El Consejo de Ministros ha aprobado la trasposición de una directiva europea que obligaba a revisar la normativa de la contratación pública que para Bruselas es demasiado opaca y poco eficaz. Entre las medidas que ha aprobado el Ejecutivo y que llevará al Congreso para aprobarlo de forma urgente se incluye la de suprimir la modalidad de contratación de negociado sin publicidad, esto es, el heredero de la adjudicación directa.

Este tipo de contratación, que se utiliza en contratos de una cuantía limitada, la administración que realiza la adjudicación selecciona a un número reducido de empresas para que realicen su oferta, por lo que el contrato no se hace público. Esta modalidad era una de las principales críticas de la Comisión Europea, ya que generaba mucha opacidad en la contratación pública. Esta es una de las medidas traspuestas a España y que tienen como objetivo elevar la transparencia en la contratación pública.

España debía trasponer esta directiva antes del 18 de abril, como explicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, algo que no pudo cumplirse por la falta de Gobierno. Para acelerar la tramitación, el Ejecutivo lo hará por la vía de Urgencia en el Congreso.

Facilitar el acceso a las pymes

Otra de las novedades importantes incluidas en la trasposición de la directiva es la de facilitar el acceso de las pymes a la contratación pública. Para ello, la nueva normativa promoverá que los contratos "se dividan en lotes para el acceso a las pymes", ha remarcado Méndez de Vigo.

La nueva normativa también estimulará la responsabilidad social de las empresas. Las compañías que respeten el medio ambiente tendrán una puntuación extra de cara a los concursos y también las que promuevan la igualdad de género y la protección a las personas en discapacidad.

La trasposición de la directiva también incluye el avance hacia la digitalización en los contratos. Una vez que entre en vigor, las operaciones se realizarán obligatoriamente por vía electrónica. También se adoptan medidas para reducir la burocracia, como por ejemplo, las compañías que formen parte del sistema público de contratación, no tendrán que volver a presentar toda la documentación para cada contrato.