Vivir en Madrid tiene beneficios. Hasta 418.155 euros podría ahorrarse un contribuyente extremeño que acumule un patrimonio mayor de 15 millones de euros si se trasladase a la capital para pagar impuestos. Así se desprende de un estudio presentado este lunes por el Consejo General de Economistas, donde además se ha puesto de manifiesto que las previsiones sobre la recaudación tributaria para este año 2017 mejorarán por primera vez lo recaudado en la etapa anterior a la crisis.

El pronóstico sobre el incremento recaudatorio para el presente año se sitúa en más de 202.500 millones de euros frente a una recaudación en el año 2007 de 200.600 millones de euros. Esto supone, por primera vez desde el estallido de la crisis, una recuperación en la recaudación de impuestos. Este incremento en ingresos de debe principalmente al aumento de la recaudación por parte de los impuestos indirectos (principalmente el IVA) hasta en un 17% más que en niveles precrisis.

Sin embargo, el impuesto que más ha lastrado un posible mayor incremento en la recaudación ha sido el Impuesto de Sociedades. La bajada de ingresos por este conecto ha supuesto una merma de casi el 50% respecto al año 2007. Mientras que este año, el impuesto a las empresas logró recaudar 44.800 millones de euros, las previsiones para 2007 se quedan en tan solo 25.000 millones de euros. Al mismo tiempo, desde el Consejo General de Economistas se señala que no se volverá a esos niveles de recaudación ya que se trató de una situación especial que difícilmente se repetirá, al menos en el corto plazo.

Diferencias entre comunidades

Lo que más sigue llamando la atención en cuanto al panorama de la fiscalidad autonómica son las grandes diferencias entre los distintos territorios administrativos. Hay dos impuestos en los que existe una mayor disparidad de la carga fiscal hacia el contribuyente: el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

Hasta casi medio millón de euros podría ahorrarse aquel contribuyente que cuente con más de 15 millones de euros entre su patrimonio. Esta diferencia es el resultado del esfuerzo fiscal que debería hacer un declarante en Extremadura, la comunidad que presenta una mayor carga fiscal en concepto de Patrimonio, y en Madrid, donde el tributo a la acumulación de patrimonio está bonificado al 100%. Este hecho puede explicar por qué hasta el 60% de los declarantes con un patrimonio superior a 30 millones de euros reside en la Comunidad de Madrid.

Diferencias en la carga fiscal por Comunidades en el Impuesto de Patrimonio REAF-REGAF

Lo mismo ocurre con el Impuesto de Sucesiones. En una de las comunidades con la bonificación más alta, Canarias, el esfuerzo fiscal cuando un individuo soltero de 30 años hereda de su padre por un valor de 800.000 euros (de los cuales 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido) solo supone una cifra simbólica de 134 euros. Bajo el mismo supuesto, en Andalucía, este heredero debería de desembolsar a hacienda una cantidad que asciende hasta los 164.000 euros.

Igual de claras se presentan las diferencias cuando se habla del impuesto de Donaciones. Entre estas dos mismas comunidades, y con el mismo valor donado de 800.000 euros, el residente canario solo hará frente a un pago de 200 euros, mientras que el andaluz deberá pagar 208.000 euros. A la comunidad canaria también se suma la alta bonificación que reciben los madrileños, ya que en este caso el pago solo ascendería a 2.000 euros.

Revisión del sistema

Ante este panorama, Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas señala que “la realidad es que hay comunidades con cargas fiscales mucho más bajas y se debe moderar esa diferencia”. Al mismo tiempo, el Consejo aboga por una supresión del Impuesto de Patrimonio y por una mayor igualdad en el de Sucesiones.

Además, los datos del informe presentado por esta institución de economistas señalan que la recaudación por impuestos propios solo representa un 2,2% del total de ingresos tributarios en el año 2015. En cuanto a este bajo impacto de este tipo de impuestos, Valentín Pich, presidente del Consejo, ha indicado que “el coste legislativo de hacer impuestos no corresponde a la recaudación obtenida”.

Es por todo ello que desde el Consejo General de Economistas se ve con buenos ojos “el intento del Gobierno de acometer una revisión global de la financiación de las Comunidades", aun reconociendo que debido a las "estrecheces presupuestarias" no va a resultar fácil.