La cuestión de la financiación autonómica ha sido en los últimos años una fuente de discusión entre las diferentes comunidades autónomas. En el recuerdo de todos los españoles está la polémica de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con los 3.000 millones que pagan los madrileños para pagar la Sanidad y la Educación de los andaluces o las acusaciones de los líderes catalanes del dinero que aportan al resto del país.

Todos los partidos políticos coinciden en que en esta legislatura será necesario reformar el sistema de financiación autonómica y los expertos de Fedea y Fiop han realizado un decálogo de propuestas que se encuentren en la base de esta reforma. Para elaborar esta proposición, las dos organizaciones han contado con la participación de un gran número de expertos y han bautizado la propuesta como el Decálogo de S’Agaró.

Hemos intentado esbozar un sistema en el que se encuentren cómodos todos, incluida Cataluña”

“Hemos intentado esbozar un sistema en el que se encuentren cómodos todos, incluida Cataluña”, ha explicado Anna Balletbó, presidenta de Fiop, durante la presentación del decálogo. “El objetivo de este trabajo está en conseguir que las comunidades autónomas puedan tener en el marco del estado una situación cómoda; cuando la gente está cómoda no se discute marcharse”, ha remarcado Balletbó.

“Esta reforma es muy importante, tiene que conformar uno de los pactos de Estado que tienen que plantearse en este momento en España”, ha señalado José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España.

1. Transparencia. Este es uno de los puntos que generó un consenso pleno entre todos los expertos: el futuro sistema tiene que ser transparente, esto es, “que la gente lo entienda y lo comparta y que no haya misterios”, explicó Balletbó. Solo con un sistema trasparente será posible evitar situaciones como las que ocurren actualmente en las que las autonomías se acusan de poner más recursos.

2. Criterios claros de reparto. Para Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, es imprescindible “fijar criterios claros de reparto y nivelación y aplicarlos”. Los expertos coinciden en que existe una regla de reparto que se ha vulnerado para cada autonomía aplicando excepciones que han hecho que el sistema no sea predecible. Para evitar esta situación y que el reparto sea claro proponen fijar un sistema claro de nivelación, esto es, de reparto de los recursos entre las diferentes regiones. El sistema de reparto que se fije tendría que respetarse, con lo que los políticos de turno no podrían aplicar excepciones para beneficiar a unas comunidades o a otras.

Aquí surge un punto de divergencia entre los expertos: el principio de ordinalidad. Esto significa que las comunidades que más aporten no sean las que menos reciben del sistema, sino que se respete el orden. Eso sí, respetando el criterio de nivelación, de modo que todas las autonomías cuenten con recursos para financiar los servicios de los ciudadanos. Sin embargo, este principio de ordinalidad ha generado mucha polémica entre los expertos y no se ha alcanzado ningún consenso. Hay quien considera que romper este principio permitiría dar más recursos a las regiones con menos renta, lo que ayudaría a igualar la situación entre las distintas comunidades.

3. Responsabilidad Fiscal. Los expertos creen que las autonomías tienen que asumir más responsabilidades sobre sus ingresos y sus gastos. El objetivo es cortar el incentivo perverso que tienen actualmente las autonomías para elevar el gasto, ya que ellas no asumen el coste político de la recaudación. Por este motivo, la propuesta incluye traspasar algunos impuestos a las comunidades autónomas para que sean ellas quienes “paguen el coste político de subirles los impuestos a sus ciudadanos”, ha explicado de la Fuente.

4 Equilibrio vertical, esto es, introducir algún sistema que garantice un cierto equilibrio en el reparto de recursos entre el Estado y las comunidades para “que las dos tengan niveles de cobertura parecidos”.

5. Mejorar la medición de las necesidades. Este es un punto clave. ¿Cuánto dinero necesitan las autonomías para financiar todas las competencias que tienen transferidas? Los expertos creen que hay que mejorar la forma de calcular el montante que necesitan para realizar una distribución de recursos más eficiente.

6. Gradualidad. En este punto también hay un acuerdo generalizado. Cualquier reforma que se adopte en el sistema tiene que aplicarse de forma paulatina con el objetivo de que “nadie pierda en términos absolutos”. Esto es, si hay una comunidad autónoma que esté sobrefinanciada y en el nuevo sistema tenga que recibir una cuantía inferior, si se hace de forma gradual se podrá alcanzar el nuevo equilibrio subiendo la financiación de las comunidades que menos tienen. De este modo no sería necesario retirar recursos a ninguna región, sino que el ajuste se realizaría dando más recursos a las regiones que lo necesiten.

7. Las particularidades. En España hay dos comunidades que tienen un sistema propio, Navarra y País Vasco. Ninguna de las dos está en el Régimen Común, sino que tienen sus sistemas forales. Para los expertos se pueden mantener estas particularidades “siempre que no supongan privilegios”. Esto es, la reforma tendría que afectar a todas las regiones aunque no se eliminen formalmente las particularidades de algunas comunidades.

8. Gestión tributaria compartida. Esta propuesta se asienta en especial sobre el criterio de la mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. Fedea y Fiop proponen que la gestión de la recaudación se realice desde una Agencia Tributaria común que esté gestionada entre las autonomías y el Estado.

9. Crear un fondo de estabilización. Este fondo realizaría una labor similar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones) que funciona actualmente. Ahí se acumularían los superávit que se generasen en los momentos de expansión económica con el objetivo de utilizar este dinero cuando caiga la recaudación. Sería el mecanismo para “ahorrar en tiempos prósperos para mantener los servicios fundamentales en épocas de crisis”, ha explicado de la Fuente.

10. Desmontar el FLA. Por último, los expertos coinciden en desmontar gradualmente el Fondo de Liquidez Autonómica. Este instrumento, junto con el Fondo de Pago a Proveedores, se crearon durante la crisis para resolver los problemas de la baja financiación de las autonomías que hacía que no pudiesen pagar los servicios básicos. Esta solución es “un parche” ha reconocido de la Fuente, por lo que no puede convertirse en una solución estructural.