La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha propuesto en la Comisión del Pacto de Toledo que las reducciones directas en las cotizaciones a la Seguridad Social se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado como el resto de bonificacioens. Báñez ha explicado que su intención es "trasladar las reducciones a bonificaciones". El Sistema de la Seguridad Social perderá este año en torno a 2.100 millones de euros por estas reducciones, lo que supone una importante merma de ingresos que ahora podría recaer sobre el Presupuesto y no sobre la caja única de la Seguridad Social. El último dato del cierre de ejercicio disponible es de 2015, año en el que las reducciones tuvieron un coste de 1.921 millones de euros. 

Actualmente estas reducciones en las cotizaciones suponen una merma de ingresos del Sistema de la Seguridad Social pero, si sale adelante la propuesta del Gobierno, esta carga recaerá sobre los Presupuestos, como ocurre con el resto de bonificaciones. En otras palabras, se realizará una transferencia desde los Presupuestos a la Seguridad Social para asumir esta merma de ingresos.

Las reducciones en las cotizaciones y otras tarifas planas que se han aprobado en los últimos años tenían un objetivo claro: crear empleo. Por este motivo, los sindicatos han asegurado que estas medidas son políticas activas de empleo, por lo que deberían pagarse con cargo a Presupuestos. Báñez ahora coincide con los sindicatos y por este motivo propone que no recaiga sobre el Sistema de la Seguridad Social estas políticas de empleo del Gobierno.

Al fin y al cabo se trata de políticas de empleo y no de la solidaridad generacional que supone el sistema de pensiones. Por ejemplo, el Partido Popular prometió durante la campaña electoral ampliar a dos años la reducción de cotización de los primeros 500 euros para las empresas que realicen contratos indefinidos que supongan un aumento de la plantilla. Una medida que estimula la creación de empleo, pero que para muchos no debería financiar la Seguridad Social, sino el Presupuesto.

Para elevar los ingresos del Sistema, Báñez ha abierto la puerta a elevar las contribuciones voluntarias de los autónomos. Una opción que siempre sería voluntaria, esto es, no incluiría un aumento de la cotización obligatoria de los autónomos. 

Nuevas fuentes de financiación

La ministra ha buscado el acuerdo con el resto de los grupos políticos para alcanzar un consenso mayoritario en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. "Es la hora del Parlamento y es la hora del diálogo social", y ha anunciado que "impulsará, de forma paralela a los trabajos de la Comisión, espacios de diálogo entre sindicatos y la patronal para fortalecer el sistema de pensiones".

Báñez ha rechazado "cambiar la naturaleza de algunas prestaciones", ya que en las últimas semanas habían circulado rumores sobre la intención del Ministerio de sacar las pensiones de viudedad y orfandad del Sistema de la Seguridad Social y llevarlas a los Presupuestos. Esto significa que ninguna de las dos prestaciones cambiarán su naturaleza, aunque se paguen con cargo a los Presupuestos.

De hecho, Báñez ha propuesto "avanzar en las fuentes de financiación", con lo que abre la puerta a que se incrementen las transferencias de los Presupuestos para que se haga cargo de estas prestaciones u otras, pero siempre dentro de la Seguridad Social. También ha anunciado que pretende "continuar priorizando la lucha contra el fraude" para garantizar que la Seguridad Social no pierde ingresos por la economía sumergida.

La ministra también ha defendido que los ciudadanos en edad de jubilación puedan seguir trabajando y compatibilizarlo con el cobro del 100% de la pensión. "Limitar la vida activa de millones de españoles no tiene sentido", ha asegurado Báñez, "La compatibilidad voluntaria del empleo y la pensión reforzaría las oportunidades de las personas y la oportunidad de nuestro país para competir en el mundo".

En concreto hay 31.500 empleados que compatibilizan el trabajo con la prestación actual del 50%. La mayor parte de ellos son autónomos, el 85%. Esto también permite crear trabajo, ya que estos beneficiarios soportan actualmente 14.300 empleos. 

"Soy optimista"

Báñez ha hecho un llamamiento a que los españolas se sientan "orgullosos" de que "los españoles tengan un sistema de los más avanzados, más sólidos y más generosos de la OCDE". Por este motivo, ha pedido a los pensionistas "que estén tranquilos", ya que la prestación está asegurada.

"La garantía del Sistema, al final, es el Estado en sí mismo", con lo que ha querido despejar todas las dudas sobre el futuro de la prestación. De este modo pone el Presupuesto General del Estado como respaldo último de las prestaciones.

La ministra ha recordado que el problema demográfico que afronta ahora el Sistema se debe al efecto del baby boom, y que "desaparecerá a partir de 2050". Esto significa que "nos enfrentamos a un reto importante, pero que también tiene una duración limitada". Este hecho tiene que tenerse en cuenta a la hora de adoptar decisiones, ha remarcado Báñez.

El principal problema del agujero de las pensiones se debe a la "destrucción masiva e 3.300.000 empleos", ha matizado la ministra, por lo que la recuperación del mercado laboral será la solución. "El 70% del deterioro neto del Sistema se ha producido por la destrucción de empleo" y la consiguiente merma de ingresos por cotizaciones, ha remarcado la ministra. Por eso, su principal objetivo es llegar a 20 millones de empleos para 2020.