El Gobierno confía en que la subida de los impuestos que anunció el viernes para elevar la recaudación en unos 7.000 millones de euros sea suficiente para cumplir con el ajuste de 15.000 millones que exige la Comisión Europea para el próximo año. Así se lo ha trasmitido a los partidos políticos con los que está negociando la aprobación de los Presupuestos para el próximo año. Sin embargo, el esfuerzo que tiene que acometer el Estado genera ciertas dudas entre los expertos, ya que la mayor parte del esfuerzo recae sobre la Administración Central, que tiene que reducir su déficit en 11.000 millones de euros, y la Seguridad Social, que tiene que ajustar 3.000 millones.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda cuenta para 2017 con un comodín, las corporaciones locales. La aplicación estricta de la regla de gasto con los ayuntamientos volverá a provocar que cierren el año con superávit, lo que servirá para compensar posibles desviaciones en el resto de administraciones.
El caso más evidente es el de los Fondos de la Seguridad Social, que en un entorno de ingresos decrecientes y gastos crecientes tiene que recortar su déficit en 3.000 millones de euros. Tarea prácticamente imposible a menos que aumente sus ingresos por la subida de las cotizaciones o por una transferencia de los Presupuestos que lo único que haría es desplazar el agujero de la Seguridad Social a la Administración Central.
Para evitar nuevos ajustes (al margen de la subida de impuestos del viernes), el Gobierno ha trasladado a otros grupos políticos que cuenta con el superávit de las corporaciones locales para cuadrar el déficit de 2017. Fuentes del PSOE explican que los cálculos del Ejecutivo es que los ayuntamientos mantengan un saldo positivo próximo al 0,4% del PIB, esto es, de unos 4.000 millones, aunque el objetivo sea de cerrar el año en el equilibrio (0%). De esta forma, su esfuerzo serviría para evitar ajustes mayores en otras administraciones, un argumento que está utilizando en sus conversaciones con otros partidos políticos.
Otra fuente próxima a la negociación del reparto del margen de déficit confirma que el Gobierno lleva unos años descontando que los ayuntamientos tendrán superávit, aunque tengan fijado el objetivo en el 0%. De este modo, cualquier superávit de las corporaciones locales sirve para dar margen a que el resto de administraciones incumplan sus objetivos.
El esfuerzo de los Ayuntamientos serviría para evitar ajustes mayores en otras administraciones públicas
De esta forma ha sido como el PSOE ha conseguido negociar una situación favorable para las autonomías. El Gobierno pactó con los socialistas elevar el límite de déficit de las comunidades hasta el 0,5% del PIB, esto es, cuatro décimas más de lo que tenían hasta ahora. Así, el grueso del esfuerzo para 2017 recaerá sobre el Ministerio de Hacienda y el de Empleo, pero con el comodín de los ayuntamientos a su favor.
El Ministerio de Hacienda ha sido estricto con la aplicación de la regla de gasto para las corporaciones locales, mientras que ha sido muy flexible con las autonomías o consigo mismo. Este límite al gasto no financiero ha supuesto un freno a los presupuestos de los ayuntamientos, lo que ha provocado que acumulasen depósitos de más de 14.000 millones de euros en los últimos 3 años.
El incumplimiento
España cumplirá este año con el objetivo de déficit, aunque para conseguirlo haya necesitado que la Comisión Europea diera un margen de 18.000 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que es “probable” que se quede por debajo del límite del 4,6%. Según sus estimaciones, cerrará el ejercicio con un déficit del 4,4% del PIB.
Sin embargo, para conseguirlo necesitará contar con el superávit del 0,4% que tendrán los ayuntamientos este año, según las estimaciones de la Autoridad. Sin su apoyo, el cumplimiento de los objetivos de déficit se complicaría. En primer lugar porque considera que el desfase presupuestario de las autonomías podría desviarse en 0,2 puntos del PIB, esto es, unos 2.000 millones de euros. En segundo, porque el déficit de la Administración Central podría superar en una décima al objetivo, esto es, unos 1.000 millones de euros.
Sin embargo, el superávit de los ayuntamientos está en clara tendencia decreciente. En 2014 cerraron con un ahorro del 0,53% del PIB, en 2014 se redujo hasta el 0,47% y para este año la estimación es que vuelva a reducirse hasta el 0,4%. Como su objetivo de déficit siempre es cero, cualquier superávit es mejorar su obligación, pero cuanto menor sea su ahorro, menor es el margen que deja para otras administraciones a la hora de cumplir con los objetivos fijados por Bruselas.