El Gobierno de Mariano Rajoy ha conseguido librarse de todas las sanciones de la UE por incumplir el objetivo de déficit en 2015 pese a que el desvío se debió a una rebaja de impuestos electoralista. En julio, Bruselas le perdonó una multa de 2.000 millones de euros y este miércoles ha decidido de forma definitiva no congelar 1.300 millones de euros de fondos estructurales, como ya adelantó EL ESPAÑOL. No obstante, la Comisión aumenta la presión sobre España para que envíe cuanto antes unos Presupuestos para 2017 con nuevas medidas de ajuste por valor de más de 7.000 millones de euros. Deben estar en la capital comunitaria "en las próximas semanas", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
"Las autoridades españolas han adoptado las medidas necesarias para que podamos considerar que ha habido una 'acción efectiva' en 2016", ha explicado Moscovici. La medida que le ha convencido ha sido la reforma del impuesto de sociedades aprobada por el Gobierno en funciones. Por eso, Bruselas ha decidido no proponer la congelación de las ayudas regionales, pese a que en teoría las reglas de la UE le obligan. "Tendríamos que ser formalistas o masoquistas para haber propuesto suspender los fondos y levantar la suspensión dos minutos después", ha alegado el comisario de Asuntos Económicos. La no congelación de los fondos es una "buena noticia" para España, cuya economía necesita especialmente la inversión de Bruselas, ha resaltado.
La decisión de este miércoles no significa que España esté ya fuera de peligro en materia de sanciones por el déficit. El Ejecutivo comunitario ha publicado sus opiniones sobre los presupuestos para 2017 de todos los países de la eurozona. Se trata de un ejercicio que se realiza cada año por estas fechas y cuyo objetivo es coordinar las políticas fiscales y prevenir desfases presupuestarios que puedan desencadenar una nueva crisis de deuda. En el caso de España, Bruselas ha examinado las cuentas prorrogadas que le remitió el Gobierno de Rajoy a mediados de octubre, cuando todavía estaba en funciones.
Y el dictamen es de nuevo negativo. Nuestro país corre de nuevo el riesgo de incumplir el Pacto de Estabilidad y por eso la Comisión ha exigido recortes adicionales de forma urgente para garantizar que se respete el objetivo comprometido de reducir el déficit al 3,1% en 2017.
Si no se adoptan medidas, el desfase en las cuentas de España se disparará el año que viene hasta el 3,8%, según las últimas previsiones de Bruselas. Es decir, siete décimas más que la meta prevista, equivalentes a un ajuste de más de 7.000 millones de euros. Por encima de los 5.000 millones previstos inicialmente. España registrará en 2017 y 2018 (3,2%) el déficit público más alto de toda la UE, lo que le hace especialmente vulnerable a un cambio de sentimiento en los mercados.
Además de presentar cuanto antes un Plan Presupuestario actualizado con los recortes exigidos, el Ejecutivo comunitario reclama a Rajoy otras dos medidas: una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para reforzar los controles sobre las comunidades autónomas que se desvíen del déficit y una mejora de la normativa sobre contratos públicos con el fin de aumentar la transparencia y reducir los casos de corrupción.
Bruselas mete prisa para los recortes
El nuevo aviso de la UE llega cuando el Gobierno apenas acaba de iniciar los contactos con el resto de partidos políticos para pactar los Presupuestos de 2017. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha prometido a Bruselas que enviará un primer borrador acordado en cuestión de semanas, a finales de este mes. Pero los avances en España son muy lentos y ni siquiera se ha aprobado aún el techo de gasto.
Además, los grupos con los que Rajoy pretende consensuar los Presupuestos, como Ciudadanos o el PSOE, reclaman un aumento del gasto y se resisten a hablar de recortes. El Eurogrupo ya ha avisado a España de que tendrá que hacer ajustes con carácter permanente en 2017 independientemente de cuál sea el crecimiento, y ha recomendado una subida del IVA. Pero los ministerios de Economía y Hacienda alegan que la mejora de las cifras de PIB permitirá sortear los ajustes. De hecho, Guindos prevé que la economía se expanda el año que viene un 2,5%, mientras que Bruselas es menos optimista y rebaja la cifra al 2,3%.
La UE cuenta con armas potentes para obligar a España a realizar el esfuerzo presupuestario exigido. Pese a librarse de la multa en julio, la economía española está sujeta a una vigilancia reforzada de Bruselas. Si el Gobierno de Rajoy no aprueba las medidas exigidas para cumplir el déficit en 2017, la Comisión podría imponer de forma casi automática una sanción reforzada de hasta el 0,5% del PIB, es decir, más de 5.000 millones de euros. Y congelar un porcentaje superior de las ayudas europeas. Guindos y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuentan con poco margen de maniobra ya que el Eurogrupo desconfía de sus cifras tras el incumplimiento de 2015. El próximo examen será ya el año que viene con las cuentas aprobadas y los datos definitivos de déficit.
España cumple en 2016
De momento, el Ejecutivo comunitario está satisfecho con los ajustes aprobados por Rajoy mientras estaba en funciones. Sobre todo, la reforma del impuesto de sociedades, pero también el cierre anticipado de los Presupuestos de 2016 o los acuerdos de no disponibilidad en la administración central y las autonómicas. El impacto acumulado es de 10.000 millones de euros y permitirán que España cumpla el objetivo de déficit del 4,6% este año, aunque la Comisión ve todavía riesgos.
Estaban en juego 1.300 millones de euros de fondos europeos correspondientes a 2017 para financiar proyectos de infraestructuras, medio ambiente o I+D+i. Guindos alertó la semana pasada en la Eurocámara, su principal aliada para escapar del castigo de Bruselas, de que la suspensión de las ayudas comunitarias tendría "efectos económicos perversos", pero sobre todo "afectaría al ánimo y a la moral" de los ciudadanos tras los esfuerzos realizados para salir de la crisis y "reduciría el sentimiento europeísta de España".
Estos argumentos han influido en la Comisión Europea y han permitido que España se libre de todos los castigos por el desvío del déficit. Aunque en teoría las reglas le obligan, Bruselas no quiere adoptar sanciones que pongan en riesgo la frágil recuperación económica ni dar munición a los populismos que proliferan en la UE y que se han visto impulsados por el brexit y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.