En el horizonte, la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, que no pudo llegar antes de verano. Para Sordo no es una cuestión compleja, sino de voluntad. En especial, de que la CEOE decida aceptar o no esa rebaja del tiempo de trabajo. El dirigente sindical también aborda la cuestión migratoria y se muestra rotundo: España necesita 24,6 millones de inmigrantes hasta 2053. No son sus cálculos, apunta, sino los del Banco de España.

También se moja en lo que se refiere al llamado concierto catalán y la reforma de la financiación autonómica. Hay que abordar su reforma, sí, pero desde una perspectiva "multilateral". "No se puede hacer sólo una revisión del modelo de financiación catalán, sino que tiene que abordarse todo el sistema", asegura.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Laura Mateo

Han anunciado movilizaciones en septiembre junto con UGT. ¿En qué van a consistir?

Movilizaciones de calle y también en el ámbito de los centros de trabajo. Y presionando no sólo a la CEOE, sino también a los partidos políticos. Va a haber manifestaciones en todos y cada uno de los territorios del país.

Este lunes se retoman las negociaciones para reducir la jornada. Se está buscando un acuerdo a tres partes, pero ¿hasta dónde están dispuestos a ceder para que la CEOE se sume al acuerdo?

Hay una propuesta encima de la mesa que podría servir y sobre la que se puede establecer todavía alguna modificación. Pero tampoco queremos ser muy explícitos sobre qué estamos dispuestos a asumir, porque CEOE todavía no se ha movido de la posición de salida y sigue diciendo que la reducción de jornada sólo hay que canalizarla a través de la negociación colectiva.

Si esa es la posición de CEOE, el documento que estaba encima de la mesa es el que tiene que ir al Consejo de Ministros. Si de verdad asume en algún momento que está dispuesta a pactar la reducción de jornada, nosotros podremos hablar de alguna cosa más.

Pero no estamos por la labor de entrar en ningún concepto de cesión desde el momento que CEOE sigue encastillada y negando que tenga que haber una reducción por ley de la jornada. Me parece una posición a estas alturas de la negociación bastante poco presentable.

Unai Sordo durante su entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Laura Mateo

¿Usted está de acuerdo en que haya un periodo transitorio para aplicar la reducción de jornada?

La entrada en vigor es una de las cosas que se puede discutir, porque, entre otras cosas, los convenios colectivos están vigentes. La entrada en vigor de la norma va a tener que ser o un 1 de enero o un 31 de diciembre. Por eso conviene resolver cuanto antes la negociación. Pero claro, esto lo tenemos que resolver en el mes de septiembre u octubre.

Para que la gente no se vuelva loca: no se va a producir una reducción de la jornada de 40, a 37,5 horas el 17 de noviembre o el 2 de diciembre. Lo razonable es que entre en vigor coincidiendo con el proceso de renovación de los convenios colectivos. Un 1 de enero o un 31 de diciembre. Pero en fin, no nos volvamos locos: lo pactado en convenio colectivo está; y cuando cambia la ley, si afecta al convenio, cambia el convenio.

¿La reducción de la jornada puede llevar a que se anulen las subidas salariales pactadas en convenio?

No. Cuando hay una modificación sustancial de condiciones de trabajo también puede afectar a los sistemas pactados en los convenios colectivos. ¿Qué hacen los convenios colectivos? Pues adaptarse a la ley, no queda más remedio.

Si al final CEOE no se mueve y se aprueba sin su apoyo, ¿puede haber dificultades a la hora de la aplicación real de la reducción de jornada?

No, no tiene por qué haberla. Lo que pasa que es bueno el acuerdo tripartito. Las empresas van a tener que aplicarlo obligatoriamente igual, pero la traslación al convenio colectivo no es tan sencilla si no está CEOE en el acuerdo.

Además, aspiramos a que la reducción legal del tiempo de trabajo facilite la reducción posterior a través de los convenios, que es lo que ya hemos hecho en estos años. Aspiramos a que la ley reduzca la jornada laboral y que los convenios colectivos en los próximos años la reduzcan más. Y en esa tesitura yo creo que es mejor que esté CEOE.

Unai Sordo. Laura Mateo

¿Qué le parece la propuesta del gobierno británico de reducir la semana laboral a cuatro días, aunque con las mismas horas de trabajo?

Es una de las múltiples formas que hay de abordar la ordenación del tiempo de trabajo. A mí la jornada de cuatro días me parece que es una fórmula muy adecuada en muchos supuestos, pero no puede ser universal. Tiene que ir acompañada de otras fórmulas, porque no todos los sectores y no todas las empresas funcionan igual.

Esta semana hemos tenido un dato de empleo malo y el de julio tampoco fue bueno. ¿Hay motivos para preocuparse por la evolución del mercado laboral?

