“Es imprescindible el cumplimiento estricto de los objetivos de Bruselas”. Esta frase de Mariano Rajoy durante el debate de investidura bien podría aplicárserla a su Gobierno en funciones. Los datos de ejecución presupuestaria hasta julio muestran el descontrol de las cuentas de la Administración Central, lo que complica incluso el nuevo objetivo de cumplimiento de déficit otorgado por la Comisión Europea.
El déficit del Estado hasta julio aumentó hasta el 2,66% del PIB, con lo que se come más de la mitad de todo el margen de este año, que es del 4,6% para el conjunto de Administraciones Públicas. El matiz es importante, ya que sólo la Administración Central se ha comido ese 2,66%. Y eso que Bruselas elevó el objetivo de déficit en julio en 10.000 millones de euros (del 3,6 al 4,6%).
España tiene que reducir el déficit este año en 5.000 millones respecto al cierre de 2015, sin embargo el Estado lo ha aumentado hasta julio en 4.900 millones de euros, según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Los números no cuadran en el Ministerio de Hacienda, ya que el déficit se ha disparado hasta julio casi un 20% (en concreto un 19,6%) en términos de contabilidad nacional.
La liquidación del sistema de financiación territorial del año 2014 (que se realizó en este mes de julio) dio la puntilla a los datos del déficit, ya que supuso un gasto extra para el Estado de algo más de 6.900 millones de euros. La consecuencia es que el déficit hasta julio se quedó al borde de los 30.000 millones, frente a los 25.000 que había hace un año (lo que suponía un 2,31% del PIB).
Los datos serían mucho peores sin el aumento del PIB (Hacienda utiliza un crecimiento del 3,7% respecto al año anterior para realizar este cálculo) y también sin el importante ahorro en intereses gracias a la caída de la rentabilidad de los bonos en toda la eurozona. Si se elimina el coste de la deuda (los intereses devengados han sido casi 900 millones menos), el déficit primario hasta julio era del 1,19% del PIB, mientras que hace un año se situaba en el 0,7%, casi la mitad.
El problema de los impuestos
Las cuentas no cuadran en el Ministerio de Hacienda y el problema son los ingresos de dos impuestos que se le están cayendo al Gobierno este año: Sociedades e IRPF. El agujero del Impuesto de Sociedades es el que ha obligado a Rajoy a recuperar el pago fraccionado a cuenta (esto es, que las empresas adelantan una parte del impuesto antes de que acabe el ejercicio) que había eliminado este año. Con esta medida, el Gobierno intentaba tranquilizar a Bruselas ante un déficit que empezaba a descontrolarse (como alertó la AIReF) y elevar la recaudación este año en 6.000 millones.
Los datos así lo demuestran, ya que la recaudación por sociedades se ha desplomado este año un 85,5% hasta julio. El año pasado el Estado había recaudado 3.000 millones de euros y este año todavía no ha llegado hasta los 500 millones (en términos de caja). El Gobierno presupuestó en 2015 que este año conseguiría unos ingresos por Sociedades de unos 25.000 millones de euros, pero muchos economistas temen que no alcance los 15.000 millones.
Al problema de Sociedades se une el descenso de la recaudación del IRPF del Estado en un 13% hasta junio. Este es el principal impuesto directo, por lo que una caída de esta magnitud supone un roto en las cuentas públicas superior incluso al Impuesto de Sociedades. En concreto, la Administración Central ha perdido casi 3.500 millones de euros de recaudación por este tributo. Entre estos dos impuestos, el Estado ha perdido en torno a 6.000 millones de euros de recaudación, justo lo mismo que pretende conseguir el Ejecutivo con el pago fraccionado.