Cuatro facturas de 8.280 millones y otras cesiones al localismo que esconde el 'Pacto del comedor'

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias destacaron este martes lo "ilusionante" que es para ellos formar un Gobierno de coalición progresista. Para ponerlo en marcha, firmaron un preacuerdo con 10 puntos que anticipan lo que será su política económica en un contexto en el que Bruselas exige a España un ajuste en 2020 de 6.600 millones de euros. Ese preacuerdo fue bautizado como el 'Pacto del Comedor' en referencia a la sala Comedor de gala del Congreso que se utilizó para la firma.

Sin embargo, más allá de ese decálogo, la debilidad de sus 155 escaños hará que la coalición tenga que pagar en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) los apoyos recibidos para la investidura y para poder gobernar. Y para ello, tendría que prometer inversiones extra a Teruel, Cantabria, País Vasco, Galicia e incluso Cataluña, puesto que sin la abstención de Cs necesitarán la de ERC.

Aunque es prematuro cifrar el final de esa factura (incluso si la coalición saldrá adelante), sí se pueden aventurar algunos costes que tendrán que ser sufragados por los contribuyentes en la próxima legislatura en la que la desaceleración económica hará que la recaudación de Hacienda crezca menos que en años pasados.

Pensiones: 1.400 millones anuales

El voto de los pensionistas es clave para los dos partidos y de hecho, en el decálogo presentado este martes se incluye una mención expresa  a la subida de las pensiones en los próximos años ligada, se entiende, a la evolución del IPC. En el decálogo, PSOE y Unidas Podemos se comprometen a un "blindaje de las pensiones de nuestros mayores" y prometen "asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida". 

Pese a que el documento no especifica cómo se logrará este objetivo, en el borrador del plan presupuestario que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez remitió a Bruselas el pasado 15 de octubre sí cuantificó este coste en 1.404 millones de euros para el año 2019.

Con ese punto de partida, es una incógnita hasta dónde llegarán en sus aspiraciones los dos partidos. La formación de Pablo Iglesias prometía en su programa una renta mínima de 600 euros que elevaría hasta esa cuantía todas las pensiones no contributivas, entre otras medidas para la jubilación que dispararían el gasto.

Cataluña: 2.500 millones

Más allá del diálogo en el marco de la Constitución, que se promete en el decálogo para el acuerdo de Gobierno, la abstención de ERC para la investidura y los posteriores Presupuestos puede tener un coste económico. En este caso, el punto de partida serían los 2.500 millones de euros entre inversiones territoriales, mejoras en la financiación autonómica y dinero para los Mossos que Sánchez prometió a los partidos catalanes la última vez que llevó a las Cortes unos Presupuestos y fueron rechazados provocando la convocatoria de elecciones para el 28 de abril.

Sociedades: 1.776 millones

En este caso, serán las empresas con las que paguen parte el aumento del gasto social y el punto de partida fue establecido en el proyecto de PGE que tumbó el Congreso el pasado febrero. Hacienda aspiraba a recaudar 1.776 millones de euros con la imposición de un tipo mínimo para grandes empresas del 15% en el Impuesto de Sociedades (y del 18% para bancos y grupos de hidrocarburos).

Las rentas altas también están en el punto de mira de la coalición, pero es prematuro cifrar los efectos de los potenciales impuestos que se aprobarán.

Infraestructuras y competencias

Antes de llegar a las conversaciones con formaciones catalanas para lograr su abstención, la coalición entre Sánchez e Iglesias tendrá que ganarse el favor de otros partidos locales. Cuentan con 155 escaños, a los que podrían sumar otros tres de Más País (aliado de Compromís que reclama una mejor financiación autonómica para Valenci), pero seguiría siendo insuficiente para la investidura en segunda vuelta. Así el principal voto a conseguir será el del PNV (7 escaños), pero también pedirán apoyo a Teruel Existe (1), Coalición Canaria-Nueva Canaria (2), el PRC de Cantabria (1) e incluso el BNG (1).

En este punto, ya hay algunas demandas sobre la mesa, como se desprende de lo que han ido reclamando estos partidos en los últimos tiempos. Por ejemplo, el programa electoral del PNV recuerda que el País Vasco quiere las competencias penitenciarias o las que le restan por acaparar en Sanidad. Tras el ventajoso acuerdo económico que logró cerrar con el PP a cambio de su apoyo a los PGE (incluida la subida de las pensiones), ahora también exigirá medidas de carácter social como más ayudas a la dependencia. 

Pero el reparto no acabará ahí. En su programa electoral para el 28 de abril, el PRC preguntaba a sus votantes "¿cuánto vale tu voto en Madrid?" y respondía: "las circunstancias políticas actuales nos han brindado ejemplos de fuerzas políticas que incluso con solo un representante se han convertido en referencia de reivindicación".

El partido reclamará la financiación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, así como la inclusión de Cantabria en el Corredor del Atlántico con inversiones concretas para el desarrollo de un plan ferroviario. Propone también que la conexión Santander-Bilbao permita hacer este trayecto en tren en 40 minutos.

Por su parte, Teruel Existe aspira a rentabilizar su escaño con la petición de una línea de tren de altas prestaciones en el tramo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Zaragoza y Sagunto, así como la ejecución de carreteras como la A-68 (autovía del Ebro) o la A-40 (autovía entre Teruel y Cuenca). El objetivo es vertebrar las conexiones de la provincia que representa en el Congreso con tan solo 19.700 votos. 

Los partidos canarios, que acudieron juntos al 10-N, se marcarán como primer objetivo un acuerdo para el respeto íntegro de los fueros canarios y el impulso de la “Agenda Canaria”. No obstante, no está claro que la formación de Ana Oramas decida apoyar la investidura. 

El BNG no será menos y entre otros, podría exigir una reducción de los peajes, así como el traspaso de las competencias de la AP-9. También reclamará una mejor financiación con el foco puesto en los ayuntamientos gallegos y tratará de sentar las bases para una "nueva relación económica entre Galicia y Madrid". No obstante, si se logra el apoyo del resto de fuerzas, el voto de los nacionalistas gallegos no sería imprescindible para la investidura en segunda vuelta.

Coste del gasto social

El coste de los conocidos como 'viernes sociales' fueron cifrados por AIReF en 920 millones de euros. Hacer política social sin aumentar el gasto es imposible y en este sentido, en el contexto actual de desaceleración, la prioridad de Unidas Podemos es elevar ese gasto social, en especial, en materia de igualdad. Una de las medidas que está ya en marcha es la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, que ya fue cifrada cuando se anunció con un coste en tres años de 2.612 millones de euros para las arcas públicas.