Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones, pero no todos cuentan con el mismo gasto sanitario. De hecho, las enormes diferencias entre las distintas regiones ponen de manifiesto el grado de desigualdad que sufren los ciudadanos españoles en función de su comunidad autónoma. La asimetría es tal que el gasto sanitario por cada andaluz fue de 1.041 euros en 2014 y el del País Vasco alcanzó los 1.584 euros. Por cada dos euros de gasto en Andalucía, en el País Vasco hay tres. Una diferencia del 52%.
Andalucía y el País Vasco son los dos extremos del gasto sanitario per cápita, pero entre las dos hay una gran disparidad que refleja la desigualdad de las distintas autonomías. Así lo pone de relieve un informe de la agencia de calificación Standard & Poor’s en el que analiza la situación de la Sanidad en las distintas autonomías. Como regla general en el noroeste de España es donde se registran los niveles más altos de gasto sanitario y, el sureste, los más bajos. En Baleares y en la Comunidad Valenciana el gasto sanitario per cápita es inferior a 1.200 euros, mientras que en Asturias, Navarra o Cantabria, supera los 1.400 euros.
También hay algunas excepciones reseñables. La más clara es la de Extremadura, que tiene el segundo nivel de gasto sanitario más alto de España, con 1.452 euros per cápita, sólo superado por el País Vasco. También sorprende el caso de la Comunidad de Madrid, con el segundo gasto sanitario más bajo por habitante con 1.170 euros. No sorprende que el País Vasco y Navarra estén en los primeros puestos, dado su concierto económico especial que dota de más recursos a las dos autonomías.
Pero las asimetrías entre las comunidades no se acaban aquí. De hecho, hay un problema que es mayor que la divergencia en el gasto sanitario per cápita: el esfuerzo presupuestario que tiene que realizar cada autonomía para mantener la calidad de su sistema. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana destinó en 2014 algo más del 57% de sus ingresos operativos a financiar la sanidad, el segundo esfuerzo más alto de todas las autonomías y, a pesar de ello, tuvo el cuarto menor gasto per cápita, con 1.197 euros por habitante.
Estos datos reflejan bien que el gasto per cápita es el reflejo de un problema mayor, la desigualdad en la financiación de cada autonomía. Otro ejemplo muy ilustrativo es el de Cantabria y Andalucía, dos regiones que emplean prácticamente la misma parte de sus ingresos a financiar la Sanidad, el 46%. Con el mismo porcentaje, el gasto per cápita de Andalucía no llega a 1.050 euros y en Cantabria supera los 1.400 euros. Por el contrario, Murcia tiene que destinar el 63% de sus ingresos, casi 20 puntos más, para lograr el mismo gasto por habitante.
“Consideramos que el sistema no asigna a las regiones los recursos de forma que estén correlacionados con sus necesidades relativas, o con un patrón de equiparación”, advierte S&P. Además, este “gasto dispar” entre las diferentes autonomías “hace más difícil que se cumpla un principio clave del estado de bienestar en España: que todos los ciudadanos tengan el derecho a recibir los servicios básicos de salud en una calidad equiparable con independencia de su lugar de residencia”. Hasta S&P pone en duda la legalidad de esta situación.
Una mala planificación
La crisis ha pasado factura a la Sanidad pero, a pesar de todo, el gasto per cápita sigue siendo más alto que el que había en 2007. El techo del gasto se produjo en 2009 y desde entonces hasta 2014 se contrajo algo más de un 10%. Todas las autonomías han recortado su presupuesto destinado a Sanidad, salvo una, Cantabria, que lo ha elevado en torno a un 3%.
Andalucía es la tercera que más ha recortado su partida Sanitaria, y eso que ya era en 2009 la comunidad con menos gasto per cápita. Pero en ese año todavía destinaba 1.250 euros por cada andaluz, por los 1.041 de 2014. El mayor descenso del gasto sanitario se produjo en Castilla La-Mancha, principalmente durante el gobierno de María Dolores de Cospedal, que redujo la partida de Sanidad en casi un 20%.
A pesar de todos los esfuerzos para controlar el gasto sanitario, prácticamente todas las autonomías han demostrado una mala previsión de sus necesidades, lo que ha provocado importantes desfases en esta partida. El caso más grave es el de Murcia, que cada año se desviaba en torno a un 20% del gasto presupuestado. Esta es la media entre 2007 y 2014, lo que significa que algunos años la planificación fue mucho peor y en otros, mejor.
De media durante estos siete años, las autonomías gastaron un 7% más de lo presupuestado. El País Vasco fue la única región que se mantuvo en el nivel planificado, pero otras regiones como La Rioja o Baleares se desviaron en un 19% y un 17% respectivamente. Los peores años fueron 2009 y 2011, en los que se gastó un 9,3% y un 9,4% más de lo que estaba presupuestado en las cuentas autonómicas.
Misión imposible
Standard & Poor’s reconoce que para las regiones es muy complicado controlar el gasto sanitario, ya que la mayor parte de los factores que hacen oscilar el gasto están fuera de su control. Las autonomías tienen que hacer frente a nuevos tratamientos y medicamentos que exigen un esfuerzo económico mayor. Además, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida también elevan la demanda de servicios sanitarios.
Las autonomías también tienen que cumplir con unos estándares mínimos comunes que hacen que los gastos sean rígidos y dejen poco margen a la discrecionalidad de los gobiernos regionales. Por último, S&P señala los “costes políticos” de recortar en Sanidad. Cualquier gobierno que toque esta partida sufrirá el rechazo de la sociedad, por lo que es complicado mantener los recortes.
Por este motivo, la agencia de calificación pide revisar la financiación autonómica como única solución para igualar el gasto sanitario per cápita y el porcentaje del presupuesto que tiene que destinar cada región a esta partida. Para S&P es posible crear un sistema sostenible, pero para lograrlo es imprescindible crear “mecanismos para moderar la demanda y reducir el exceso de gasto”, por ejemplo, recetar medicamentos genéricos o eliminar tratamientos innecesarios.
También considera fundamental establecer un sistema de planificación que incorpore las tendencias demográficas: la población envejece y cualquier sistema sanitario público tiene que tener en cuenta este factor. La Sanidad pública será sostenible cuando cuente con los mecanismos para adaptarse a la edad de la población. Pero S&P advierte de que “mayores ingresos no necesariamente se traducirán en reducción de los déficits, es necesario adecuar el control de los gastos”.