Hay que tomar perspectivas amplias de tiempo, sobre todo en un mercado laboral tan marcado por actividades de estación. A veces los datos de un mes o de dos se pueden deber a que se adelanten o se retrasen según qué decisiones de contratación o de suspensión del contrato.

En mi opinión, no hay ningún motivo para que haya una parálisis de la evolución del empleo: va a seguir siendo una de las palancas del crecimiento económico. España tiene que aspirar al pleno empleo en un plazo razonable y para ello hace falta incitar la inversión pública y privada. Creo que la reducción de la jornada laboral es otra forma de generar empleo a medio y largo plazo.

En cualquier caso, no preveo que el empleo se vaya a resentir en exceso. En España el gran problema va a ser la calidad del empleo.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, conversa con EL ESPAÑOL-Invertia. Laura Mateo

Hablemos ahora de Cataluña. ¿Qué opina del pacto fiscal al que han llegado ERC y el PSC? ¿Cree que será bueno para los trabajadores de Cataluña y de España?

El pacto hay que interpretarlo en el contexto de la investidura de Salvador Illa, aunque abre el melón de la renovación del sistema de financiación autonómica. Esta tiene que abordarse desde una perspectiva multilateral. No se puede hacer sólo una revisión del modelo de financiación catalán, sino que tiene que abordarse todo el sistema de financiación autonómico.

A partir de ahí, la gran pregunta es qué margen hay para continuar con un proceso de transferencia fiscal que sea compatible con mantener una palanca fiscal para hacer políticas redistributivas que permitan que un ciudadano español, viva donde viva, tenga un acceso equitativo a los servicios públicos. ¿Se pueden descentralizar más ingresos en Cataluña o en otras comunidades? Yo creo que sí.

Además, garantizando que no puede haber dumping fiscal entre comunidades. En esa transferencia de recursos a las comunidades está el debate de la suficiencia y de cuántos impuestos va a haber en España.

En mi opinión, tiene que incrementarse el volumen de impuestos que se recaudan hasta equipararlos a la media de la Unión Europea, que no es ninguna barbaridad. Si se hace todo eso se puede llegar a un sistema de financiación que responda a la voluntad de autogobierno de Cataluña y que sea perfectamente compatible con la renovación del sistema de financiación autonómico. Pero es difícil.

La reforma de la financiación autonómica y la reforma fiscal requieren cierto consenso. ¿Es posible en este momento?

También es difícil, pero cuando se habla de dinero, normalmente, se aterriza bastante en el pragmatismo. Todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal y con la renovación del sistema de financiación autonómico tiene también que ver con cómo se aborda la deuda de las comunidades autónomas.

Cuando hablamos de la financiación de las CCAA no hablamos de una abstracción, sino de la financiación de la sanidad, la educación, la atención a los cuidados, las infraestructuras... Es un debate en el que es muy difícil para una comunidad autónoma, sea del partido que sea, ponerse de perfil. El Gobierno tiene que liderar ese debate, dando respuesta a la situación en Cataluña, pero no sólo. Tiene que dar respuesta a la necesidad de una renovación de un modelo de financiación que se ha quedado caduco.

Unai Sordo, secretario general de CCOO. Laura Mateo

En los acuerdos entre PSC y ERC está el traspaso de Rodalies a la Generalitat y el impulso de la Agencia Tributaria Catalana. En ambos casos, afecta a sus trabajadores. ¿Cuál es la posición de CCOO?

Con Rodalies ya hubo cierta polémica, porque la gente quiere una serie de garantías. No sólo de condiciones de trabajo, que nunca han estado en cuestión, sino de posibilidad de movilidad. Pero estas cosas casi siempre se pueden resolver negociando. Y supongo que si finalmente se genera una Administración Tributaria Catalana, hay que garantizar las condiciones de trabajo y los derechos adquiridos de las plantillas.

¿Podemos espera una huelga en Rodalies? Ya se ha dado el paso previo...

En cualquier negociación, que además es compleja y donde además suele haber intereses cruzados, nunca es descartable el conflicto. Esto es así. Pero vamos, tampoco pasa nada, no sería la primera vez que se convocan huelgas en el marco de una negociación y las huelgas, cuando se convocan, se convocan con la intención de mover la posición de con quien estás negociando y a partir de ahí llegar a acuerdos.

¿Cómo valoran desde CCOO el panorama político actual?

