El Gobierno teme una crisis aún más dura y ya se plantea recurrir al MEDE

El Gobierno reconoció este viernes que la recuperación económica no tendrá la forma de 'V' que había anunciado hasta ahora sino que será una "'V' asimétrica", lo que significa que la economía se hundirá este año y crecerá el próximo pero sin llegar a recuperar la riqueza perdida en estos meses de confinamiento.

Se trata de un escenario desolador para la economía española, pero susceptible de empeorar, según reconoce el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en la noche del jueves.

En la exposición de su cuadro macroeconómico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce que "no se descartan posibles nuevos brotes" del Covid-19, "particularmente a partir del otoño, a medida que bajen las temperaturas", lo que tendría un efecto aún más devastador sobre la economía. Ese diagnóstico coincide con el que hizo la AIReF que avaló las previsiones del Gobierno, pero alertó de un posible empeoramiento de la economía frente a lo previsto en este momento.

Cuadro de previsiones del Gobierno.

En el escenario que maneja el Gobierno como más probable -más optimista que el peor de los avanzados por el Banco de España- se establece una caída del PIB este año del 9,2% este año y un avance del 6,8% en 2020. 

Habrá que esperar al segundo trimestre de 2021 para que el PIB recupere las tasas de crecimiento trimestral que se habían previsto en febrero, antes de la llegada a España de la pandemia. Cuando acabe ese año, en 2021, el PIB estará todavía un 5,7% por debajo del nivel de riqueza que se había previsto por el Gobierno el pasado febrero. 

Factores de incertidumbre

En este contexto, el Ministerio de Economía advierte que establecer un escenario central en torno a la evolución del virus y hacer cálculos económicos "resulta extraordinariamente complejo".

"Hay varios factores sobre los que aún hay un nivel de incertidumbre considerable y que pueden afectar tanto al proceso de desescalada, como a la situación posterior. No se sabe aún el número de personas que han contraído la enfermedad, aunque en las próximas semanas, según se vayan teniendo resultados del estudio de seroprevalencia esto se aclarará. Sin embargo, aunque se conozca el número de personas con anticuerpos, aún no se sabe la duración de la inmunidad", reconoce el Gobierno a Bruselas.

De este modo, Economía confirma que existe una gran incertidumbre sobre si habrá que volver a endurecer las medidas de confinamiento ahora que España se prepara para la desescalada que permitirá reactivar poco a poco su actividad económica, aunque no en todos los sectores.

Interrogantes en la recaudación

Los datos que sí se conocen son los que muestran la caída de la recaudación estimada y el coste de algunas de las medidas que se han tenido que adoptar para paliar los efectos de esta crisis. El Gobierno prevé que sus ingresos caerán este año en 25.700 millones de euros, lo que obligará a emitir más, con lo que la deuda pública se disparará hasta el 115,5% del PIB este año.

Sin embargo, a pesar de que este pronóstico ya supone una importante caída de ingresos, la previsión podría quedarse muy, muy corta. El propio Ejecutivo ha admitido en la elaboración de estas previsiones que todo está sujeto a cambios. No es de extrañar, teniendo en cuenta que la 'hibernación' de la economía tendría efectos todavía desconocidos sobre los ingresos públicos. 

Pocos órganos se han atrevido a hacer predicciones en el campo tributario. Uno de los que sí lo ha hecho es el Consejo General de Economistas, que vaticina que la caída de ingresos va a ser mucho más elevada que la prevista por el Gobierno. En concreto, de 40.000 millones. Y ello a pesar de que, por lo pronto, no se han aprobado exoneraciones de impuestos de calado sino moratorias. 

Ayuda europea

En este contexto y pese a que gracias al bazooka del BCE la prima de riesgo está controlada, el Gobierno espera contar con recursos de la Unión Europea para poder financiar el gasto público en esta crisis tan brusca e inesperada.

Preguntadas sobre este asunto en la rueda de prensa en la que presentaron este plan, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, y la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, no descartaron que el Gobierno acabe recurriendo al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). 

No obstante, antes que recurrir a ese fondo de rescate, que sigue sujeto a un estigma y puede llevar aparejada condicionalidad a partir de determinada cuantía, el Gobierno pedirá ayuda a Bruselas a través del SURE (el seguro de desempleo europeo) con el fin de poder financiar los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que tendrán un coste para las arcas públicas este año de 17.894 millones de euros.

A la espera de que se pida esa ayuda, serán clave los comentarios que haga la Comisión Europea en las próximas semanas. El 7 de mayo presentará sus propias previsiones económicas actualizadas y el 20 de mayo formulará sus recomendaciones de política económica a todos los países de la UE.

Más impuestos

Mientras, a nivel interno, el Gobierno seguirá haciendo números para ver cómo puede cuadrar las cuentas. Cabe recordar que los cálculos de ingresos y recaudación para este 2020 siempre han estado en un brete. El Ejecutivo contaba con aprobar en tiempo 'récord' una reforma fiscal con la que esperaba lograr unos 5.600 millones adicionales este año. Sin embargo, estas aspiraciones han sido corregidas a la baja por entes reguladores como el Banco de España y la AIReF. 

Aún así Calviño y Montero no renuncian a ella ni a los principales pilares de su concepción. Recientemente, tanto Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistieron en la idea de incrementar la carga tributaria a las grandes empresas y a las clases altas, aunque parece que la idea de hacerlo a través de un impuesto exclusivo a las grandes fortunas, como habría planteado la otra pata del Ejecutivo de coalición, Unidas Podemos, está descartada. 

Nada de todo esto podrá llegar antes de 2021. Por ello, para paliar el impacto de la escasez de fondos, el Gobierno 'tirará' de acelerar la puesta en marcha de los impuestos de transacciones financieras y a determinados servicios digitales. Es decir, las tasas Tobin y Google. Con todo, su activación depende del Congreso de los Diputados y, dados los tiempos parlamentarios, hasta finales de año no se podrán activar.