Estibadores y patronal han llegado a la reunión de este miércoles con un acuerdo conjunto que ha sido rechazado por el Gobierno: la subrogación "no se puede garantizar por ley". Esta ha sido la reclamación principal de los trabajadores de la estiba desde que comenzaron las negociaciones, pero hoy, con un documento sobre la mesa, el Ejecutivo ha vuelto a insistir en que esa petición contradice la sentencia europea. El acuerdo con el Gobierno, por tanto, sigue lejos de ser alcanzado y la reforma de la estiba en el aire. 

"Salimos estupefactos de esta reunión porque por fin estibadores y la patronal Anesco hemos llegado a un acuerdo, y el Gobierno siempre ha dicho que así saldría adelante", ha señalado el secretario general de la Coordinador de Trabajadores del Mar, Antolín Goya. "Lo único que parece posible es lo que se contemplaba Real Decreto que ya fue rechazado en el Congreso", ha explicado, insistiendo en que trabajadores y patronal "hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y la posición del Gobierno es inamovible". "¿Cómo pretenden entonces garantizar el 100% del empleo en la estiba?", se ha preguntado Goya.

La patronal, por su parte, ha lamentado que no se haya podido alcanzar un acuerdo tripartito tras "el esfuerzo" realizado por la representación de las empresas y por los sindicatos, presentando "un principio de acuerdo" conjunto, que "no ha sido respaldado" por el Gobierno. Según Anesco, este principio de acuerdo recoge "cuestiones positivas" para el sector en relación con las medidas organizativas y productivas, así como respecto a las garantías en la continuidad en el empleo de los actuales trabajadores.

"El Gobierno quiere colaborar"

Al término de la reunión, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha recalcado que el Gobierno "ha acudido con el propósito de colaborar", pero no puede admitir el documento que le han presentado patronal y sindicatos en el que "se presentan cuestiones contrarias a la sentencia". 

En este sentido, ha insistido en que el punto de garantizar el empleo de los trabajadores mediante "una disposición normativa" con rango de ley contradice al TJUE. "Nuestro deseo de cooperar es máximo, pero hay cuestiones contrarias a la sentencia y otras al sentido común", ha concluido.

La reunión de este miércoles por la tarde, que ha durado en torno a dos horas, se ha desarrollado con la presencia de los estibadores, la patronal Anesco, y el Gobierno, de la mano de sus representantes -el secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento, Julio Gómez Pomar, y el 'número dos' de Empleo, Juan Pablo Riesgo-. En medio de ellos, el que continúa siendo el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.

Este jueves, el mediador presentará una propuesta que será estudiada por los tres actores.

La UE lo ve "difícil"

La comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, ve difícil que la subrogación por ley de los trabajadores de la estiba tras la reforma del sector encaje con la normativa comunitaria.

Así se lo ha comunicado Bulc este jueves al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una carta en la que indica que los acuerdos para el mantenimiento del empleo en el sector deben circunscribirse al marco del diálogo social entre empresas y sindicatos.

Además, recuerda que cualquier acuerdo de este tipo debe cumplir "con las normas europeas y el principio de libertad de movimiento y contratación".

En cuanto a la subrogación de los estibadores y la forma en la que debería canalizarse, principal reivindicación de los trabajores y fundamental escollo para alcanzar un acuerdo, Bulc señala que si se insta por ley, dificultará la contratación de nuevos empleados.

Además, estima que dificultará posicionarse en el mercado a los nuevos centros portuarios de empleo, las firmas con forma de ETT en que se convertirán las actuales sociedades de gestión de estibadores (sageps), compañías que de facto monopolizan la estiba dado que de ellas dependen todos los estibadores y su contratación por las empresas.

En la misiva, la comisaria "anima" además al Gobierno a "continuar facilitando el diálogo entre trabajadores y empresas" sobre los aspectos labores que conlleva la reforma de la estiba que promueve el Ejecutivo, precisamente para que cumpla con la normativa comunitaria y evitar así una multa de la UE.