España tendrá acceso a 4.145 millones de euros de fondos europeos de los 37.000 millones que la Comisión Europea ha propuesto poner a disposición de las capitales en el marco de la respuesta europea al brote de coronavirus para que refuercen sus sistemas sanitarios, den liquidez de las empresas en dificultades y ayuden a las personas que se queden sin empleo o vean reducido su salario.

En concreto, España dispondrá de 1.161 millones de euros de urgencia procedentes de fondos de cohesión no gastados. Con ellos, el Gobierno podrá desbloquear otros 2.984 millones de euros en fondos estructurales y de inversión, con lo que la cifra final alcanza los 4.145 millones de euros a disposición de España.

En total, la propuesta de Bruselas prevé movilizar 37.000 millones en todos los países de la Unión Europea a través de esta "iniciativa" de inversiones para mitigar el impacto económico del coronavirus. De ese dinero, 8.000 millones proceden de fondos de cohesión que no han gastado los países y que el Ejecutivo comunitario renuncia a reclamar.

La Comisión Europea platea que este dinero se utilice para reforzar los sistemas sanitarios nacionales (a través, por ejemplo, de la compra de equipos, inhaladores o mascarillas), aportar líneas de liquidez a pymes en dificultades, o compensar a personas que han perdido su trabajo o parte de su sueldo a causa del brote vírico.

España, el más beneficiado

España sería el tercer país más beneficiado de esta medida, por detrás de Polonia (7.435 millones) y Hungría (5.603 millones). Por detrás se sitúan Rumanía (3.079 millones) y Eslovaquia (2.475 millones), mientras que Italia, el país más afectado por ahora por la enfermedad, recibiría 2.318 millones).

Además, el Ejecutivo propone completar la iniciativa con otros 28.000 millones entre cantidades "remanentes" de los fondos estructurales y de inversión y contribuciones nacionales. En el caso de España, la cifra correspondiente alcanzaría los 7.086 millones.

En todo caso, se trata de una iniciativa legislativa que todavía debe ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Bruselas ha pedido a ambas partes que den su visto bueno en los próximos 15 días, con el objetivo de acelerar el desembolso de fondos.