Nunca antes los diputados habían discutido en el Congreso permitir a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La antigua Convergència llevó a la Comisión de Empleo esta propuesta inaudita el miércoles y contó además con el apoyo tajante de los partidos nacionalistas PNV y Esquerra Republicana, pero con la oposición en bloque de los partidos nacionales. Todos ellos dieron el no a la propuesta del partido catalán, ya que consideran que atenta contra la igualdad de todos los trabajadores que exige la ley.

Partido Popular, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos criticaron duramente la propuesta, pero para los partidos nacionalistas sería una medida de justicia social. “Un salario mínimo igual en toda España es terriblemente injusto”, denunció Carles Campuzano, portavoz de Convergència, “ya que en algunas regiones los ciudadanos tienen un coste de vida más alto”. En efecto, el poder adquisitivo del salario mínimo, que en 2016 es de 655,20 euros, no es el mismo para todos los españoles, lo que atentaría contra la igualdad que exige la ley.

Simplemente hacer frente al pago de la vivienda o del alquiler en los diferentes territorios ya supone una diferencia sustancial. A esto hay que añadir el coste de los servicios o incluso de los impuestos que se pagan, reclamó Campuzano. El PNV defendió que las comunidades con más rentas y también un coste de vida más alto para sus ciudadanos, puedan elevar el salario mínimo por encima del nivel que fija el Gobierno para el conjunto del país.

Un salario mínimo igual en toda España es terriblemente injusto

“Pido que los organismos autonómicos puedan adaptar el SMI a los costes efectivos de la vida en su territorio”, explicó el diputado de la formación vasca, Iñigo Barandiaran. En su opinión, el salario mínimo que se aprueba para el conjunto del país “condena a la pobreza incluso a quien cobra ese mínimo” en algunas regiones, por lo que no cree que esta medida vaya en contra de la igualdad de todos los trabajadores. “Estamos de acuerdo con que una comunidad autónoma puede poner un salario mínimo más alto”, protestó el diputado de Esquerra Jordi Salvador, “no entiendo cómo se puede ir en contra".

‘Dumping social’

Los partidos nacionales se opusieron en bloque a la iniciativa de Convergència apelando a la igualdad de todos los trabajadores españoles, sean de donde sean. No solo eso, la opinión generalizada de estas formaciones es que fragmentar el salario mínimo podría llevar a que las diferencias de renta entre las distintas regiones se ampliaran más, lo que aumentaría la desigualdad entre los distintos territorios. “Si seguimos por esta senda, cada vez tendremos más desigualdad entre comunidades y, por tanto, entre las personas de este país”, denunció Isabel Franco, diputada de Unidos Podemos.

Para el PSOE, esta propuesta “vulnera el principio de igualdad que propugna la Constitución, en artículos como el 139,1 y el 149,7. No podemos admitir que haya trabajadores de primera y de segunda en función de dónde les haya tocado trabajar”.

No podemos admitir que haya trabajadores de primera y de segunda en función de dónde les haya tocado trabajar

Los populares rechazaron la medida pensando en las empresas y la ruptura de la unidad de mercado que podría generar. “La medida contribuiría a agravar la segmentación del mercado de trabajo español y limitaría la flexibilidad interna de las empresas a la hora de establecer su política retributiva”, lamentó.

Por su parte, Podemos teme que esta medida podría ir en contra de los intereses de los trabajadores porque, en vez de contribuir a elevar el salario mínimo, provocaría justo lo contrario. La formación cree que se favorecería una competencia entre comunidades para bajar el salario mínimo y así atraer a las empresas a su territorio. Este dumping social que denunció la diputada de la formación podría terminar en salarios más bajos para todos.

Mileuristas

La propuesta de Convergència fue transaccionada por los partidos y finalmente reformulada con el objetivo de instar al Gobierno a elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta un mínimo de 12.000 euros anuales en 2020. Esta Proposición No de Ley (PNL) contó con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y el propio partido catalán, mientras que Ciudadanos decidió abstenerse y el PP votó en contra.

De esta forma, en los próximos tres años todos los trabajadores deberían ser mileuristas. Es el primer paso de los partidos de la izquierda, que tienen el objetivo de alcanzar lo antes posible la Carta Social Europea que determina que el salario mínimo debe situarse en el 60% del salario medio. El salario neto medio en España fue de 22.858 euros en 2014 (último dato disponible en el INE), lo que significa que, para alcanzar el 60%, el salario mínimo tendría que ser superior a los 13.700 euros anuales.

El texto finalmente aprobado recoge la "preocupación por el grave aumento de las desigualdades a causa, entre otras, de la disminución de las rentas salariales en el PIB", por lo que insta a adoptar el plan de subida salarial mencionado. Este deberá desarrollarse en acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales, en diálogo con las administraciones autonómicas, y plasmarse en un calendario que feche este incremento "continuado" del Salario Mínimo Interprofesional.