Una vez más, Alemania ha logrado imponer sus tesis en Bruselas. El plan que ha presentado este martes la Comisión Europea para combatir el denominado turismo de prestaciones sociales responde a las exigencias de Berlín, que quiere restringir las ayudas -en particular el subsidio por desempleo- a los ciudadanos recién llegados de otros países miembros. Los trabajadores españoles y los de los países del este que emigran para escapar de la crisis serán los principales perjudicados.

Alemania no está sola en su petición de recortar las prestaciones sociales a los europeos. Desde el primer momento ha contado con el apoyo de Reino Unido, Austria y Holanda, aunque ahora el Gobierno de Londres se queda descolgado por el brexit.

Los cuatro países alegan que sus sistemas de seguridad social (especialmente generosos en prestaciones no contributivas, como la renta básica o las ayudas a los que buscan empleo) ejercen un efecto de imán que atrae la llegada de ciudadanos de otros Estados miembros con menos subsidios, sobre todo del este y sur. Y se quejan que la legislación de la UE no les da armas para defenderse de posibles abusos, ya que prohíbe discriminar entre nacionales y europeos.

En 2013, los ministros del Interior de Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria enviaron una carta conjunta (en inglés en pdf) al Ejecutivo comunitario en la que denunciaban esta cuestión. "Las disposiciones a nivel nacional o de la UE que permiten a los recién llegados a un país miembro y que nunca han trabajado o pagado impuestos allí pedir las mismas ayudas de la seguridad social que los ciudadanos del propio país son una afrenta al sentido común y deben revisarse urgentemente", reclamaba la misiva. 

Desde entonces, el problema en estos países no ha parado de crecer por el auge de los populismos, que han convertido a los inmigrantes, también los comunitarios, en su principal chivo expiatorio. Así ha ocurrido en Reino Unido con el brexit, y eso pese a que el ex primer ministro, David Cameron, obtuvo de sus socios un freno de emergencia para las ayudas sociales como concesión para ayudarle a ganar el referéndum.

El paquete de concesiones para Londres ya no está sobre la mesa porque Reino Unido ha decidido salir de la UE. Pero Bruselas se ha visto obligada a volver a plantear recortes en las prestaciones sociales a los europeos desplazados en un intento de frenar a los populistas de cara a las elecciones que se celebran el año que viene en Holanda, Francia o Alemania. 

Sin cotizar no hay prestación

"El libre movimiento de personas no equivale a un derecho al libre acceso a los sistemas de seguridad social de los países miembros", sostiene la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, que ha presentado la iniciativa. A su juicio, el plan de Bruselas "salvaguarda el libre movimiento y protege los derechos de los ciudadanos y a la vez refuerza las herramientas para hacer frente a posibles abusos".

Dos son las principales novedades de la propuesta de la Comisión. En primer lugar, deja claro que los ciudadanos desplazados económicamente inactivos, es decir, los que no trabajan ni buscan empleo, no tienen derecho a prestaciones sociales de ningún tipo en el país de acogida. En segundo lugar, exige un periodo mínimo de tres meses de trabajo antes de que un ciudadano desplazado pueda pedir cobrar el subsidio del paro acumulado en otros países.

Según las reglas vigentes, una persona que haya trabajado 10 años en España, se mude a Francia para trabajar y pierda su empleo en una semana, tiene derecho a pedir a la seguridad social gala una prestación que tenga en cuenta sus derechos acumulados. El 41% de los desplazados trabaja menos de tres meses en el país de acogida antes de reclamar el paro. Con la reforma de Bruselas ya no será posible hasta que se cumplan estos tres meses.

Estos cambios suponen incorporar a la legislación de la UE la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE). La justicia europea ya ha dictado varios fallos que avalan que los Gobiernos denieguen prestaciones sociales a ciudadanos comunitarios. Una de las sentencias se refería precisamente a un litigio entre Alemania y una familia española. El dictamen autorizó a Berlín a excluir a los españoles de algunas ayudas no contributivas durante los tres primeros meses para garantizar la supervivencia de su sistema de seguridad social.

El Gobierno de Angela Merkel quiere ir más allá en las restricciones. En octubre anunció una reforma legal que privará a los ciudadanos de la UE sin trabajo de cualquier ayuda social durante los cinco primeros años de residencia en Alemania.

Otros países miembros, como Bélgica, han dado un paso más y decretan la expulsión de los ciudadanos comunitarios si consideran que suponen una "carga desproporcionada" para su sistema de ayudas sociales. Por ejemplo, si reciben durante más de tres meses una renta de integración social.

Desde 2011, Bélgica ha retirado el permiso de residencia a más de 7.000 ciudadanos de la UE. En los tres últimos años, los principales afectados por las expulsiones son rumanos (1.600) y españoles (535).