Nos enfrentamos a una cierta contradicción. En un momento en el que la recuperación de las políticas keynesianas y de carácter socialdemócrata, como ha ocurrido desde la pandemia, han tenido más éxito objetivamente que todas las políticas de austeridad empleadas en la década anterior; en un momento en el que tendría que haber un reverdecer de las políticas sociales, de las políticas fiscales progresivas, del papel del Estado como motor económico, del Estado emprendedor... resulta que nos encontramos ante el mayor riesgo reaccionario que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Detalle del despacho de Unai Sordo. Laura Mateo

Es una contradicción verdaderamente preocupante. Tiene su plasmación en Estados Unidos y en los resultados electorales que estamos viendo en Europa, donde hay un riesgo cierto de una reacción hacia atrás que pueda poner incluso en peligro el proyecto europeo. Es un momento verdaderamente complejo y paradójico de alguna manera.

¿Cree que las fuerzas progresistas están a la altura? Desde 2015 se observa una contracción...

Sí, además en una línea que también se está dando en otros países. Seguramente tiene que ver con un proceso que viene desde el año 2008, con muchas crisis consecutivas y una pérdida de expectativas vitales. Hay una sensación muy generalizada de inseguridad e incertidumbre.

Y en esa pugna por quién da cobijo a la gente que se siente insegura y siente incertidumbre ante el futuro, la apelación reaccionaria y casi neofascista a viejas ideas de orden, de jerarquía, de machismo, de homogeneidad racial... tiene cierto predicamento social en algunos momentos históricos.

Volviendo temas laborales, ¿el mercado laboral español necesita 250.000 inmigrantes?

No, necesita 24,6 millones de inmigrantes hasta el año 2053, según dice el Banco de España. Va a necesitar 250.000 inmigrantes al año. Yo haría una apelación a todo el mundo a que aborde la cuestión de la inmigración desde un mínimo principio de realidad. En España no es que vaya a hacer falta un proceso de regularización o planes de migración circular. No es una cosa u otra: es que va a ser todo.

El debate no es si 'inmigración sí o inmigración no', el debate es 'inmigración cómo'. Y, a partir de ahí, hay que buscar fórmulas organizadas y garantistas de gestionar los flujos migratorios para garantizar los derechos de estas personas. Y para evitar la acción de mafias y de formas absolutamente contrarias a los derechos humanos. Ese es el reto, lo demás son bobadas y aprovechar la incertidumbre que genera ver a gente desesperada que se tira al mar para tratar de generar miedo social y una respuesta contraria y neofascista a una cuestión migratoria que se va a dar sí o sí.

Y en ese debate ¿cree que fue positivo el giro que dio el presidente del Gobierno al hablar del necesario retorno de los inmigrantes ilegales que hay en España?

Hay que tener una línea coherente con lo que se dice. Los procesos de inmigración irregular son indeseables, básicamente porque son un peligro para la vida de estas personas. Pero cuando estas personas están aquí, lo que hay que hacer es que funcionen bien los sistemas de arraigo y los sistemas de reconocimiento de legalidad de su situación, que a veces funcionan de una forma manifiestamente mejorable. Cuando se producen estas indeseables bolsas de irregularidad, antes o después, hay que proceder a la regularización de estas personas.

Dicho todo esto, en España no hay un problema migratorio. La inmensa mayoría de la población que ha venido de terceros países trabaja y está perfectamente instalada en nuestro país.

Unai Sordo, secretario general de CCOO. Laura Mateo

Desde ese supuesto de que va a ser necesario ese flujo migratorio durante los próximos años, ¿ahora mismo España, con más de un 11% de paro, tiene un problema de vacantes?

Yo creo que tiene un problema limitado de vacantes. Cuando los empresarios dicen que no encuentran trabajadores suele ser por tres cosas: porque pagan salarios de miseria; porque pagan salarios que aunque no sean de miseria, no sirven para vivir en el entorno en el que se ofrece ese puesto de trabajo; y porque en algunos casos puede haber un cierto desacople temporal entre el perfil de trabajo que se oferta y los conocimientos, capacidades o competencias de los trabajadores que pueden acceder a ese puesto de trabajo.

Esto último es muy marginal, muy minoritario, mucho más de lo que se dice y en todo caso tiene que corregirse a través de un mejor uso de las políticas de empleo.

Yolanda Díaz ha dicho que se pone a la hora para automatizar la subida del salario mínimo. ¿Qué le parece la idea?

Si se vincula a la evolución de la media salarial del país es lo que dice la Carta Social Europea. Lo lógico sí sería que hubiera una cierta automatización de la subida del SMI y que acompañara la subida media de los salarios. A mí no me parece un mal esquema, porque es una forma de tirar al alza los salarios más bajos, no solo el SMI, y facilitaría una menor desigualdad salarial en los convenios colectivos.

Si no llega ya, ¿para 2025 tienen pensado cuánto debería subir el salario mínimo?

Hay que ver cómo evoluciona la inflación, pero en función también de la evolución de los salarios medios. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento estricto de la Carta Social Europea, que dice que al menos tiene que ser el 60% de esa media salarial. Y yo creo que la media salarial en España va a subir nítidamente por encima de la inflación.

