La cuenta atrás final e irreversible para multar a España por incumplir el objetivo de déficit el año pasado ya se ha activado. Una sanción que podría ascender a alrededor de 2.000 millones de euros y la congelación de parte de las ayudas europeas en 2017. Tras muchas vacilaciones, la Comisión Europea ha aprobado este jueves un dictamen negativo que concluye que el Gobierno de Mariano Rajoy no tomó las medidas necesarias para cumplir el objetivo de déficit exigido por la UE el año pasado.

Sin embargo, los comisarios responsables del área económica, Valdis Dombrovskis y Pierre Moscovici, han intentado enviar un mensaje conciliador y han dejado claro que la sanción puede quedarse en algo meramente simbólico, sin impacto financiero. Los dos han sugerido que las reglas permiten reducir la multa a cero si España lo pide. Y han dejado claro que tendrán en cuenta el impacto de la resaca de la crisis económica y los esfuerzos presupuestarios que ya ha hecho España (y también Portugal, el otro país afectado por el procedimiento sancionador).

"La multa puede ser igual a cero", ha repetido varias veces el comisario Moscovici en rueda de prensa. Sin embargo, incluso aunque la sanción financiera se cancele, la Comisión sí está obligada a congelar parte de los fondos estructurales previstos para España en 2017. Esta suspensión no se levantará hasta que el nuevo Gobierno presente un plan de medidas de ajuste.

La rebaja de impuestos, principal motivo del incumplimiento

El dictamen de la Comisión concluye que España no adoptó "medidas eficaces" para cumplir los objetivos de déficit. En lugar del 4,2% pactado con Bruselas, el déficit español se desvió en 2015 hasta el 5% del PIB (sin contar las ayudas a la banca). Y ello pese a que el crecimiento fue del 3,2%, uno de los más altos de la eurozona. El incumplimiento se debe, según Bruselas, a la decisión del Gobierno de Rajoy de rebajar impuestos y aumentar el gasto público en pleno año electoral.

"La relajación de la política presupuestaria en 2015 tuvo un fuerte impacto en los resultados fiscales", resalta el dictamen. El Ejecutivo comunitario culpa sobre todo a la rebaja del IRPF, que supuso una pérdida de ingresos de casi el 0,4% del PIB. También critica el aumento del gasto tanto en la administración central como en las autonómicas, así como la devolución de parte de la paga extra de Navidad que se congeló en 2012.

El resultado es que el déficit estructural aumentó el año pasado un 0,7%, en lugar del recorte del 0,8% que exigía la UE. El esfuerzo fiscal estructural acumulado a lo largo del periodo comprendido entre 2013 y 2015 se estima en el 0,6% del PIB, muy por debajo del 2,7% que reclama la UE.

Bruselas admite que la inflación fue muy inferior a la prevista, uno de los argumentos esgrimidos por España para justificar el desvío en el déficit. Pero replica que el impacto negativo de la baja inflación fue contrarrestado por el fuerte crecimiento. Y el mejor comportamiento económico no se aprovechó para acelerar la reducción del déficit, sino todo lo contrario.

Fracasan las maniobras dilatorias

El Ejecutivo comunitario ha tratado de retrasar al máximo su decisión para dar un respiro a Rajoy, que ha presionado para parar la multa. El dictamen negativo tendría que haberse aprobado en mayo, pero Bruselas lo aplazó alegando que no quería interferir en la campaña electoral.

El equipo de Jean-Claude Juncker volvió a discutir el caso español (y también el de Portugal) el pasado martes, pero tampoco entonces adoptó el dictamen formal. Su intención era que no pudiera discutirse en el Ecofin del 12 de julio y que la decisión se retrasara a octubre, cuando ya haya nuevo Gobierno.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, hizo un último intento de frenar la multa este miércoles con una visita relámpago a Estrasburgo para reunirse con Moscovici y Dombrovskis.

Pero la presidencia eslovaca, muy cercana a Alemania, ha frenado las maniobras dilatorias de la Comisión. El dictamen negativo de Bruselas ya se ha transferido a los embajadores de los países miembros y Eslovaquia lo ha incluido en la agenda del 12 de julio para decisión. "Pese a la presentación tardía de la Comisión, usaremos las próximas horas y días para preparar los detalles técnicos de este punto", ha informado una portavoz. Berlín exige que el procedimiento sancionador se aplique de forma estricta.

Guindos presentará alegaciones finales

Si el Ecofin ratifica el próximo martes, como es previsible, el dictamen negativo de la Comisión contra España, empezará a correr un plazo final de 20 días para que Bruselas proponga la multa. Podría ser de 2.000 millones de euros (el 0,2% del PIB, que es el importe predeterminado), una cifra inferior o directamente cero. Ese día se inicia también el plazo de 10 días del que dispone Rajoy para presentar alegaciones. Guindos ya ha anunciado su intención de hacerlo.

El ministro de Economía sostendrá que España ya ha llevado a cabo muchos esfuerzos de reducción del déficit. En concreto, lo ha rebajado desde el 9,3% en 2011 al 5% el año pasado (sin contar las ayudas a la banca). Además, ha puesto en marcha muchas reformas económicas y ha comenzado a corregir los desequilibrios económicos. “Esas alegaciones deben llevar a la conclusión de que se cancela el procedimiento de multa o que la multa tiene que ser cero”, dijo el ministro de Economía en una entrevista a Onda Cero.

A la vez que decide sobre la multa, Bruselas está obligada a suspender parte de las ayudas europeas previstas para España el año que viene. En concreto, un máximo del 50%. España tiene asignados un total de 38.000 millones de euros en el periodo 2014-2020, es decir, alrededor de 5.400 millones anuales de media. En teoría, la suspensión afectaría a alrededor de 2.700 millones, aunque la cantidad puede rebajarse atendiendo al alto nivel de paro, algo previsto en las reglas.

La suspensión de los fondos es obligatoria, aunque la multa sea cero, como han sugerido los comisarios. Bruselas dará un plazo de tres meses al nuevo Gobierno para que presente un plan de ajustes que permita descongelar las ayudas. Si cumple, tampoco la paralización de las ayudas tendría impacto porque se levantaría antes de 2017.

Si no se alteran de nuevo los plazos, el importe final de la multa y la suspensión de las ayudas se anunciarán en la última reunión de la Comisión antes del verano, el 27 de julio. Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario confirmará la nueva senda fiscal para España y Portugal. Bruselas ya ha fijado de forma provisional nuevos objetivos de déficit del 3,7% para este año y del 2,5% para 2017. Pero el Gobierno de Rajoy está negociando una meta más alta para 2016 y concentrar todo el esfuerzo en 2017.

Ocurra lo que ocurra, a España y a Portugal les quedará el estigma de ser los primeros países en ser castigados por la UE, aunque sea sólo de forma simbólica, por el desvío del déficit.