Los tres actores implicados en la negociación (estibadores, patronal y Gobierno) tiene de plazo hasta el martes para pronunciarse sobre la propuesta de la mediación para la reforma de la estiba. El Gobierno ya lo ha hecho. Dos horas después de recibir el texto, Fomentó adelantó que lo aceptaba, por lo que se prevé que sindicatos y patronal comuniquen antes su decisión, concretamente el lunes.

El mediador, el presidente del CES, Marcos Peña, les entregó el jueves a las tres partes en un sobre cerrado su propuesta. El texto de 16 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, supone el fin de la mediación "después de 40 días de negociación" y tras constatar que a pesar del "esfuerzo realizado" para alcanzar un acuerdo este, "globalmente no es posible", admite Peña.

Durante esos 40 días, el mediador ha convocado ocho reuniones, las primeras solo con sindicatos y patronal y, después, con la incorporación de representantes del Gobierno. En estos encuentros, cada uno de los actores se encargaron de presentar sus propuestas para la negociación.

En la última reunión, el pasado 29 de marzo, estibadores y patronal presentaron conjuntamente un principio de acuerdo. No obstante, fue rechazado por el Gobierno. "Todavía no hemos terminado de analizar la propuesta del mediador, pero queremos agradecer su papel porque nosotros sí que conseguimos llegar un acuerdo juntos", apuntan fuentes sindicales a EL ESPAÑOL.

Dar forma a unos "acuerdos mínimos"

Aunque la propuesta del mediador no puede concretar muchos de los aspectos que se han ido poniendo sobre la mesa porque pretende dar forma a unos "acuerdos mínimos" para "cimentar el resto de la negociación", sí que trata -de manera superficial en el texto- los puntos clave: la garantía del 100% del empleo, las ayudas públicas para reconvertir el sector de la estiba y la mejora de la productividad.

Si no se dan forma a esos acuerdos mínimos, insiste el texto, la negociación "corre riesgo de atasco innecesario". Para evitarlo, el mediador trata de garantizar el equilibrio entre la libertad de empresa y "los derechos sociales y los objetivos del empleo".

En este sentido, Peña señala como aspectos esenciales del acuerdo mantener el empleo de los estibadores "con el instrumento legal que se considere suficiente", contribuir a la mejora organizativa del sector "respetando la legalidad vigente" y comprometer la ayuda del Gobierno para "minimizar el daño".

En el documento, el mediador aclara en qué consistirían finalmente esas ayudas destinadas a prejubilaciones y bajas voluntarias. A ellas podrían acogerse los trabajadores a los que resten 60 meses o menos para jubilarse y consistirían en un subsidio equivalente al 70% del salario. Fomento ha cifrado en 120 millones de euros el paquete de ayudas públicas que el Gobierno está dispuesto a conceder para la reconversión del sector de la estiba destinadas a sufragar estas prejubilaciones y bajas para ajustar la plantilla de 6.150 estibadores que actualmente tienen los puertos a las necesidad del sector y su mejora de competitividad tras la reforma.

En cuanto a que la reforma facilite la continuidad en el empleo de los actuales estibadores, el mediador apunta que habría que combinar la normativa estatal con la convencional. El documento se limita a sugerir que "la formulación legal del principio de subrogación" que recoge el Estatuto de los trabajadores en su artículo 44 "se complemente y articule con fórmulas de subrogación convencional". No dice nada, por tanto, de incluirla en la ley, algo que exigen los sindicatos.

Sin embargo, Peña defiende que la aplicación de la reforma de la estiba exige una "normativa transitoria" en la que, conscientes de que se mantiene la actividad, se debe "garantizar la continuidad en el empleo". Una garantía que, añade, debe estar arropada por "el instrumento legal que se considere suficiente".

En el caso de que cuando se acabe el plazo -el martes- los actores hayan aceptado la propuesta de Peña, les corresponderá a ellos decidir las fórmulas para su puesta en marcha, las "técnicas de seguimiento" y los procedimientos de "mediación y arbitraje" para solventar las discrepancias que puedan surgir en su aplicación.