Los funcionarios, hartos del trato del Gobierno: menos efectivos, peores condiciones y posibles traslados forzosos

El caso de Muface es sólo la punta de lanza de un problema que viene de lejos. Ahora el foco está en si los empleados públicos perderán el acceso a la atención sanitaria privada a través de la mutualidad, pero por el camino está esa pérdida de efectivos y las dudas sobre la transferencia de funcionarios entre administraciones en virtud de acuerdos políticos.

En el primer caso, las cifras hablan por sí solas. Según los datos de afiliación del mes de noviembre, las Administraciones públicas encadenan cuatro meses consecutivos, desde agosto, destruyendo empleo, con un total de 19.015 puestos de trabajo menos. Y, ampliando el foco, entre 2014 y 2020 se perdieron más de 8.300 empleos públicos, eso sin tener en cuenta el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Después, y como parte del esfuerzo público asociado con la pandemia, es cierto que se han ido recuperando efectivos, pero de manera insuficiente: entre 2021 y 2023 el saldo positivo en la Administración es de algo menos de 2.500 trabajadores. La previsión es que en 2024, con la nueva oferta de empleo público, se alcance un saldo positivo de 5.000 funcionarios; pero es sólo una estimación.

Porque si bien es cierto que, en los últimos años, las ofertas de empleo han ido creciendo hasta superar las 40.000 plazas este curso, lo es también que no todas las vacantes ofertadas llegan a cubrirse. En buena medida, por la falta de aspirantes y, más aún, por la falta de aspirantes cualificados para superar los procesos de oposición, algo que se da en casi todos los cuerpos de la Administración, aunque con más frecuencia entre el grupo A1.

A todo se suma que en los próximos diez años está prevista la jubilación del 60% de la plantilla de la Administración General del Estado (AGE).

Precisamente por esto, durante los meses en los que José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, estuvo al frente del Ministerio de Función Pública, trató de cambiar el sistema de acceso a la Administración. Por un lado, mediante la eliminación de la tasa de reposición —que en principio ya no debería operar en 2025— y, por otro, mediante un cambio en los procesos de ingreso que no gusta en los cuerpos superiores.

Ricardo Rubio / Europa Press

Los altos funcionarios plantean un copago para Muface si el Estado no alcanza a pagar el coste de la mutualidad

"No podemos bajar la valla para que todos salten", señalaba este lunes Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca, en un encuentro con la prensa. De acuerdo con esta organización, "todos los sistemas de acceso específicos para cada cuerpo se sustituirían por una única prueba de tipo test, algo que atentaría tanto contra la profesionalidad como contra la calidad del servicio".

Para Fedeca, la propuesta del Gobierno supone "igualar por abajo" y da al traste con los principios de igualdad, mérito y capacidad que siempre han caracterizado el acceso a la Función Pública.

Pactos políticos y transferencias

Más allá de esa pérdida de efectivos y los proyectos para el futuro inmediato, está la preocupación que genera entre el funcionariado los diversos acuerdos políticos a los que el Gobierno está llegando con partidos nacionalistas e independentistas. Y no por su naturaleza —al menos, no sólo—, sino por lo que implica para los trabajadores públicos, que no saben si pasarán a depender de otra Administración.

Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y miembro de Fedeca, expuso el caso del acuerdo entre el PSC y ERC para la cesión de los tributos a la Generalitat catalana. Eso no implica sólo "romper" la unidad de la Agencia Tributaria, deteriorando su funcionamiento, sino que pasa porque funcionarios del Estado pasen a depender de la propia Generalitat.

El Gobierno 'cuela' en la reforma fiscal un aumento del control sobre las operaciones bancarias de ciudadanos y empresas

Para Fedeca es una "quiebra" de competencias que son exclusivas del Estado para garantizar la igualdad. La federación advirtió de que esa cesión de los impuestos a otras CCAA supondría "la ruptura del sistema de información único, una herramienta fundamental para el día a día de los ciudadanos y las administraciones".

Algo similar ocurre ante la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, que conllevaría la transferencia de competencias al País Vasco sobre la habilitación nacional de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local. "Como funcionarios encargados del control financiero de los municipios, cuando ha habido que conseguir superávit, nos hemos tenido que pelear con los alcaldes", señalan desde Fedeca.

En el caso de los interventores, lo que piden desde la organización es "respeto", en tanto que su transferencia a País Vasco "va en contra de su buen hacer" y de su trabajo los últimos años. Y, por último, advierten de que si se pretende por parte del Gobierno cumplir con los nuevos objetivos de déficit, la transferencia de estos funcionarios sería un "error total".