La Comisión Europea ha alertado este miércoles de los graves riesgos para el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas de las contrarreformas que prepara el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Podemos en materia laboral y de pensiones. Bruselas expresa además sus dudas sobre cómo se financiará el fuerte aumento del gasto público previsto en el programa gubernamental.
El Ejecutivo comunitario censura también la nueva subida del salario mínimo recién aprobada por el Gobierno por haberse realizado sin evaluar antes las consecuencias sobre el empleo del fuerte incremento del 22,3% de 2019.
Estos avisos están contenidos en la completa radiografía de 116 páginas que ha elaborado la Comisión sobre el estado de salud de la economía española y los potenciales desequilibrios que amenazan la recuperación, en particular la elevada tasa de paro y el alto nivel de deuda pública.
Bruselas avisa de que "el déficit público en España se mantiene en un nivel obstinadamente alto, ya que el nivel de impuestos es bajo en relación al gasto". El resultado es que "los riesgos para la sostenibilidad fiscal global son significativos a medio y largo plazo".
El principal de estos riesgos, prosigue el informe, es la contrarreforma de las pensiones que quiere llevar a cabo Sánchez. Una contrarreforma que según Bruselas beneficia a las personas mayores que ya tienen un nivel adecuado de ingresos en detrimento de las generaciones más jóvenes, que son las que sufren la precariedad, el paro y el riesgo de pobreza.
"En particular, los planes del Gobierno de volver a vincular de forma permanente las pensiones al índice de precios al consumo y de disociar el nivel de la pensión inicial de los cambios en la esperanza de vida (...) aumentan el gasto en pensiones de forma significativa y empeoran la equidad intergeneracional", denuncia la Comisión.
"Esto ocurre en un contexto en el que la adecuación futura de las pensiones se situará de media por encima de la de la UE y en el que la pobreza afecta sobre todo a los grupos de edad más jóvenes, incluyendo a los niños", sostiene el Ejecutivo comunitario. Si el Gobierno de Sánchez insiste en continuar por esta vía, deberá al menos aprobar "medidas compensatorias adecuadas" para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, reclama la Comisión.
Según sus cálculos, volver a ligar las pensiones al IPC supondrá un aumento del gasto en pensiones de alrededor del 4% del PIB de aquí a 2050. La supresión del factor de sostenibilidad que ajusta las prestaciones según la evolución de la esperanza de vida añadiría un incremento adicional equivalente al menos al 0,7% del PIB.
Hay que preservar los logros de la reforma laboral
En cuanto al mercado de trabajo, la Comisión destaca que la reforma laboral de Rajoy de 2012 "ha sustentado la fuerte creación de empleo durante la recuperación" y expresa muchas dudas sobre los cambios que prevén el PSOE y Podemos, como el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios sectoriales sobre los de empresa.
"Es importante que cualquier nueva medida sólo se adopte tras una evaluación cuidadosa de su posible impacto y que se preserven los logros de pasadas reformas", pide el informe.
En cuanto al salario mínimo, la Comisión critica que "volverá a aumentar en 2020, aunque el impacto sobre el empleo de la subida de 2019 todavía no se ha cuantificado". "El crecimiento del empleo empezó a desacelerarse a mediados de 2019, pero todavía no hay suficientes pruebas para determinar qué parte de esa desaceleración se debe al incremento del salario mínimo".
"Los datos de la Seguridad Social sugieren algún impacto en grupos específicos, regiones o sectores, pero se necesitan más datos para llevar a cabo una evaluación en profundidad", señala el estudio.
El nuevo incremento del 5,6% en 2020 (hasta 950 euros en 14 pagas) situará el salario mínimo en aproximadamente el 60% de los ingresos medios mensuales de un trabajador a tiempo completo. "En 2018, sólo 3 Estados miembros, con tasas de paro mucho más bajas, tenían un salario mínimo por encima de este umbral", apunta el Ejecutivo comunitario.
Dudas sobre el aumento del gasto público del Gobierno de Sánchez
En materia laboral, Bruselas destaca además que la elevada tasa de temporalidad de España (alrededor del 26%, la más alta de la UE) hunde la productividad y alimenta la desigualdad y la tasa de trabajadores pobres. "Los contratos temporales son cada vez más cortos y se usan comúnmente en sectores con poca estacionalidad. Los subsidios al empleo no son eficaces a la hora de fomentar el empleo estable", denuncia el informe.
La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social continúa disminuyendo desde el final de la crisis, pero es todavía alta, en particular para los niños. "Los problemas en el mercado laboral y el escaso impacto sobre la pobreza de las transferencias sociales dan como resultado una de las tasas más altas de la UE de riesgo de pobreza y exclusión social entre los niños", apunta la Comisión.
Por primera vez, el informe anual de Bruselas sobre el estado de las economías de los Veintisiete tiene en cuenta el impacto del clima. En este capítulo, el Ejecutivo comunitario alerta de que "España es uno de los Estados miembros más expuestos al cambio climático". "La adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resistencia ante los desastres requieren inversión (...) Al mismo tiempo, los ingresos de España por impuestos medioambientales están entre los más bajos de la UE", alerta el estudio.
Finalmente, la Comisión expresa sus dudas sobre cómo se financiará el fuerte aumento del gasto público previsto por el Gobierno de coalición en sanidad, educación o vivienda. Las medidas anunciadas por Sánchez, como la tasa Google o la tasa a las transacciones financieras, podrían no ser suficientes. Su impacto recaudatorio, señala, "todavía debe analizarse".
El Ejecutivo comunitario sugiere como alternativa una subida del IVA (o más bien la supresión de los tipos reducidos para sectores como hoteles o restaurantes) y de los impuestos medioambientales. "Hay margen para aumentar los ingresos de otros impuestos como los impuestos al consumo, los impuestos recurrentes a la propiedad o los impuestos medioambientales, con un impacto relativamente limitado en el crecimiento económico", dice el estudio.