ha hecho y se ha generado una situación de incertidumbre innecesaria.

Dicho esto, creemos que hay legislación suficiente como para impedir ninguna persona pueda ser despedido por adaptación de jornada.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. A. Pérez Meca Europa Press

Parece que, al final, el Gobierno sí va a lanzarse con un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. ¿Cuál es su lista de deseos para estas Cuentas?

Bueno, lo de los Presupuestos parece el Dragon Khan: un día parece que sí, un día parece que no. Dicho esto, me parece que España recauda poco. No nos vamos a cansar de decirlo, por mucho que haya quien se moleste y que nos diga que que no tenemos razón. Sólo hace falta ver los datos de las instituciones europeas para ver hasta qué punto hay diferencias entre la presión fiscal de España y la media de la Unión Europa.

Tenemos un problema de servicios públicos que hay que atender. La sanidad está bajo mínimos y hay que abordar nuevos elementos como la salud mental, de la que se habla mucho pero para la que no hay presupuesto. El sistema educativo tiene necesidades importantes, sobre todo en formación profesional. Todo lo que tiene que ver con la inversión en investigación y desarrollo necesita más medios y recursos. Los investigadores que han vuelto a España después de la Covid no acaban de ver culminadas sus aspiraciones. Podemos acabar enfrentándonos a un nuevo éxodo.

Y todo esto sin hablar de las políticas industriales o de infraestructuras. Hay otro problema que me preocupa mucho, que es el de la empleabilidad. Tenemos 2 millones y medio de personas desempleadas. Necesitamos acompañar a esas personas, formarlas, saber dónde están e incorporarlas a los puestos de trabajo que dicen los empresarios que se necesitan. 

"Me parece que España recauda poco"

Antes de las vacaciones de agosto, Gobierno, patronal y sindicatos cerraron un nuevo acuerdo en materia de jubilación que incluye alguna que otra medida contra el absentismo.

En términos generales, hay un aumento del absentismo a escala global, hasta en Corea del Sur.

En estos momentos la sanidad pública y las listas de espera están colapsadas. Este es el elemento que incrementa más las incapacidades laborales en nuestro país. Si la sanidad pública no estuviera en esta situación de colapso, seguramente no habría personas seis meses de baja por una fractura o listas de espera de un año para una cirugía.

El acuerdo al que hemos llegado permitirá las personas que tengan accidentes traumáticos no laborales puedan ser tratadas en las mutuas de accidentes de trabajo, previo acuerdo de las autonomías con las mutuas de accidentes de trabajo.

Será el trabajador el que decide si quiere ir a la mutua o no. Y la baja y el alta corresponde a su médico de la Seguridad Social y no a la a la mutua.

¿Por qué se ha llegado a este acuerdo y por qué contar con las mutuas de trabajo? Primero, porque son organismos parapúblicos. Son entidades que tienen una tutela pública. Y segundo, porque tienen los mejores instrumentales de recuperación y están lejos de estar saturados.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (i) y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (d). Eduardo Parra Europa Press

Eso permitrá que las personas trabajadoras puedan, en un tiempo razonable, recuperarse de una pierna rota o hacer un proceso de rehabilitación de manera más o menos rápida.

En paralelo, le hemos dicho al Gobierno que sería bueno poner en marcha un organismo, ya sea uno nuevo o a través de alguno ya existente, que nos permita determinar los elementos que generan el absentismo en nuestro país.

Si no se ha hecho es porque hay quien no está interesado en que se sepa que el elemento más absentista que tiene España es un sistema público de salud que no atiende con premura las necesidades de los trabajadores. Eso hace que las bajas se prolonguen de manera innecesaria.

¿Cree que será necesario tocar la reforma de la pensiones ante el incremento del gasto público en esta partida?

No, no. No tenemos ningún tema pendiente que no se haya desarrollado el propio acuerdo. La reforma deja claro que si hay problemas de suficiencia económica hay que actuar sobre la recaudación y mejorar los ingresos.

Usted que lo conoce bien después de muchas negociaciones... ¿Qué le parecería José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España?.

Como todos los nombramientos últimamente en España generan tanta polémica, no sé si ayudo a José Luis Escrivá hablando del tema (sonríe). En todo caso, me parece que tiene unos conocimientos y una experiencia que le hacen un candidato poco discutible para gobernar esta entidad.

Además, una de las virtudes del ministro Escrivá es el carácter humanista que demostró durante la anterior legislatura. A mí es una de las cosas que más me me sorprendió.