En la última mesa de pensiones pactaron medidas para reducir el absentismo laboral. ¿Cuáles son?

Hay determinados estudios y visiones de la patronal que meten en un mismo cajón desastre todo lo que sea no ir al puesto de trabajo, desde una baja hasta un permiso por paternidad. Si todo eso es absentismo, el debate es absolutamente inviable, porque muchas de esas medidas se han producido porque las hemos acordado con el Gobierno, también CEOE.

Lo que hay que ver es exactamente qué está ocurriendo con la duración de las bajas para encontrar las explicaciones a por qué se demoran determinados procesos de incapacidad temporal. Porque a lo mejor la explicación no es tan simple. Igual el incremento del periodo que duran las bajas por contingencia común tiene que ver con el deterioro de la atención primaria sanitaria y la sanidad pública.

Varios ejemplares de 'Cuentos de oficio', de Unai Sordo, en su despacho. Laura Mateo

Pese a la reforma de las pensiones, ¿cree que va a ser necesario revisar el sistema por el incremento del gasto?

Que las pensiones y el gasto van a subir lo sabemos; la cuestión es cómo se afronta ese incremento del gasto. Si en España se produce un despliegue permanente de fondos de inversión públicos y privados para acometer la transición digital y energética, se avanza hacia el pleno empleo y se gestionan adecuadamente los flujos de migración, habrá sin duda recursos para poder sufragar las pensiones.

Con todo, va a haber años en los que no va a servir con las cotizaciones sociales y va a haber que hacer transferencias adicionales. Se han destopado parcialmente las bases máximas de cotización, pero no está escrito que no se puedan destopar más, porque los recursos de solidaridad temporal que se han introducido habrá que hacerlos permanentes. Es una cuestión de voluntad política, pero España se puede permitir gastar el 16% de su PIB en el momento álgido.

La mayor parte de la reforma la negociaron con Escrivá como ministro de Seguridad Social. ¿Le gusta su elección como gobernador del Banco de España?

El nombramiento tiene alguna pega estética, pero mí lo que me hace mucha gracia es que siempre se ponga en solfa el nombramiento de según qué personas cuando vienen de según qué partes. Cuando está gobernando la izquierda, todo se considera colonización de las instituciones, y cuando está gobernando la derecha, se considera orden natural de las cosas.

Nadie cuestiona la solvencia técnica de Escrivá, quien le conoce un poco, y yo le conozco un poco, no cuestionaría mucho su independencia de criterio; porque, vamos, la tiene, la va a tener y me atrevería a decir que la ha tenido. Pero no vale ahora poner el grito en el cielo con Escrivá, que insisto en que estéticamente esto no tiene mucho pase, pero Luis de Guindos se fue al Banco Central Europeo (BCE) siendo ministro de España y no pasaba nada.

Por otro lado, se exige a los bancos centrales este criterio de independencia por parte del BCE. Yo me pregunto ¿de verdad alguien se piensa que el representante del Bundesbank en el Banco Central Europeo tiene un criterio independiente y técnico al margen de los intereses de política monetaria de Alemania? ¿Estamos tontos? ¿De dónde se ha sacado que la política monetaria tiene una pátina de neutralidad técnica y no es una política de máximo interés económico y, por tanto, sometida a pugnas ideológicas?

Y por último, tendrá que tener independencia de criterio el gobernador del Banco de España, pero no sé si tanto respecto al Gobierno como respecto al sistema financiero. Se piensa que la tarea del gobernador del Banco España es opinar sobre las pensiones o el salario mínimo interprofesional. Y no, esto es lo que hacen en sus ratos libres utilizando un potentísimo servicio de estudio. Un gobernador del Banco de España está básicamente para regular y para velar por el buen funcionamiento del sistema financiero.

¿Qué le parece la idea de introducir nuevas patronales en el diálogo social?

Este es un tema muy delicado. Lo que no cabe es cuestionar los sistemas de representación de los agentes sociales, porque entonces sí que nos metemos en un lío gordo. Pedimos el estricto cumplimiento de las normas que conceden la representación a las organizaciones empresariales.

¿Cree que el Gobierno va a agotar la legislatura?

Es difícil agotar la legislatura en esta coyuntura, pero si las cosas salen medianamente bien, puede pasar ampliamente de los tres cuartos de legislatura. Sería lo deseable, porque no es buena ahora mismo la inestabilidad política; sería muy malo para España volver a un proceso de ciclo electoral.

Después de una legislatura de más de 200 leyes, España puede permitirse una nueva legislatura sin un exceso de producción legislativa. En cambio, es fundamental la ejecución de muchos fondos públicos y privados, que no son ejecuciones neutras y que están llamadas al gran reto en nuestro país, que es la transformación del modelo productivo.