El fin del Pacto de Toledo y del régimen especial: el plan para traer a España la reforma de Macron

Vistas las movilizaciones en Francia contra la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, hace falta una dosis extra de valentía para defender en España una reinvención del sistema de pensiones que acabe con viejos privilegios para garantizar su sostenibilidad. 

Sin embargo, tras diagnosticar que el sistema actual "está quebrado", lo que no significa que las pensiones no estén garantizadas en España, el profesor del IESE Business School, Javier Díaz Giménez ha elaborado una propuesta en colaboración con Julián Díaz-Saavedra para reinventar el modelo.

El documento titulado La reinvención de las pensiones españolas está en poder del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -aunque con muy pocas posibilidades de aplicarse por su alto coste político- y propone para España algunas de las ideas que han provocado las fuertes movilizaciones de París.

Entre ellas, el fin de los regímenes especiales y la "universalidad" del nuevo sistema, medidas que se sumarían a otras, como la disolución del Pacto de Toledo por "inoperante" o la creación de una Agencia de Pensiones y de un Observatorio Independiente de Pensiones que cuantifique los costes de transición al nuevo sistema.

Un régimen sin privilegios

La idea de los dos profesores de Macroeconomía parte de que el actual de sistema de reparto no funciona. Por ello, proponen un nuevo sistema que esté basado en la universalidad con un régimen único que agrupe a todos los españoles sin ninguna excepción.

Estarían así incluidos el Jefe del Estado, los políticos, los autónomos, los abogados o arquitectos que tienen sus mutuas, los empleados del hogar o los mineros... Se trata de colectivos "privilegiados por el actual sistema" a los que debería compensarse con pensiones complementarias -contenidas, por ejemplo, en sus convenios sectoriales- al margen de la pensión básica universal.

En segundo lugar, ese sistema sería estrictamente contributivo, de manera que un euro cotizado generaría un euro de derechos pensionables. Se acabaría así con la posibilidad de que algunos autónomos puedan decidir sobre sus cotizaciones, por ejemplo.

A ello se añadirían los principios de "sostenibilidad" (para blindar el sistema ante vaivenes políticos o económicos) y de "solidaridad", de manera que se garantice una pensión máxima y otra mínima. 

En este último punto, el plan introduce elementos que serían muy polémicos, como el destope de las cotizaciones o la instauración de un mecanismo actuarial para establecer pensiones en función de la edad de jubilación y la esperanza de vida. 

Eso sí, lo que mantendría el sistema propuesto es la revalorización de las pensiones con el IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

Una pensión básica

Con estas premisas, todos los españoles percibirían a la hora de jubilarse una pensión básica de reparto y otra pensión premium capitalizada, que estaría administrada por la Agencia de las Pensiones de gestión pública.

La pensión básica de reparto estaría calculada con un sistema de cuentas nocionales (cuenta individual virtual que cuantifica sus aportaciones) y el trabajador podría solicitar su pensión a modo de renta vitalicia limitada a partir de los 62 años.

Esa prestación se complementaría con una pensión premium de la que también se podrían retirar importes a partir de esa edad.

El modelo se completa con pensiones complementarias (para dar salida a las mutualidades de los citados colectivos "privilegiados") y una pensión mínima garantizada para los trabajadores que no hayan cotizado lo suficiente para percibir una renta digna.

Por último, las pensiones de incapacidad, viudedad y orfandad se financiarían a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, todo ello siempre según el citado documento.

La propuesta académica está sobre la mesa. Ahora, reconoce Díaz Giménez a este periódico, "hace falta un político que proceda de la izquierda para ponerla en marcha". Además, ese "valiente" debería ser "una figura de consenso" capaz de regenerar el pacto entre generaciones con el que se han financiado hasta ahora las pensiones en España.

El poder del pensionista

Díaz-Giménez reconoce que defender su propuesta es como "predicar en el desierto" y más en el momento actual de fragmentación política y la experiencia de Macron en Francia.

El profesor independiente parte de la premisa de que las pensiones en España "están garantizadas" porque los 8.849 millones de votos convierte a los pensionistas en el grupo social que más poder político tiene, lo que en su opinión, demuestra que se ha producido una "captura del Estado por parte de los pensionistas".

La doble caja del Estado -que por un lado financia la deuda pública con la inversión del Fondo de Reserva y por otro lado ha financiado a la Seguridad Social con créditos concedidos vía deuda que alcanzan los 36.952 millones de euros- son la garantía, para Díaz Giménez, de que el sistema seguirá contando con recursos.

"El Estado español dejará de pagar la inversión pública, la educación pública, la sanidad pública o cualquier otro programa antes que las pensiones", advierte el economista.

Para que el modelo de pensiones actual fuera realmente sostenible en el tiempo, el docente del IESE estima que sería necesario que en 2050 la edad de jubilación pase a 77 años; o que España acoja a 36,1 millones de emigrantes entre 2015 y esa fecha; o que cada española tenga ocho hijos más de los que espera el INE que tengan; o que el tipo del IVA aumente hasta el 48% en el caso de que se quiera pagar las pensiones con este impuesto.

Se trata de "remedios mágicos" que no van a funcionar y llevan a concluir a este economista que "las pensiones están quebradas". Una situación que obliga a poner sobre la mesa un nuevo modelo "creíble" y "transparente", que otros expertos, ligados a servicios de estudios de instituciones públicas o privadas no pueden poner sobre la mesa por ser políticamente incorrecto.