“El sistema de pensiones es perfectamente sostenible a largo plazo”. Con esa contundencia se pronunció Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Esta afirmación contrasta con el temor de la sociedad sobre el futuro de la Seguridad Social, pero el catedrático asegura que el modelo es sostenible después de la última reforma de 2013 del Partido Popular. ¿Cómo es posible que tenga tanta fortaleza? La solución es fácil: las pensiones bajarán lo que sea necesario hasta equilibrar los ingresos a los gastos.

En otras palabras, los ciudadanos no tienen que estar preocupados por quedarse sin pensión, pero sí por la cuantía de la prestación que vayan a recibir. Los dos primeros catedráticos en intervenir en la Comisión del Pacto de Toledo han coincidido en alertar a los diputados de las consecuencias de las dos últimas reformas de las pensiones, la de 2011 del PSOE y, en especial, la de 2013 del PP. Las medidas introducidas forzarán a una caída paulatina de la capacidad adquisitiva de las pensiones que en 2050, año del pico del baby boom podrían llegar a caer entre un 35 y un 45%. “En el largo plazo el sistema no tendría ningún problema porque las pensiones se ajustarán a la baja hasta que se solucione el déficit”, alertó Zubiri.

Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid recomendó a los diputados partir de una hipótesis para la próxima reforma que se tiene que realizar: “Mantener el nivel de suficiencia que tenemos ahora, con el coeficiente entre el nivel medio de las pensiones y el nivel medio salarial en el 50%”. Esto significa que en el futuro, la pensión media siempre se mantenga en el entorno del 50% del salario medio, lo que obligaría a revalorizar las prestaciones al mismo ritmo que los salarios para evitar que pierdan poder adquisitivo respecto al nivel actual.

En el largo plazo el sistema no tendría ningún problema porque las pensiones se ajustarán a la baja hasta que se solucione el déficit

Los dos expertos coinciden en la necesidad de desmontar los dos principales puntos de la reforma de 2013: el Índice de Revalorización de las Pensiones, que vincula el aumento de la prestación a la salud financiera del sistema y el Factor de Sostenibilidad (que lo introdujo el PSOE en 2011 y que no llegó a concretarse hasta la reforma del PP), que vincula la cuantía de la pensión a la esperanza de vida del trabajador en el momento de su jubilación.

Tanto Ruesga como Zubiri recomiendan eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones para evitar que las pensiones pierdan capacidad de poder adquisitivo y se vinculen a otros indicadores, como el IPC o los salarios. Zubiri alerta que si se mantiene tal y como está, las pensiones se revalorizarán el mínimo fijado por la reforma, del 0,25% al menos hasta 2024 y desde entonces crecerá algo más, pero siempre por debajo del IPC. Esto significará que durante las próximas décadas los jubilados irán perdiendo poder adquisitivo cada año, de modo que cuanto más ancianos sean, menor será su pensión real.

Desde el día en que se jubile hasta el día en que se muera, el pensionista será un 36% más pobre

El catedrático estima que “desde el día en que se jubile hasta el día en que se muera, el pensionista será un 36% más pobre”. Esto condena al país a tener “una población envejecida y empobrecida”, alerta Zubiri. En cuanto al Factor de Sostenibilidad, que ajusta la primera pensión que cobra el jubilado a su esperanza de vida, Ruesga recomendó a los diputados buscar “otro sistema paramétrico” que permita un ajuste mucho más suave. “Tenemos el dudoso honor de tener el sistema de ajuste más duro de toda la Unión Europea”, lamentó Zubiri.

Más recursos

Los dos catedráticos coincidieron en sus ponencias en la necesidad de dotar de más recursos a las pensiones, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los mayores en los niveles actuales. Para conseguirlo será necesario gastar en torno a un 15% del PIB en los momentos de mayor gasto del sistema, desde el entorno del 10% actual. En números redondos, la Seguridad Social necesitará entre 35.000 y 45.000 millones más para asumir el coste futuro de las prestaciones.

Los números demuestran que será imposible generar un ingreso del 15% del PIB solo con cotizaciones sociales, por lo que Zubiri y Ruesga recomiendan que la futura reforma avance hacia un modelo mixto de financiación de la Seguridad Social. Esto es, complementar los recursos generados por las cotizaciones con la recaudación de los impuestos (a través de transferencias de los Presupuestos Generales del Estado).

