La hora de las negociaciones: nueve incógnitas económicas con una crisis al acecho

El 10-N ya es historia. Y deja un panorama político aún más fragmentado en España que obligará a los partidos, y en especial al llamado a llevar la iniciativa, el PSOE de Pedro Sánchez, a emplearse a fondo en las negociaciones que se entablarán a partir de ahora. Unas negociaciones que, entre otras cuestiones, también girarán en torno a la economía, puesto que el sesgo ideológico de los posibles socios marcará tanto la marcha de los posibles acuerdos como las medidas que recibirá una economía que se está enfriando. 

En especial, serán nueve las cuestiones económicas que quedarán expuestas al tono que acabe teniendo el Ejecutivo... si es que esta vez se acaba llegando a un acuerdo para que España vuelva a tener un Gobierno con plenas funciones. 

1. Reforma laboral. La reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 ha estado presente de manera constante en la vida política española en las cuatro elecciones celebradas desde finales de 2015. En juego, la posibilidad de que fuera derogada. Ahora, en las negociaciones que volverán a plantearse, esa reforma laboral estará de nuevo sobre la mesa. El PSOE, en principio, no aspira a derogarla por completo, pero sí a prescindir de sus "aspectos más lesivos". Unidas Podemos (UP), en cambio, sí aboga por derogarla. Con un paro que aún alcanza el 14% y con el crecimiento frenándose, cualquier novedad laboral cobra una especial relevancia. 

2. Salario mínimo. En su programa, el Partido Socialista manifestaba su voluntad de seguir elevando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aumentado ya este año hasta los 900 euros. "Continuaremos aumentando el SMI, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea", recogía el documento. Será otro punto relevante en las negociaciones, principalmente si las basa en UP como socio preferente. 

3. Impuestos. Durante la campaña, Pedro Sánchez se comprometió a armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a los grandes patrimonios. En su programa también mencionaba de manera genérica que quienes tengan más capacidad económica deben contribuir más, con lo que sugería una subida de impuestos a las rentas más altas. 

4. Déficit público. España logró situar, por fin, el déficit público por debajo del 3% en 2018. Salió así del Protocolo de Déficit Excesivo que las autoridades europeas aplican a los países que superan ese umbral. Ahora bien, el déficit público seguirá siendo superior al 2% en 2019 y figurará entre los más altos de Europa, lo que disminuye cualquier margen de maniobra a la intervención pública para contrarrestar el parón económico. Y este menor margen atañe tanto al lado del gasto público, con la tentación de aumentarlo precisamente para luchar contra la desaceleración, como al de los impuestos, donde unos, como el PP o Ciudadanos, quieren bajarlos, y otros, como el PSOE o UP, proponen subidas a determinados segmentos de población o sectores empresariales. 

5. Pensiones públicas. Con la nómina de las pensiones públicas creciendo un mes tras otro -ya roza los 10.000 millones-, con la demografía y la longevidad presionando, con un déficit de la Seguridad Social todavía próximo a los 20.000 millones de euros anuales y con la propia Seguridad Social teniendo que pedir dinero prestado al Tesoro Público para poder abonar las pensiones, este asunto se antoja clave no ya para las negociaciones, sino para el conjunto de la la legislatura, si es que esta vez arranca. 

Durante la campaña electoral, y por el alto riesgo que supone meterse en el 'charco' de las pensiones, los partidos no han entrado demasiado de lleno en este asunto. Se han limitado a seguir el carril más conveniente, que no es otro que el de defender su vinculación al IPC para actualizarlas cada año. Pero la sostenibilidad y la suficiencia del sistema están en riesgo, y merecen atención y reformas urgentes, dentro del Pacto de Toledo o buscando el mayor consenso posible, sin dilación. 

6. Vivienda. El PSOE lo tenía claro en su programa: "Impulsaremos una oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes “tenedores de vivienda”, recuperando la función social de la vivienda, frenando las subidas abusivas de precios y apoyando en particular el acceso de los jóvenes, que recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta". El problema radica en cómo lograrlo, algo que, por la sensibilidad social de esta cuestión, también se abrirá paso en el apartado económico de las negociaciones. 

7. Cambio climático. El impulso al vehículo eléctrico o el creciente peso de las energías renovables en la generación eléctrica se abren paso en los programas de los partidos. La velocidad que se quiera imprimir a estas cuestiones condicionará igualmente los acuerdos, puesto que las formaciones no le dan la misma urgencia, y causará impactos en sectores tan relevantes como el automovilístico o el eléctrico. 

8. Impuesto a la banca. Otra de las banderas enarboladas durante varias de las últimas campañas. Consiste en instaurar un impuesto especial a la banca para que ese dinero contribuya a pagar las pensiones y reducir el déficit de la Seguridad Social. El PSOE, impulsor de esta medida a comienzos de 2018, la ha eliminado en su programa para el 10-N, pero UP sí la respalda. 

9. Banca pública. Unidas Podemos defiende crear una banca pública a partir de la participación mayoritaria que el Estado tiene en Bankia. Habrá que ver si este asunto tiene cabida en las negociaciones.