Tener un Gobierno en funciones amenaza con aumentar la factura de la deuda española en unos 5.000 millones de euros este año. El bloqueo de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Hacienda por estar en funciones podría abocar a financiar con deuda el importe de esos pagos que necesitan las autonomías para hacer frente a sus gastos.

A falta de una solución sobre cómo entregar los anticipos, la emisión de nueva deuda para que las regiones puedan cubrir sus necesidades en servicios tan básicos como la Educación o la Sanidad está sobre la mesa.

El origen del problema está en el actual sistema de financiación autonómica, caduco desde el año 2014 y no reformado a causa, también, de la situación política.

Con los Presupuestos de 2018 prorrogados este año, el Gobierno no puede actualizar las entregas a cuenta que tiene pendientes con las comunidades. Y además, al estar en funciones, no puede recurrir a un Real Decreto para repartir las cuantías que se necesitan.  

Sin embargo, las autonomías requieren de ese dinero para poder financiar sus servicios, una situación que ha abierto una batalla entre los barones autonómicos y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.

Que financie el Estado

El PP quiere que sea el Gobierno central el que financie el pago de lo que corresponda a cada una de las comunidades autónomas con créditos sin intereses. 

Por su parte, el Ministerio de Hacienda sigue estudiando "diversas fórmulas" para ver cómo podría saldar las cuentas, según explica a este periódico un portavoz oficial.

Otras fuentes consultadas por EL ESPAÑOL apuntan a que la alternativa a la propuesta del PP sería que las comunidades que tienen acceso a los mercados realicen esas emisiones de deuda. Una posibilidad que, llegado el caso, gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Baleares o Asturias podrían explorar al tener abierto el acceso a los mercados.

Mientras, en el resto de las regiones, incluidas Cataluña y la Comunidad Valenciana, la financiación tendrá que llegar sí o sí a través del Tesoro Público, al no tener aún acceso a los mercados financieros y depender de los mecanismos habilitados por el Estado para financiarse.

Precisamente tanto el Gobierno de Quim Torra, como el de Ximo Puig, ya han anunciado subidas de impuestos y recortes respectivamente. Lo han hecho amparándose, entre otros, en esos retrasos de Hacienda sin que esté claro que con el dinero sobre la mesa estén dispuestos a dar marcha atrás en esas decisiones presupuestarias.

Un modelo en cuestión

Comunidades autónomas y Gobierno central en funciones mantienen abierta una batalla desde el pasado junio debido a esas entregas a cuenta. Una situación que ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de actualizar el modelo de financiación autonómica que diseñó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha demostrado ineficaz en numerosos aspectos. 

Con el sistema actual, las CCAA se financian con impuestos compartidos con el Gobierno -IRPF, IVA e impuestos especiales, como la gasolina o el alcohol- y con impuestos cedidos por el Estado -como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) o el de Transmisiones Patrimoniales-.

Las entregas a cuenta forman parte del primer grupo de tributos. Cada año, el Estado hace una previsión de lo que estima que va a recaudar en los Presupuestos Generales del Estado. Después, en el año en curso de esos PGE, adelanta esa recaudación a las autonomías. Y por último, con las cuentas públicas cerradas, ya dos años después, Hacienda hace un cálculo entre los ingresos reales y lo que el Estado ha abonado para saldar las cuentas. De este modo, si es más el Estado abona la diferencia y si es menos, las regiones lo devuelven. 

En este caso, el dinero que reclaman los barones corresponde al año 2017 y ronda entre 4.700 y 5.000 millones de euros. País Vasco y Navarra están fuera del debate al no participar en este modelo de financiación.

Informe de la Abogacía

Para mantener el bloqueo de las entregas, Montero se ampara en un informe de la Abogacía del Estado que concluye que un Ejecutivo en funciones no puede transferir anticipos a cuenta a las comunidades por los impuestos recaudados que les corresponden.

Además de las entregas a cuenta, el Ejecutivo debe a las regiones la compensación por un ajuste puntual en el IVA que se realizó en el año 2017 y que ahora debe compensar a las autonomías con otros 2.496 millones de euros más.

Según los datos manejados por el PP, en el Presupuesto no aprobado de 2019 Hacienda incluyó fondos por importe de unos 6.680 millones de euros para las 15 CCAA que participan en el sistema.

Las cuantías se repartían entre Cataluña (1.561 millones de euros) Andalucía (1.267), Madrid (954), Comunidad Valenciana (567), Cantabria (83), Aragón (148), Castilla-La Mancha (291), Castilla y León (339), Baleares (134), Galicia (375), La Rioja (60) y Asturias (139). A esto se suman otros 1,4 y 1,1 millones respectivamente que se deben a Ceuta y Melilla.

Alivio por los intereses

El consuelo es que esta situación se produce en un momento en el que emitir deuda es muy barato. El Tesoro está colocando sus letras a 12 meses a un tipo de interés del -0,505% (lo que implica que los acreedores incluso paguen a cambio de financiar a corto plazo), mientras que emitir un bono a 10 años tiene un coste del 0,181%, esto es algo más de 1,8 millones de euros por cada 1.000 millones emitidos.

Esos bajos intereses de la deuda son, precisamente, los que están detrás del anuncio que hizo este jueves la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, de que España recortará su emisión de deuda neta (esto es, deuda nueva) este año en unos 10.000 millones de euros, hasta 20.000 millones.

Se trata de una buena noticia, pero solo relativamente, puesto que con la deuda pública en 1,21 billones de euros, cifra que representa el 98,4% del PIB, ese recorte es insuficiente para acercar el objetivo de deuda al pactado por el Gobierno con Bruselas del 95,8% del PIB.

Además, se ha producido gracias al ahorro en intereses propiciado por las políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE), dado que las reformas estructurales necesarias para poner freno al endeudamiento del Estado no se han acometido debido, entre otros, a la fragmentación parlamentaria.