El objetivo es que el sistema de la Seguridad Social pueda elevar sus recursos hasta alcanzar el 15% del PIB en las próximas décadas. “Pretender que España gaste menos de un 15% del PIB en pensiones es tremendamente injusto y condena a tener unas prestaciones muy bajas”, alertó Zubiri.

Pretender que España gaste menos de un 15% del PIB en pensiones es tremendamente injusto y condena a tener unas prestaciones muy bajas

Entre las soluciones que conviene adoptar a corto plazo para solucionar el grave déficit de más de 16.000 millones del sistema, los dos catedráticos recomendaron una subida de las cotizaciones sociales, en especial la que soportan directamente los trabajadores. Las cotizaciones actuales son del 28,3% del salario de los trabajadores y la mayor parte, el 23,6% recae sobre las empresas, mientras que el 4,7% restante lo soporta directamente el trabajador. Es este segundo tipo el que está por debajo de la media europea, por lo que los dos expertos recomiendan que asuma la mayor parte de la subida.

Subir las cotizaciones sociales en dos puntos aportaría en torno a 7.000 millones de euros a la Seguridad Social y tendría un importante efecto redistributivo, ya que aportarían más los trabajadores con mayor salario.

Otra opción que se plantean los sindicatos y algunos partidos es eliminar el tope máximo de cotización que existe actualmente, lo que popularmente se conoce como destope. Actualmente, la base máxima de cotización es de 3.642 euros mensuales, a partir de ahí, el resto del salario no aporta a la Seguridad Social. Eliminar este tope permitiría recaudar en torno a 7.500 millones de euros. Sin embargo, los dos expertos se mostraron reticentes con esta medida, ya que cargaría el déficit del sistema solo sobre las rentas altas, con lo que perdería solidaridad. Además, esto obligaría a destopar también las pensiones máximas, lo que a la larga elevaría los gastos de la Seguridad Social.

El milagro del empleo

El discurso del Gobierno está anclado en que el problema que atraviesa el sistema de pensiones se debe a la pérdida de empleos, por lo que cuando se recupere, la situación se corregirá. Los dos expertos criticaron esta visión optimista de las cotizaciones sociales. La pirámide poblacional y el aumento de la esperanza de vida provocarán que en 2050 haya en torno a 6 millones de pensionistas más de los que hay actualmente, que son 9 millones.

Tal incremento en el número de jubilados no puede soportarse con la creación de empleo, por lo que el sistema necesitará una fuente extra de financiación en los Presupuestos. Para mantener el nivel actual de las pensiones “sería necesario crear en torno a 13,5 millones de puestos de trabajo”, calcula Zubiri, frente a los 18 millones de empleos actuales. Las necesidades contrastan con las estimaciones de la Comisión Europea que señalan que el número de empleados oscilará entre los 18 y los 19 millones, esto es, no se superarán los niveles previos a la crisis. “Yo soy un poco más optimista, pero no tanto como para pensar que la creación de empleo permitirá mantener las pensiones actuales”, explica el catedrático de la Universidad del País Vasco.

Mientras los ingresos de la Seguridad Social se apoyen en los salarios, van a estar relativamente ralentizados

Los ingresos por cotizaciones dependen de dos factores: del número de cotizantes y del montante de los salarios. ¿Podrían ser los salarios la solución al problema de las pensiones? Ruesga cree que este escenario es demasiado iluso. “La estructura económica de España tiene una baja capacidad para elevar la productividad”, señaló Ruesga, “nos encontramos con una línea casi plana en comparación con Alemania o Francia en los que sí crece”. El resultado de la baja productividad es que los salarios crecerán muy poco, de modo que “mientras los ingresos de la Seguridad Social se apoyen en los salarios, van a estar relativamente ralentizados”.

Estos dos factores unidos hacen que la recuperación cíclica de la economía no sea una solución para el problema de la Seguridad Social. Llevar la recaudación de las cotizaciones más allá del 11% del PIB será prácticamente imposible, por lo que España tendrá que bajar las pensiones o destinar recursos de los impuestos a financiar las prestaciones.