A medida que se acerca la decisiva videocumbre del 23 de abril sobre la respuesta de la Unión Europea a la crisis del coronavirus, los diferentes Estados miembros detallan sus posiciones de partida y sus líneas rojas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defenderá en este encuentro la puesta en marcha de un fondo de reconstrucción dotado con hasta 1,5 billones de euros y que debe funcionar no con préstamos sino a base de subvenciones a los países más golpeados por el Covid-19, con el fin de no aumentar su nivel de deuda pública.

El fondo que plantea España se financiaría mediante deuda perpetua de la UE respaldada por el presupuesto plurianual. Los intereses se pagarían no con las contribuciones nacionales de los Estados miembros sino con impuestos comunitarios, como una tasa al carbono en frontera, los ingresos del sistema de comercio de emisiones o un gravamen a la rentabilidad del mercado único. El Gobierno de Sánchez pide incluso utilizar los beneficios que obtiene el Banco Central Europeo (BCE) por acuñar moneda, según se recoge en un documento para la discusión de tres páginas.

El reparto de las ayudas deberá realizarse teniendo en cuenta el impacto económico del Covid-19 mediante indicadores "claros y transparentes" como el porcentaje de población afectada, la caída del PIB o el aumento del nivel de paro. España quiere dar prioridad a los sectores más afectados por el confinamiento mundial, entre los que señala en particular al turismo y al transporte. Pero también reclama mantener el impulso en las transiciones digital y verde.

La propuesta del Gobierno de Sánchez se aleja de los 'coronabonos' con garantía conjunta y solidaria de todos los Estados miembros que han defendido hasta ahora España, Italia y Francia. Una propuesta con pocas posibilidades de salir adelante puesto que choca con la oposición férrea de Alemania, Países Bajos, Austria y Finlandia, que rechazan cualquier forma de eurobonos.

El plan de España es muy similar a las ideas con las que trabaja la Comisión de Ursula von der Leyen, que consisten en convertir el presupuesto plurianual en el "plan Marshall" que a UE necesitará para la reconstrucción. Como ha adelantado este periódico, Bruselas se plantea emitir deuda usando como garantía el presupuesto plurianual de la UE para financiar un plan de recuperación a gran escala de hasta 1,5 billones de euros, la misma cifra que maneja el Gobierno de Sánchez.

Tanto el Ejecutivo comunitario como la delegación española confían en que esta solución  intermedia, al estar basada en el presupuesto de la UE y no en las cuentas nacionales, consiga la "cuadratura del círculo" y logre el apoyo tanto de Italia y Francia por un lado como el de Alemania y Países Bajos por el otro.

Acelerar el plan de 540.000 millones del Eurogrupo

La principal diferencia es la insistencia de Madrid en que el fondo de reconstrucción se base en subvenciones y no en préstamos. Tanto a España como a Italia les preocupa que el fuerte aumento del gasto público en respuesta a la crisis dispare sus niveles de endeudamiento y acabe provocando una crisis de deuda. Estas subvenciones deberían empezar a concederse a partir del 1 de enero de 2021, coincidiendo con el inicio del presupuesto plurianual 2021-2027, y concentrarse en dos o tres años.

A la espera del fondo de reconstrucción, España reclama la rápida puesta en marcha del plan de rescate por valor de 540.000 millones de euros que ya ha aprobado el Eurogrupo. Un plan que incluye una línea de crédito de 240.000 millones del fondo de rescate (MEDE), una garantía paneuropea de 200.000 millones a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y un fondo para financiar ERTE y ayudas a autónomos por valor de 100.000 millones de euros. El Gobierno de Sánchez pide que estos instrumentos puedan ya dar ayudas como muy tarde el 1 de junio. 

Finalmente, España pide que el presupuesto plurianual de la UE tenga una dotación de al menos el 1,11% del PIB comunitario, frente al tope del 1% que defiende el 'club de los frugales' (Suecia, Dinamarca, Países Bajos y Austria). El Gobierno de Sánchez pide mantener la dotación de la política agrícola común (PAC) y de las ayudas regionales y reclama la máxima flexibilidad para garantizar que estos fondos puedan usarse de forma eficaz para impulsar la recuperación.

La delegación española sigue reclamando un presupuesto específico para la eurozona, así como un sistema europeo de reaseguro de desempleo. Finalmente, el documento reclama una armonización del impuesto de sociedades y la "erradicación" de las prácticas fiscales desleales con los socios. Una propuesta dirigida -sin mencionar a nadie- contra socios como Países Bajos, que ha criticado a España por pedir ayuda sin haber puesto antes sus cuentas en orden, y al que Bruselas señala por ayudar a las multinacionales a eludir impuestos.